Cerro Azul: La Cámara se abstuvo y la nueva gestión suma apoyos

Por Bettina Marengo

La Cámara Contencioso Administrativa N°1 de Córdoba se declaró incompetente en el conflicto de la localidad de Cerro Azul por la suspensión del intendente Andrés Data dispuesta por la comisión comunal de la Villa, y envió el caso al Tribunal Superior de Justicia, en una resolución que se emitió ayer y que aún no está firme.

Según lo firmado por la jueza Gabriela Adriana Cáceres, vocal de la Cámara, se trata de “un conflicto interno de la comuna de Cerro Azul, suscitado en el seno de sus órganos de gobierno”, con lo que evitó pronunciarse sobre el recurso de amparo que había presentado Data y su abogado Daniel Arnaudo, del estudio del letrado Félix López Amaya.

El virtual expresidente comunal, fichado por Hacemos por Córdoba, fue apartado de su cargo hasta la finalización del mandato porque posteó en redes sociales fotos de los genocidas Jorge Rafael Videla y Adolfo Hitler, en medio de una tensión social por el uso del suelo en la pequeña localidad de Sierras Chicas.

La asamblea vecinal designó en su reemplazo a quien era tesorera, a María Laura Wehrli, también de Hacemos por Córdoba, y como tesorera a Natalia Di Pace, de Unión Vecinal, nombre casi genérico para un espacio donde confluyen dirigentes progresistas.

Se descuenta que los abogados de Data apelarán la medida de la Cámara. Para el asesor letrado de la comuna, Eduardo Fleurent, no hay “conflicto interno” ni “problemas de funcionamiento” en la vida institucional de la localidad, en tanto “está funcionando normalmente”.

El caso conmovió a la localidad por sus características negacionistas, y rápidamente repercutió en el Panal y en espacios vinculados al gobierno nacional, que brindaron apoyo a la decisión de la comuna y a las nuevas autoridades. La suspensión por seis meses a la legisladora radical Patricia De Ferrari, que había pedido “Falcon verdes” para el dirigente social Juan Grabois jugó como antecedente.

Aunque Data bajó las imágenes y pidió disculpas en sus redes sociales por las imágenes de los genocidas, el proceso de remoción avanzó, y de hecho sus disculpas fueron tomadas como una admisión.

No solo el oficialismo provincial, en la figura del ministro de Gobierno, Facundo Torres, y del bloque de Hacemos por Córdoba, salió a bancar el proceso de suspensión. En los últimos días, Wehrli y la flamante tesorera Di Pace recibieron el respaldo del legislador provincial Carlos Presas, uno de los referentes del departamento Colón del senador Carlos Caserio, y de funcionarios nacionales.

En vísperas de Navidad, Presas y el dirigente Federico Nanzer acompañaron a las nuevas autoridades en la inauguración de la temporada y la iluminación de la costanera de la Villa, en una demostración de apoyo a un “cogobierno” Hacemos por Córdoba-Unión Vecinal, que les permita proyectar políticamente desde allí. “Esta nueva gestión producto de la movilización social y de la perspectiva en unidad de sus fuerzas populares, se lanza, haciendo lo que hay que hacer”, escribió en Facebook el funcionario nacional.

Data, por su parte, no tiene aliados en el PJ, y en los corrillos del Panal aseguran que Torres le soltó la mano “hace rato” por supuestas irregularidades en torno a su gestión. De hecho, ya suspendido, el dirigente se mostró en actividad política con otros funcionarios del departamento Colon, varios con pasado juecista.

Mientras tanto, sus abogados ponen las fichas en la denuncia penal que inicio contra las nuevas autoridades de la comuna, por supuesta usurpación de cargo, causa que está radicada en el juzgado de la ciudad de Jesús María.