Recortes salariales en épocas de pandemia

Recientemente, la Excma. Cámara Contencioso Administrativa de 3A Nominación de la Ciudad de Córdoba, sentenció como valida y legal la posibilidad que tiene la Administración de dictar medidas de recorte salarial en épocas de crisis económicas y sociales.

Por Miguel Ángel Salvay *

Recientemente, la Excma. Cámara Contencioso Administrativa de 3A Nominación de la Ciudad de Córdoba, sentenció como valida y legal la posibilidad que tiene la Administración de dictar medidas de recorte salarial en épocas de crisis económicas y sociales – como la que estamos atravesando con motivo del COVID19 – tendientes a salvaguardar el bien común, dentro del marco de la razonabilidad y de la interdicción de la arbitrariedad. Se dio mas precisamente en la causa “ZEBALLOS XIMENA C/ MUNICIPALIDAD DE SAN ANTONIO DE ARREDONDO – AMPARO (LEY 4915) – Expte. 9249869”.

La Pandemia sin precedentes que azota al mundo entero con motivo del COVID19, la cual ha producido una caída sin precedentes en la economía – provocando un merma notable y latente en la evolución de los ingresos de las administraciones Provinciales y Municipales de nuestro País, llevó a tomar medidas de tinte económicas y sociales, como son los recortes salariales de personas vinculadas a la Administración, en aras de propender a la sustentabilidad de las finanzas con el objeto de alivianar la carga al Estado que en el marco de la pandemia debe asistir económicamente a los sectores más vulnerables de la sociedad, con el fin de proteger el interés público municipal. La administración cuenta con prerrogativas exorbitantes propias del régimen ius administrativo que le permiten, a fin de satisfacer en la mejor forma el interés público, introducir modificaciones en los contratos, siempre que ellas sean razonables y no signifiquen una alteración sustancial de sus condiciones.

El fallo dictado en el Tribunal Cordobés, es unos más junto con el de “Guida, Liliana c. Poder Ejecutivo Nacional – 02/06/2000” (CSJN), de los escasos precedentes judiciales donde se justifica el recorte remunerativo en razón de situaciones excepcionales de emergencia como la que estamos atravesando.

La decisión de la Cámara Contencioso Administrativa de 3A Nominación de la ciudad de Córdoba, la cual se encuentra firme, resolvió no hacer lugar al amparo interpuesto, entendiendo que la Resolución atacada constituye una medida razonable con miras al interés general, en el particular contexto derivado de la pandemia.

En sus fundamentos la Excma. Cámara determinó que, a los fines de resolver, no puede soslayarse el excepcional contexto factico en el que ha sido dictada la Resolución atacada. La pandemia desatada en razón del COVID19, ha impactado en forma extraordinariamente grave a nivel mundial, no sólo en el aspecto estrictamente sanitario, con una cantidad inconmensurable de contagiados en todos los rincones del planeta, que ha dejado un sinnúmero de personas fallecidas a causa de la enfermedad; sino que, las medidas que necesariamente debieron adoptarse a los fines de contener y limitar la propagación del virus llevaron a una crisis económica social que aún subsiste y cuyos efectos y consecuencias lejos están de poder determinarse.

Asimismo, el Tribunal entendió que los Gobierno de todas las jurisdicciones se encontraron con el desafío de pilotear esta tormenta, y si de por sí, los recurso son escasos para satisfacer en situaciones normales todos los requerimientos sociales de la población a su cardo; frente a la crisis económica desatada en virtud del resentimiento de las actividades comerciales, industriales y de servicios del sector privado y el impacto sobre la actividad laboral; necesariamente, aumenta el requerimiento de asistencia social, mientas que disminuyen los ingresos públicos.

Frente a un panorama excepcional, notorio, ante la crisis sanitaria global que apareja y aparejó el COVID19, que ocasionó un derrumbe mundial de la economía, donde países como el nuestro no se encontró exento, tal como lo estableció el Tribunal, se encuentran razonables y justificadas medidas extraordinarias de recorte salariales como las adoptadas en el caso sometido al presente.

En definitiva, frente a un panorama excepcional, que implicó la toma de decisiones por parte de todos los poderes del Estado y en todos sus niveles (Nación, Provincia y Municipios), la resolución atacada, luce totalmente razonable, cuando la principal finalidad de todas las acciones de gobierno ha sido el resguardo del interés público. No estamos frente a una restricción a derechos adquiridos, y aun cuando así se entendiera, en épocas de excepción como la que vivimos, es necesario imponer restricciones con el fin de asegurar el bien común.

 

*Abogado Miguel Ángel Salvay, egresado de la Universidad Na-cional de Córdoba, docente de la Universidad Nacional de Córdoba, Maestrando en Derecho Adminis-trativo UNC, Asesor de Nacional, Provincial y Municipal, litigante.