La difícil tarea de vivir en un país sin números

La falta de datos públicos confiables dificulta la toma de decisiones de los gobernados y de los gobernantes, que confían en las ventajas políticas de mantener todo oculto en su caja negra.

Por Javier Boher
javiboher@gmail.com

Es difícil asegurarlo, pero probablemente las materias vinculadas a la matemática sean las más resistidas en la escuela. Aunque hay gente que las adora, si elaboráramos un ránking probablemente las veríamos disputándose el fondo de la tabla. Quizás algo de eso haya en las barbaridades que se ven entre los políticos cuando llega la hora de ver los números.
Los datos objetivos (es decir, indicadores o cifras que se sabe de dónde salen, o sobre las que hay acceso a las fuentes para poder investigar con el material crudo) son prácticamente inexistentes en un país en el que hay una obligación tácita de militar hasta el color de los sifones de soda. Parte del pensamiento anumérico y anticientífico se cuela por ahí.
Ese problema se agrava cuando además no se percibe como si lo fuera. A cada objeción sobre los números le siguen dos respuestas posibles: “con el otro era peor” o “¿qué intereses tiene esa consultora?”, producto de que se debe recurrir a estudios privados por la reticencia estatal a proveer datos fiables.
Esa lucha por los números se traslada a todos los ámbitos de la política, en un país en el que la hiperpolitización hace que repercuta en todos los órdenes de la vida. ¿Cómo se pueden tomar decisiones a mediano y largo plazo si no se puede interpretar adecuadamente el contexto?.
Durante años tuvimos inflaciones paralelas, estimaciones privadas de pobreza -porque hacerlas desde el Estado era estigmatizar- o indicadores de desocupación que no consideraban a los que no trabajaban porque cobraban planes. Hoy también vemos una decena de tipos de cambio que dificultan la toma de decisiones. Es imposible.
Las discusiones en torno a la nueva fórmula de movilidad jubilatoria son un fiel reflejo de este mal tan argentino. Los elementos elegidos para el cálculo de los aumentos son motivo de discusión, ya que el cálculo de la fórmula depende -a su vez- de otros cálculos que hacen más difuso el origen de los datos.
En sus argumentos a favor de la nueva fórmula, el oficialismo nacional hace cuentas vinculadas a períodos que nada tienen que ver con lo que viene por delante, de modo de poder acusar al anterior gobierno. Los miembros de la oposición, a su vez, reivindican la anterior fórmula, que hoy daría mejor que la que se quiere votar, pero que se aprobó para limitar la suba de las jubilaciones en su turno de gobierno.
A fin de cuentas, con el caso de las jubilaciones, nadie sabe muy bien de cuánto son los aumentos, de cuánto podrían ser o de qué variables políticas van a depender. La única certeza en un país que no tiene datos es que los jubilados verán achicarse sus jubilaciones, en un país en el que ya hace años han dejado de tener correlación con los salarios de los trabajadores activos.
La cantidad de ítems no remunerativos en los recibos de sueldo, sumado a que las jubilaciones aumentan por un camino distinto al de cada ramo de actividad sindical, hace que los pasivos se acerquen cada vez más a la mínima en lugar de preservar medianamente su poder adquisitivo. ¿Para qué aportar toda la vida a un sistema que no va a devolver algo que tenga que ver con lo que se puso, sino con lo que puede poner?.
La negativa a basar las decisiones en datos y cifras creíbles repercute mucho más profundamente de lo que se cree. Deslegitima la política ante los ciudadanos y al país frente al resto del mundo. La clase dirigente se cree con el privilegio de manejar la cosa pública como algo propio, escondiendo los números para mantenerla al margen de los ciudadanos. Lamentablemente, bastante éxito ha tenido en esa cruzada.