Para que vuelvan las clases hay que dar vuelta todo

El regreso a la presencialidad ya no se discute. Lo que hay que discutir ahora es la educación que viene, porque la que había está agotada.

Por Javier Boher
La necesidad de la vuelta de la presencialidad escolar ya no se discute más. Acorralados por la agitación cambiemita (que veía lo fácil que estaba ganando la discusión contra un rival que no acusaba recibo) el gobierno decidió ceder en su intransigencia sobre el tema.
Parados en ese nuevo lugar de reconocer que la virtualidad no es un sustituto de la escuela en la escuela, ahora la discusión se centrará sobre las formas que se supone debe adoptar el regreso, con una batalla por los protocolos que será difícil de librar.
Mientras la mayor parte de los gremios docentes se resiste al regreso a las aulas, el resto de la sociedad -incluida una buena porción de los votantes del FDT- pide que se recupere una actividad tanto o más esencial que los cines, los casinos y las escuelas de verano.
La presión popular, magnificada por esa caja de resonancia que pueden ser las redes sociales, terminó de acorralar a un gobierno que se ha ido anquilosando. Que haya usado su ancho de espadas -la legalización del aborto- en la primera mano, deja en claro que no le quedan muchas más cartas para jugar.
En ese contexto en el que el centralismo porteño empapó cada decisión que debían tomar las provincias y municipios, ahora el gobierno nacional deslinda responsabilidades en los órdenes subnacionales, que en muchos casos carecen de los medios para asegurar un regreso ordenado a la presencialidad.
Nicolás Trotta -uno de los ministros que ha demostrado un peor nivel de gestión durante la pandemia- aseguró ayer que no están dadas las condiciones para el regreso pleno de las clases presenciales. Sus declaraciones, a las que no les falta verdad, carecen, sin embargo, de autocrítica.
Cuando los docentes dejaron las escuelas después de diez días de clases, no se sabía de qué se trataba el covid, cuánto tiempo podíamos estar encerrados ni cómo se iba a volver a la “nueva normalidad” de la que tanto hablaban los infectólogos.
Esa incertidumbre obligó a todos los responsables de la educación a reinventarse. Hubo que aprender nuevas herramientas, pero también entender que no todos tenían acceso -material u operacional- a las mismas. Así, la virtualidad fluyó en algunos estratos, pero expulsó en otros. La brecha se amplió, aumentando la necesidad del regreso a las aulas.
Por todo eso, cuando a mediados del año pasado las autoridades aceptaron que en 2020 no se iban a retomar las clases tradicionales (decisión que demoraron meses en comunicar a los establecimientos educativos) ya se podrían haber puesto a trabajar para volver de manera segura a la presencialidad.
Como nada de lo relativo a la planificación parece estar en la agenda de los burócratas, nada se hizo para establecer protocolos que nos depositen otra vez en los colegios.
Con más de seis meses para definir prácticas de espaciamiento, ventilación, rotación o alternancia del personal y los alumnos, las únicas ideas que deben tener apuntadas hasta ahora seguramente son alcohol en gel, tapabocas y cerrar la escuela si hay un caso. ¿Alguien sabe cómo se va a lidiar con cada caso o con docentes y alumnos de riesgo? Probablemente no.
Las declaraciones de Trotta son una burla para los padres que no sólo quieren un buen futuro para sus hijos, sino también para aquellos que necesitan de la escuela como guardería para poder cumplir con sus obligaciones laborales. No todos tienen la posibilidad de pedir licencias de privilegio como tantos empleados públicos ávidos por mantener estas burdas y exageradas restricciones.
La escuela es una pieza fundamental en el entramado de la sociedad, pero lo es muy especialmente en la sociedad argentina. Trotta (un ministro de educación que nunca estuvo en el aula de un colegio) parece ignorar las necesidades de los grupos más vulnerables, no sólo de los que entran al aula sino también de los responsables de que los chicos vayan a la escuela.
La pandemia ha dejado en claro que la educación en nuestro país ya está obsoleta. Los planes y modos de estudio están desactualizados, pero además las posibilidades materiales de las familias hacen evidente el agotamiento de una forma de entender la responsabilidad del Estado en la educación.
Es imposible pensar en el regreso a una presencialidad plena cuando se trabaja en aulas containers, en escuelas sin agua ni baños o con casi 50 alumnos en un curso (aunque en Córdoba hay un cargo docente por cada 16 alumnos). Todo eso es parte de la vieja normalidad de la destrucción educativa a la que nos habíamos acostumbrado, en la que romantizamos la precariedad disfrazándola de superación. Todo eso detonó en 2020 y no puede volver a ser armado como era. Para que vuelvan las clases hay que dar vuelta todo.