Días claves para que se apruebe la nueva fórmula previsional

El gasto previsional crece sostenidamente debido al envejecimiento y a las malas políticas previsionales. Los cambios en la regla de movilidad no solucionan este problema. Lo que hace falta es un ordenamiento integral de las reglas previsionales para darle al sistema sustentabilidad con mayor equidad.

Diputados suma y resta para que den los números para aprobar la nueva fórmula de movilidad previsional; los cuatro legisladores que responden al gobernador Juan Schiaretti volverán a tener un rol fundamental porque los lavagnistas piden un piso de actualización vinculado a la canasta básica, propuesta que fue rechazada.

La regla que este Gobierno suspendió establecía que los ajustes en los haberes previsionales seguirían el mix de 70% inflación y 30% salarios, la nueva retoma el esquema anterior que ajustaba 50% según salarios y 50% según recursos tributarios de la Anses con un tope de aumento de los recursos totales más un tres por ciento. ¿Mejor o peor? Dependerá de si los recursos totales del organismo suben por encima o por debajo de la inflación.

Esa fórmula fue modificada por el macrismo por considerar que implicaba aumentos del gasto previsional por encima de las posibilidades de las finanzas públicas. Ahora, con el argumento de darle sustentabilidad al sistema se vuelve, previo haber pasado un año con ajustes definidos discrecionalmente, al esquema que se cambió porque era no sustentable.

La consultora Idesa elaboró cálculos para establecer si la regla de movilidad puede o no garantizar la sustentabilidad del sistema. Según datos del Ministerio de Economía se observa que en la década de los ’90 el gasto previsional nacional era de 7,3% del PBI; entre 2002 y el 2008, en un marco de alta inflación y sin regla de movilidad, bajó a cinco por ciento del PBI. Entre 2009 y 2019, también con alta inflación pero con regla de movilidad, fue de ocho por ciento llegando al nueve por ciento en el 2019.

Estos datos, según la consultora, muestran que el gasto previsional no depende de la regla de movilidad. Es cierto, dice, que “manipulando” los aumentos se pueden logran licuaciones en los haberes como ocurrió entre 2002 y 2008 y, en menor medida, este año. Pero licuar el gasto previsional negando la movilidad implica diferir los problemas porque genera alta litigiosidad.

Para Idesa mucho más decisivo en la dinámica del gasto previsional son el envejecimiento de la población y las malas políticas previsionales entre las que destaca las moratorias a través de las cuales se repartieron indiscriminadamente 3,6 millones de jubilaciones sin aportes. “Un derivado de esta mala decisión es la creciente incidencia de personas que cobran doble beneficio (jubilación más pensión)”, agrega.

La sostenibilidad del sistema, subraya, no se va a lograr cambiando la fórmula de movilidad sino impulsando un ordenamiento integral que aborde cinco puntos fundamentales: tender a igualar los requisitos de acceso al régimen general fijado en 65 años de edad y 30 aportes; ajustar a futuro estos requisitos gradualmente con el envejecimiento de la población; cerrar las moratorias y dejar como único beneficio de protección a las personas que llegan a la edad de jubilación sin aportes a la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM); s limitar la posibilidad de acumular beneficios (jubilación más pensión) y tender a armonizar todos los regímenes especiales al régimen general.

“La política previsional genera impúdicos cambios de roles en la clase política. Cuando se ocupa el rol opositor se asume una actitud refractaria a cualquier cambio ordenador, mientras que cuando se está en el oficialismo se apela a manipular la movilidad para poner algún límite al insostenible crecimiento del gasto que generan las malas reglas previsionales. Mientras este cambio de roles se ejecuta con gran plasticidad, estos mismos actores propulsan con firmeza –casi como una política de Estado– el inmovilismo para avanzar en el ordenamiento del sistema jubilatorio”, describe el informe de la consultora.

Advierte que el sistema previsional es el dispositivo institucional que más “compromete el futuro de los niños y jóvenes” porque los efectos de sus decisiones perduran por décadas y las nuevas generaciones son las que debe pagar los costos. “Un país con más del 60% de los niños y jóvenes en la pobreza, no se puede dar el lujo de tener un sistema previsional desordenado y generoso con una gran cantidad de privilegios”, agrega.

 

 

Profesionales de Ciencias Económicas advierten por resolución de AFIP

El Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba y los demás CPCE del país nucleados en FACPCE presentaron el inicio de un reclamo administrativo contra la RG (AFIP) 4838 para solicitar la suspensión de su aplicación y su derogación por los vicios que presenta.

El régimen es de Información de Planificaciones Fiscales nacionales e internacionales; en un comunicado plantean que en “representación y defensa de los profesionales de Ciencias Económicas, desde los Consejos y desde la FACPCE, hemos realizado múltiples gestiones ante la AFIP en relación con esta normativa. Sin éxito en nuestro objetivo, recurrimos ahora a la interposición de un reclamo administrativo para solicitar la suspensión de su aplicación y su derogación por los vicios que presenta”.

“En nombre de nuestros matriculados, consideramos que estas acciones resultan legítimas y necesarias por cuanto la implementación del Régimen Informativo atenta contra el derecho/deber del secreto profesional al poner la obligación de informar en cabeza de los asesores fiscales, además de afectar el ejercicio profesional y el desarrollo de la actividad lícita”, agrega el texto.

Y plantea que resulta “inadmisible a la ética profesional” que la AFIP “pretenda colocar al profesional que asesora en temas de derecho tributario como sujeto obligado a develar información obtenida con motivo de su vínculo profesional. Este acto administrativo de carácter general conduce a traicionar la confianza en el profesional”.

“La obtención de pruebas de evasiones o infracciones impositivas, objetivo último de los regímenes de información fiscales, debería ser alcanzada mediante el accionar previsto en las normas de procedimiento  tributario, respetuosas de los principios constitucionales”, sostiene.

Los profesionales insisten en que la AFIP, como órgano inserto dentro del ámbito de actuación del Poder Ejecutivo, debe “circunscribir su función a una actuación administrativa conducente a que las leyes tributarias se cumplan, fiscalizando e investigando con el propósito de conocer la verdad de los hechos, y tal función discrecional no puede rebasar los límites de la racionalidad, estando subordinada a los principios que prohíben la arbitrariedad”.

 Ratifican que las disposiciones de la RG 4838/2020 “violentan en forma flagrante principios constitucionales básicos, desde nuestro Consejo Profesional de Ciencias Económicas, impulsamos estas medidas para resguardar a nuestros matriculados y sus derechos que consideramos transgredidos”.