El canje de deuda cordobés, otro factor de roce

Los sectores empresarios salieron a apoyar el acuerdo de Schiaretti con los acreedores porque aporta “certidumbre”. Cada provincia tiene una historia financiera diferente y perspectivas distintas. Todas usan los dólares del Central, como dijo Guzmán, pero cómo se consiguen esas divisas es resultado de las políticas macro.

Después de que el ministro Martín Guzmán criticara elípticamente el canje de deuda de Córdoba cuando afirmó que “de poco sirve anunciar un acuerdo que, tiempo después, no se va a poder cumplir. Eso deja un marco de incertidumbre que afecta a toda la dinámica económica de la región e implica quitarle espacio a los gobiernos, a los sectores públicos para implementar políticas públicas en pos del desarrollo”, los sectores empresarios provinciales salieron a avalar el canje de la administración de Juan Schiaretti. En paralelo, el economista Marcelo Capello del Ieral repasó que hay distritos que decidieron no reestructurar o avanzaron individualmente con sus negociaciones.

Plante que la discusión sobre cuál es la mejor forma de coordinar el endeudamiento entre Nación y provincias no es nueva. Por un lado, se abre la necesidad de un control estricto del endeudamiento de los gobiernos locales, por parte del poder central, dado que, s alguna provincia no puede cumplir con sus obligaciones, afecta negativamente el crédito del resto de las jurisdicciones, e inclusive el crédito para el poder central. En la otra visión, se sostiene que se debe dar libertad a las administraciones locales aunque sin garantías ni salvatajes.

Según ese enfoque, sería injusto e ineficiente que todas las provincias planteen pautas de negociación similares a sus acreedores, ya que sus evoluciones financieras son diferentes. En especial, debe tenerse en cuenta el stock de deuda y la capacidad para afrontarla. En el corto plazo, la capacidad para afrontarla está dada, en gran medida, por el ahorro corriente que presenta una jurisdicción, que resulta de la diferencia entre sus ingresos y erogaciones corrientes (operativas).

Así, una provincia que presenta resultado corriente positivo, con ese ahorro puede realizar inversiones y/o pagar sus servicios de deuda. Si su resultado corriente es negativo, no sólo que no tendrá recursos genuinos para invertir o pagar deudas, sino que deberá endeudarse para pagar gastos corrientes, una situación que se volverá rápidamente insostenible. Si bien podría cambiar esa situación a futuro, se trata de un proceso complejo, dadas ciertas inercias e inflexibilidades que existen a nivel fiscal.

La propuesta de reestructuración que realiza una provincia a sus acreedores, debe estar ligada a su capacidad de pago, que como se dijo está muy relacionada al stock de deuda inicial y a su capacidad de generar ahorro corriente. Existen jurisdicciones cuyo stock de deuda en títulos no supera al ahorro corriente de un año (promedio 2016 – 2019), como es el caso de CABA y Santa Fe, que por ende decidieron no reestructurar sus obligaciones. Córdoba, con una relación de 2,2 entre deuda y ahorro corriente anual, cerró un acuerdo con los acreedores con una quita a valor presente relativamente baja, de cerca del 15%. Mendoza, con una relación entre deuda y ahorro corriente de 7,2, alcanzó uno de otro tipo,

La negociación para la provincia de Buenos Aires resulta más complicada, pues su deuda resulta casi 50 veces el ahorro corriente que exhibió en promedio en los últimos cuatro años. El Ieral indica que en 2020 la distribución de los recursos fiscales nacionales giró claramente a favor de esta jurisdicción, y eso podría ayudarla a mejorar sus cuentas fiscales a futuro. De la misma manera, se debe reconocer la dificultad en años anteriores, cuando rigió el techo al Fondo del Conurbano, en que el mínimo de coparticipación a esa jurisdicción se verificó entre 2014 y 2016.

En el caso de las provincias que han mostrado déficit corriente en los últimos años (como el sector público nacional, con desequilibrio corriente desde 2014), o superávit muy exiguo, está claro que cualquier reestructuración viable requerirá mejorar sus números fiscales, generando superávit corriente, además de lograr una quita más importante sobre sus obligaciones.

Capello advierte que cuando se trata de las provincias patagónicas, tienen la ventaja de usar como garantía para los nuevos bonos las regalías petroleras y obtener mejores condiciones que lo que amerita la actual situación fiscal.

El economista admite que se necesitan ciertos lineamientos y restricciones para el endeudamiento público, reglas fiscales para los 3 niveles de gobierno, con mecanismos que aseguren su cumplimiento. Por ejemplo, prohibiendo la emisión de bonos tipo bullet por parte del sector público (todo el capital de la deuda vence el último período), por cuanto generan malos incentivos de economía política, y dado que, si en el año de pago del capital no existe acceso al financiamiento, pone en riesgo el cumplimiento de las obligaciones, aun en presencia de elevado superávit corriente en ese período.

“Por supuesto, ayudaría mucho la existencia de fondos de ahorro (anticíclicos), para afrontar los períodos recesivos de la economía y/o con escaso o nulo acceso al financiamiento, en un país muy volátil como Argentina. Pero ni el gobierno nacional ni los provinciales cuentan con tales fondos”, agrega.

Respecto que la coordinación con Nación se vincula con la necesidad de resguardar los dólares del BCRA, sugiere que hay que introducir en la discusión las condiciones por las cuales un país genera divisas, y cómo éstas quedan en manos del Banco Central: “Las provincias más productivas y exportadoras deberían preocuparse e interesarse por esta situación, realizando acuerdos para no avalar políticas con sesgo antiexportador, que suelen terminar en crisis económicas con consecuencias negativas para todas las jurisdicciones y habitantes del país, con estancamiento económico a largo plazo y variables sociales cada vez más preocupantes”.