Sospechas sobre crimen del párroco de Vicuña Mackenna

El abogado defensor del único imputado por el homicidio del sacerdote aseguró que “está la sospecha de la droga”. Luegos que desde la cárcel, Guillermo Arias, clamara por su inocencia, su representante legal reprochó que la Fiscalía no investiga otras hipótesis y además que cuando hay dudas sobre el accionar policial se hace difícil cambiar el curso de una causa judicial. El poder político inquieto con la evolución del caso.

Por Guillermo Geremía
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“Cuando hay una sospecha contra la policía no es sencillo dar vuelta una investigación”. El abogado defensor del único detenido por el crimen del sacerdote que conmocionó a todo el sur de Córdoba, transformó la especulación de las redes en una afirmación desplegada como estrategia judicial. Paulo Espamer patrocina a Guillermo Nicolás Arias, imputado por la violenta muerte del cura párroco Jorge “Coqui” Vaudagna, ocurrida el 27 de octubre de 2020 en Vicuña Mackenna.

“Sé bien que esto fue armado por la Policía de Mackenna”, había afirmado desde la cárcel el peón de tambo acusado de descerrajarle tres disparos a quien era el sacerdote del pueblo y director de una prestigiosa institución educativa de la localidad distante a 100 km. al sur de Río Cuarto.

El hecho delictivo ha empezado a cobrar impensadas derivaciones políticas dado que cobra cada vez más fuerza la idea de que Arias está detenido con pruebas endebles y que tanto el Poder Judicial como el político rápidamente pusieron tras la rejas a un supuesto autor para calmar las críticas de una sociedad indignada por el violenta muerta del referente social.

“Yo entiendo que se intenta buscar un responsable y no al responsable”, aseguró el letrado. El homicidio del padre “Coqui” motivó primero el cambio del jefe de la comisaría de Vicuña Mackenna y al poco tiempo el reemplazo del titular de la Unidad Departamental con asiento en Río Cuarto. El cimbronazo político que provocó el asesinato de un miembro de la iglesia católica hacía urgente la resolución del caso. Con la detención del joven tambero y su cuñado menor de edad se logró acallar la pueblada mackennense que interpeló en su cara al poder de turno, el intendente y el jefe policial.

“Las pruebas que tienen son incoherentes y me quieren acusar por algo que no hice. Voy a comprar cigarrillos al kiosco a dos cuadras de la iglesia. Voy en moto y paro antes de ir a trabajar al campo a las 9:40”, relató el único imputado. A un mes del crimen el fiscal de la causa le imputó la muerte al único detenido y su supuesto socio menor de edad. Robo calificado por uso de arma, en grado de tentativa, agravado por la participación de menor de edad, y homicidio criminis causa, en calidad de autor en concurso real, es la calificación definida por Daniel Miralles, representante del ministerio público.

El más político de todos los fiscales que actúan en Río Cuarto nunca dio explicaciones en los medios sobre el avance de la investigación y sólo se limitó a expresarse con un audio que fue reenviado por el Ministerio Público Fiscal a los distintos medios de comunicación.

Como en un almácigo fertilizado crece otra vez la sombra de una planta de perejil en los jardines del polo judicial de Río Cuarto. El caso Dalmasso con la detención del pintor Gastón Zarate es una penumbra recurrente que sobrevuela los tribunales provinciales. La gente con un ramillete de perejil se movilizó y lo rescató de la estrategia de imputarle la muerte, que aún sigue impune, de Norita en Villa Golf.

Más cercano en el tiempo está la condena del albañil de Las Albahacas por el crimen de la comerciante Claudia Muñoz. En un alegato fiscal sin precedentes, Julio Rivero argumentó contra el imputado con la idea de su responsabilidad en el delito pero después pidió su absolución por falta de pruebas. No obstante ello, el tribunal de jueces y el jurado popular lo sentenciaron igualmente. Sergio Medina fue condenado a 15 años.

Todavía resuenan en el viejo edificio de Tribunales las disculpas que le pidió un fiscal de cámara a un detenido por el crimen de una mujer en el puente ferroviario. Mantuvieron preso dos años a una persona detenida por un crimen que no había cometido.

Los fiscales han sido responsables de errores inaceptables en investigaciones judiciales. Además está demostrado que fueron y son permeables a las agenda que le imponen los investigadores de policiales de turno. Los representantes del ministerio público no conducen la investigación sino que son conducidos por los efectivos que investigan los hechos.

Rosa Sabena, madre del joven desaparecido enfrentó a medio tribunal para demostrar que la policía había protegido a quienes están condenados por hacer desaparecer a su hijo. Hace pocos días logró la sentencia contra una mujer policía que estaba más en función de los victimarios que de la víctima.

En el caso de Vicuña Mackenna, la imputación de Arias se fundamenta en una cámara que lo registra cerca de la escena del crimen, en el testimonio de la suegra que se preocupó por su hijo menor y su yerno, un testigo que primero dice ver a una persona forastera con determinadas características y luego reformula sus dichos reconociéndolo al tambero alejándose del lugar pero no en moto sino caminando.

El dermotest en el imputado resultó negativo y son sorprendentemente coincidentes los relatos de las últimas acciones de los dos acusados con lo que cuentan sus familiares siendo que tras ser detenidos estuvieron un mes aislados por los protocolos impuestos por la pandemia.

“Evidentemente esto no ha sido un robo”, asegura el abogado Espamer. Y agrega por primera vez públicamente: “Hay muchas versiones en Vicuña Mackenna que hay un tema de drogas; varias personas lo han comentado”, afirma el letrado. La sombra de un poder oculto que necesita tener tras las rejas a un “perejil” crece cada vez más en la localidad sureña y también en los tribunales riocuartenses.

Por ahora el Fiscal Miralles no tiene otra hipótesis en investigación. Nada que alimente la hipótesis de que el sacerdote conocía a quiénes y de qué manera hacían circular la droga en la localidad sureña. “Creo que la policía cerró el caso y no busca mas al verdadero responsable. Tengo miedo que sigan armando todo sobre mí y tengo mucho temor que me den cadena perpetua”, aseguró desde la cárcel el joven imputado.

El poder real sigue con atención y silencio lo que sucede con el caso, con el temor que otro capítulo social quede impune o que termine un inocente pagando con años de cárcel por un delito que no cometió. Una u otra opción sumarían un nuevo episodio vergonzoso a nuestra historia judicial reciente. Así son las cosas.