La libertad individual, entre la anarquía médica y el terrorismo sanitario

La decisión de un juez de permitir un tratamiento con dióxido de cloro deja a la vista las consecuencias de tomar decisiones políticas que erosionan la confianza en los responsables de la salud.

Por Javier Boher
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Es difícil saber exactamente cuáles son los límites de la ignorancia. Se sabe que, de hecho, a mayor nivel de desconocimiento, menor conciencia al respecto. Así, mientras más bruto, más convencido.

La era de la informática y la hiperconectividad ha dado lugar a una nueva realidad, en la que las relaciones de autoridad no desaparecen, pero se transforman. Ya no se le cree al médico que estudió toda la carrera y la especialidad, sino a algún youtuber que tuvo una epifanía. No importa si hay bioquímicos o farmacéuticos con años y años de estudio: una persona que cultiva aromáticas en el patio de su casa nos puede contar qué bien hacen las plantas para tratar el VIH. Pasa también con el coronavirus: cualquier iluminado puede contarnos sobre decenas de tratamientos que nadie sabe muy bien de dónde sacaron.

En este mar de información se mezclan todas las aguas, desde las cristalinas aguas de la ciencia hasta las fangosas y oscuras aguas de la creencia. Siempre hay quienes ponen su granito de arena para hacer más opaca la discusión, pero la responsabilidad siempre recae sobre los que deberían sostener las posiciones de autoridad al respecto.

La proliferación de fake news (un nombre demasiado benévolo para ser que se trata de mentiras) y de posverdades (relatos tendientes a presentar otros enfoques con el fin de eliminar la realidad de que no todos son igualmente válidos) atenta contra la mismísima convivencia democrática y pone en riesgo determinados logros en materia de salud. La pandemia los ha dejado bien expuestos.

Esta semana se dio la polémica por la decisión de un juez de autorizar un tratamiento con dióxido de cloro a un paciente terminal enfermo de covid, pese a que la evidencia disponible es absolutamente irrefutable: no sólo no hace nada, sino que además es un veneno peligroso.

No hay dudas de que cada persona es libre de decidir qué tratamientos va a seguir para tratarse cualquier patología o malestar. Hasta allí la legislación es clara: la decisión de tratarse o no tratarse de tal o cual manera es decisión de quien sufre la dolencia, no de los médicos ni de los jueces.

Esto, que está bastante claro, no despeja las dudas respecto a qué pasa cuando todos saben -menos el que cree que ese tratamiento lo va a ayudar- que eso puede empeorar el cuadro. La discusión está, entonces, en qué responsabilidad le cabe a los otros involucrados en el tema.

Más allá de los médicos y el paciente, quien no tiene responsabilidad por su decisión es el juez, que suele ser incapaz de determinar la validez del tratamiento. Aunque sólo se limita a hacer valer la ley (esto es, el derecho del paciente a recibir el tratamiento que quiera) no puede estar exento de tomar decisiones más allá del consejo médico. Si hubiese pedido cianuro, ¿hubiese fallado de la misma manera?¿o sólo actuó así por desconocimiento?.

La proliferación de desinformaciones en la web o entre determinadas comunidades puede traer aparejados problemas de salud mucho mayores que los de este caso puntual, en el que sólo falleció quien recibió el tratamiento (después de que se demoró la aplicación porque los médicos de la institución se negaban a aplicarle lo que era una eutanasia tácita). El problema está en aprobar tratamientos que a la larga puedan afectar a toda la comunidad, más allá de los estrictamente involucrados.

La decisión del juez revela lo que está pasando en Argentina. En un excelente artículo que Adriana Amado escribió en La Nación, el furor por las terapias alternativas o la desconfianza en las vacunas (sin importar su procedencia) tiene que ver con que las máximas autoridades al respecto no transmiten la debida confianza.

Las idas y vueltas respecto a la vacuna rusa, la posibilidad -luego desmentida- de aplicar sólo una dosis, la larga negativa a aplicar el ibuprofeno inhalado, la falta de determinación para condenar a los promotores de terapias como el dióxido de cloro o la sensación de improvisación y falta de seriedad para definir políticas claras de vuelta a la normalidad son algunas aristas de un problema político que allana el camino a ignorantes y charlatanes de distinta calaña.

La debilidad política del gobierno mezcla lo que debería ser una prioridad del gobierno con proclamas ideologizadas sobre la libertad individual, el rol del Estado, los ritos chamánicos o la vulva de los ansarinos. En ese terreno de anarquía médica proliferan los relatos de los terroristas sanitarios, esos a los que no les importa que las consecuencias de sus actos sean pagadas por todos los ciudadanos.