Córdoba sigue trabada en el acuerdo por la deuda

Por Gabriela Origlia 

La negociación de la deuda de US$ 1700 millones al gobernador Juan Schiaretti le está resultando más dura que lo esperado. Hay un nuevo comunicado del Grupo Ad Hoc de Tenedores de Bonos de la Provincia de Córdoba que repasa que el pasado 10 la administración no realizó el pago programado de intereses sobre sus bonos al 7,125% con vencimiento en 2021 y advierte que es “la primera vez que la Provincia incumple sus obligaciones financieras internacionales”.

Con este comunicado rechazaron la cuarta propuesta de la Provincia en la que el Gobierno había fijado el 28 de diciembre como plazo máximo para que los bonistas adhirieran. Después del incumplimiento del pago de los intereses, la administración tiene 30 días de gracia -hasta el 10 de enero- para negociar y evitar que se consolide el default.

El grupo –que reúne a la mitad de los tenedores de bonos; para acordar se requiere el acompañamiento del 66%- señala que es “evidente” que la decisión de no realizar el pago del bono internacional el jueves pasado fue “una cuestión de elección y no de necesidad”. En el comunicado indican que el presupuesto provincial 2021, publicado recientemente, “deja en claro que la Provincia tiene una amplia capacidad para pagar a todos sus acreedores, incluyendo los tenedores de bonos internacionales, sin dejar de tener un superávit saludable”.

En junio la Unicameral aprobó que se inicien las gestiones de renegociación, no la toma de nuevos recursos. La tasa y los plazos se definirán con los acreedores. Los compromisos más importantes son en 2021; los de este año estaban previsionados según había indicado Economía pero así y todo se decidió no pagar los intereses hace unos días.

Córdoba tiene cuatro títulos en dólares que entran en el canje con tasas anuales que van entre el 7,12 por ciento y el 7,45 por ciento. Ni la nueva tasa ni los plazos quedaron definidos en la ley de autorización de la Unicameral porque dependen del avance de las conversaciones con los acreedores. En las últimas ofertas mejoró los plazos de pago.

“El Grupo ha comunicado previamente a la Provincia su voluntad de considerar ajustes a los términos de la deuda que proporcionarán un alivio adecuado a corto plazo para reforzar la capacidad de la Provincia de redirigir las prioridades de gasto para abordar los desafíos presentados por la pandemia de COVID-19”, agrega el comunicado de los acreedores e indica que sigue dispuesto a proporcionar ese tipo de “acomodación” que, en su opinión, presenta “un enfoque superior a la confrontación con los inversores que han apoyado los programas de inversión de la Provincia durante muchos años”.

En los próximos días vencen bonos de Buenos Aires, Salta, Chubut y Chaco, todas provincias en proceso de reperfilamiento. A fines de noviembre los acreedores privados de las provincias argentinas, con títulos por más de 3000 millones de dólares, se agruparon para forzarlas a llegar a un acuerdo que las lleve a salir del default y se quejaron de la “interferencia” del gobierno nacional en este sentido.

También la Coalición de Bonistas de Provincias Argentinas (CBPA) emitió un comunicado en el que subrayó su preocupación porque la oportunidad “de alcanzar políticas responsables que aseguren el acceso al mercado de capitales en el mediano y largo plazo para apoyar las necesidades de inversión de las provincias está siendo frustrada por una visión política de corto plazo y un indiscriminado repudio a los contratos vigentes entre las provincias y sus acreedores”.

“En respuesta a estos acontecimientos, la CBPA siente necesario publicar principios básicos que gobiernen cualquier reestructuración de deuda provincial” indicaron y apuntaron: los incumplimientos y reestructuraciones imponen costos de largo plazo y consecuencias negativas para las provincias y sus economías, y solo deberían ocurrir en casos extremos; las reestructuraciones oportunistas de deudas sostenibles son inaceptables y deberían ser rechazadas por todas las partes. Tal proceder no es en beneficio de las provincias con deuda, ya que el perder acceso a los mercados de capitales tiene costos de largo plazo.

También las reestructuraciones de deuda, de ser necesarias, se tienen que dar en un contexto de transparencia y de negociación de buena fe y deben estar libres de injustificadas interferencias de terceros, incluyendo al gobierno nacional.