Solicitada por Boudou y la anomia

La solicitada de varias figuras pidiendo la libertad del condenado Amado Boudou deja a la vista lo relativo del concepto de culpabilidad en Argentina.

Por Javier Boher
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¿Se es culpable alguna vez en Argentina? Es decir, ¿cuántas veces debe expedirse el Poder Judicial (evitemos “la justicia”) para que alguien sea considerado efectivamente responsable por haber cometido un ilícito?. Esto, que en otros países debe ser relativamente más sencillo, aquí es materia de debate permanente.

Recordemos la “Doctrina Pichetto” en el Senado, según la cual el ex presidente Menem podía ser senador porque no tenía condena firme sobre el asunto. No es que no la tuviera, porque sí existe: hace siete años fue declarado culpable por el tráfico de armas y hace dos por la venta del predio de la Rural. Sin embargo, como todavía hay recursos interpuestos al respecto, los senadores entienden que la condena aún no es tal.

Ese tipo de jugarretas (muy oportunas para pagar favores o hacer valer lealtades) son nocivas para todo el concepto de justicia. Si no se cree en la posibilidad de tener que pagar por los actos reñidos con la legalidad, ¿qué incentivos quedan para mantener las propias acciones dentro de los límites de las leyes?.

Boudou

Todo esto va en línea con la interna del Frente de Todos por la cual presionan al presidente con una solicitada a favor del ex vicepresidente Amado Boudou. Los firmantes de la misma entienden que el condenado es inocente y que está pagando una condena por cuestiones políticas, no legales.

Poco parece importarles que la decisión se ha ratificado en todas las instancias posibles. La única forma de dudar al respecto es si se encara el proceso desde la ideología, ya que de existir el mínimo recoveco para absolverlo ya se hubiese aprovechado.

Boudou es probablemente el mayor símbolo de la corrupción del kirchnerismo -más allá de la expresidenta- y la voluntad de liberarlo de la condena debe entenderse más como una voluntad política de demostrar que el kirchnerismo todo lo puede. No importan las normas, la presión social o el intento de maquillar el desfalco entregando ocasionalmente a alguno. Con un convencimiento casi militar, no se deja a nadie atrás.

Esa solicitada fue firmada por gran parte del arco progresista latinoamericano, entre los que se cuentan distinguidos políticos que han sabido usufructuar esa etiqueta a su debido tiempo. Tal vez por eso nunca está de más recordar la ingeniosa caracterización que Mr. Bugman ha hecho sobre el término: progresista es a progreso lo que carterista a cartera.

Muchos de los integrantes de esa lista deben rendir cuentas -o están evitando hacerlo- con la justicia de cada uno de sus países. Todos eligen creerse perseguidos por cuestiones ideológicas, cuando la realidad es mucho menos romántica: acusados por corrupción en algunos escándalos de lo más resonantes, no hay luchas por ideales ultraterrenos, sino bajezas bastante más banales.

Si ni siquiera se puede pedir por la prisión efectiva para un personaje que hizo uso y abuso de los privilegios de su posición, que trató de quedarse con la fábrica de billetes, que transgredió sistemáticamente los preceptos que decía defender su espacio, que mintió en sus declaraciones y evadió las obligaciones comunes a cualquier ciudadano, ¿qué le queda al común de los mortales?.

La justificación que el funcionalismo sociológico le da al fenómeno de la desviación es bastante simple. Parte de la premisa de que no existen sociedades sin desviaciones, aunque éstas puedan variar de tipo y grado. Lo verdaderamente importante es la respuesta que se le da a las mismas, porque de eso depende que se clarifiquen las barreras morales, se defina una línea clara entre lo que está bien y lo que está mal o se genere una unidad social en la respuesta a la vejación.

La cuarta función es la de dar lugar al cambio social, si los desviados persisten en su actitud anormal (entendida como infrecuente) frente a lo que la sociedad exige. Así se pueden entender la legalización del aborto, del matrimonio igualitario o de la libertad de culto.

Sin embargo, ese último criterio no demanda que sea necesariamente algo positivo: la persistencia kirchnerista por relativizar los delitos de Amado Boudou puede generar que la nueva moralidad -en tiempos de anomia- no considere de gravedad la larga ristra de delitos que se asocian al exfuncionario.

Ninguna sociedad puede prosperar en ese clima de relativismo extremo y falta de normas claras. No hace falta que estas últimas sean universales o restrictivas, pero sí que no haya dudas sobre ellas, para que funcionen adecuadamente como incentivos al ordenamiento de la sociedad.

Así, si lo de Boudou no es más que una cuestión de persecución política, ¿por qué no podría atarse a las mismas excusas cualquier funcionario que decida vulnerar el mandato que recibió de la ciudadanía? Si la culpabilidad va a depender de un concurso de popularidad o una solicitada con nombres ilustres como pie de página, ¿alguna vez en Argentina algún político va a ser culpable de sus actos?.