“La prescripción adquisitiva administrativa”

La posibilidad del Estado de obtener bienes mediante un procedimiento administrativo.

Por Miguel Ángel Salvay

El instituto de usucapión administrativa o prescripción administrativa, reconoce como antecedente la Ley 20.396 -sancionada el 17/05/1973-. Esta ley se trasladó a las provincias mediante la Ley 21.477 -del año 1976- primero, y luego con la Ley 24.320 -en el año 1994- se sumó a los Municipios. La normativa respondió a la intensión de solucionar la situación de incertidumbre respeto de bienes que poseía el Estado que carecían de título formal.

Los fundamentos para el dictado de la Ley 24.320, teniendo en miras el informe tratado en comisión en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina, son que “se estableció un trámite administrativo especial para la regulación de los títulos jurídicos de los inmuebles del dominio privado del Estado”. Asimismo, se invocó el interés público comprometido y la finalidad de bien común, a la que se encuentran abocados dichos inmuebles en la órbita municipal, teniendo en cuenta las múltiples peticiones formuladas por muchísimos municipios y comunas en todo el país, motivos que justificaron plenamente el proyecto.1

Se trata de una herramienta de regularización dominial, que permite al Estado en sus tres niveles, regularizar aquellos TÍTULOS que a pesar del transcurso del tiempo (más de 20 años) no están saneados; es decir, bienes adquiridos por el Estado mediante posesión y sin justo título, que se mantienen registrados a nombre de particulares. Estamos en presencia de un instituto creado por Ley con un fin específico un fin social, que permite a Municipio y Comunas resolver problemas territoriales, que benefician a sus habitantes y a los sectores más vulnerados.

Esta falta de registración, impide al Estado Nacional, Provincial o Municipal invertir fondos sobre los inmuebles con el fin de mejorar la salud, educación, seguridad, infraestructura, servicios públicos, crear planes de viviendas, etc.. En consecuencia, las leyes mencionadas son una herramienta importante que permite incorporar terrenos al dominio del Estado en sus tres niveles, Nacional, Provincial y Municipal a fin de que se pueda disponer de ellos adoptando medidas efectivas tendientes a satisfacer el interés público.

La “Prescripción Adquisitiva Administrativa” debe verse y tomarse como un instrumento de gestión de suelos con miras a la satisfacción del interés general. Esta ley no solo permite el saneamiento dominial de donde se emplazan edificios públicos, sino también la regularización de tierras ociosas o abandonadas sobre la que los Municipios y Provincias ejercen derechos posesorios.

Ahora bien, a nivel local, este procedimiento de la Prescripción Adquisitiva Administrativa es desconocido e inutilizado por los Estados Municipales de la Provincia de Córdoba, ya sea por su falta de reglamentación en la esferal local o por su desconocimiento por parte de los profesionales del derecho y legisladores municipales.

La falta de regulación de los títulos de los bienes de Municipales, su respectivo saneamiento, la falta de tierras para viviendas sociales y las latentes usurpaciones en terrenos públicos y privados, es un problema actual e inminente transversal a lo largo y ancho de la Provincia de Córdoba. Es por ello que sería indispensable y fructífero, la utilización y reglamentación de la Ley 24.320 para aplicar la prescripción adquisitiva administrativa. Esto no solo permitirá la regularización dominial de los inmuebles sobre los cuales los municipios cordobeses tienen la posesión veinteñal, sino también la posibilidad de gestionar los inmuebles con fines sociales, educativos, culturales, habitacionales, etc.

Este remedio jurídico bien utilizado puede resultar vital en la Administración para sanear los títulos de los inmuebles bajo las condiciones mencionadas con el objetivo de satisfacer el interés general. Asimismo, a través de la figura se descarta la Expropiación y prescripción judicial, evitando los trámites largos y costosos de un proceso judicial, no teniendo el Estado que pagar indemnización que exige el proceso expropiatorio.

La Prescripción administrativa es una herramienta legal, útil y existente en nuestro ordenamiento jurídico que bien utilizada es capaz de dar solución al problema habitacional que existe en nuestro Territorio Provincial como así también la posibilidad de utilizar los inmuebles saneados e incorporados al dominio Municipal con el fin de satisfacer el interés público de la Comunidad.

1 Diario de Sesiones de la Cámara de Diputados de la República Argentina, 18° Reunión – Octubre 13 de 1993.

*Abogado Miguel Ángel Salvay, egresado de la Universidad Nacional de Córdoba, docente de la Universidad Nacional de Córdoba, Maestrando en Derecho Administrativo UNC, Asesor de Nacional, Provincial y Municipal, litigante.