Rebelión bolichera

Por Pablo Esteban Dávila

El COE vive, por estas horas, un momento aciago. Al disponer que no habrá boliches hasta el 31 de
marzo (es decir, durante todas las vacaciones) se ha comprado un disgusto de proporciones que,
lógicamente, afectarán al propio gobierno provincial.

El COE vive, por estas horas, un momento aciago. Al disponer que no habrá boliches hasta el 31 de marzo (es decir, durante todas las vacaciones) se ha comprado un disgusto de proporciones que, lógicamente, afectarán al propio gobierno provincial.

La interdicción ha tenido el efecto de soliviantar a muchos intendentes del interior y a los bolicheros agrupados en la Cámara Empresaria de Discotecas y Afines de Córdoba (Cedyaco). El argumento de unos y otros es simple: si no se los habilita, las fiestas clandestinas pulularán por todos lados sin que nadie pueda hacer gran cosa por evitarlas. Los contagios masivos, que constituyen la piedra angular de la disposición del COE, se producirán de todas maneras y en forma absolutamente descontrolada, toda vez que a los organizadores de tales eventos les importa poco o nada los protocolos sanitarios.

Las autoridades han respondido que simplemente se limitan a aplicar un decreto del Poder Ejecutivo nacional, y que en nada han innovado al respecto. Los bolicheros contraatacan diciendo que aquel DNU “es permeable, porque en Buenos Aires habilitaron bingos (y) en Córdoba, teatros” preguntando, retóricamente, de quienes serán los muertos que se produzcan por no dejarlos reabrir las puertas de sus establecimientos. Es una respuesta fuerte de empresarios que, se imaginan, hace rato que están con el agua al cuello.

Los argumentos en favor de la reapertura de la diversión nocturna oficial son atendibles. Es obvio que, aunque los boliches continúen cerrados, esto no impedirá que haya fiestas alternativas, especialmente en estas épocas. Basta comprobar lo que ha sucedido prácticamente en todos lados desde que regresó el calor. Los jóvenes se juntan en casas, predios más o menos ignotos o en campos privados para bailar, tomar algo o relacionarse sin ningún cuidado. Y esto continuará así pese a las prohibiciones en vigor.

Semejante dinámica encierra otro problema, quizá mayor. La policía no podrá hacer nada para desarticularla. La desobediencia es, sencillamente, abrumadora. Además, con la retahíla de delitos que se viven en buena parte de la provincia, la ciudadanía espera de las fuerzas del orden público algo más que irrumpir en reuniones multitudinarias para dispersarlas. Estas son, por lejos, más inofensivas que los delincuentes que se mueven impunemente por doquier.

Tal comprobación preocupa sobremanera a los intendentes, quienes deben velar por la paz dentro de sus jurisdicciones. Muchos quieren acabar con la actual ficción privativa y blanquear, del mejor modo que se pueda, lo que inexorablemente ocurre. Este afán no sólo pretende reconocer lo obvio sino que, por añadidura, intenta lograr que los municipios puedan zafar de tareas para las cuales no tienen ni recursos ni personal suficiente. Es altamente probable que, detrás de sus protestas, se encuentren también los policías destacados en sus ciudades, quienes deben optar, en forma creciente, por combatir a los delincuentes o reprimir a los fiesteros.

El gran problema de unos y otros es que todos tienen razón. El COE acierta en pronosticar mayores contagios si se abren los boliches, y los intendentes en denunciar que, no obstante las restricciones en curso, habrá encuentros ilegales imposibles de desmantelar. Es aquí cuando se ingresa en el terreno de lo ficcional. Los funcionarios que velan por la salud duermen tranquilos porque han dicho que no se puede, y los intendentes hacen de cuenta de que lo que sucede ante sus narices no está aconteciendo porque no está autorizado. La policía, finalmente, intentará no enterarse de las rebeliones festivas que se generan todas las noches.

Es una situación desconcertante, pero el mensaje de la provincia por ahora ha sido taxativo. Esto ha quedado claro para el lord mayor de Río Tercero, Marcos Ferrer, quien tuvo la audacia de autorizar la apertura de los boliches de su ciudad el pasado 2 de diciembre solo para comprobar, con inocultable fastidio, que de inmediato se le exigía dar marcha atrás desde el Centro Cívico. No son pocos los colegas que le han manifestado su solidaridad. Si la iniciativa riotercerence hubiera tenido éxito, habría tenido el mérito de descomprimir una situación que hace agua por todos lados.

Existe también otro motivo que solivianta los ánimos de los mandatarios de tierra adentro. Los festejos de navidad y de año nuevo han sido, tradicionalmente, el pretexto de clubes, asociaciones de bomberos voluntarios o instituciones locales para organizar festejos multitudinarios con las cuales galvanizar el espíritu de sus socios y recaudar algún dinero. Pero esto tampoco es posible ahora, y las presiones sobre los municipios para que hagan algo al respecto son inocultables. Va de suyo que a ningún intendente le gusta quedar mal con las fuerzas vivas del lugar ni con sus asociados.

Siempre es posible que el COE (o el gobernador, dependiendo la gravedad del planteo) recoja el barrilete y llame a las partes a conversar. Sucedió con los espectáculos públicos, puede suceder con los boliches. Es parte del juego democrático, aun dentro de una grave crisis sanitaria. Sin embargo, la navidad ya está encima y el año nuevo no le pierde pisada. ¿Habrá tiempo para rever la decisión antes de que ambas festividades pasen de largo? ¿O se conformarán los sectores agraviados con trabajar durante el verano? El hilo es cada vez más delgado y, para sumar más leña al fuego, todo indica que las curvas amesetadas de muertes y contagios han regresado a su tendencia alcista, con el pánico que tal cosa produce entre los gobernantes. Mientras tanto, la rebelión bolichera no ha hecho otra cosa que comenzar.