La coparticipación, una colcha de retazos

Por Gabriela Origlia

La coparticipación, según la definió un funcionario nacional en los ’90, es equiparable a un plato de tallarines. Un enredo. En los últimos días se vigorizó el enfrentamiento entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires. El tema vuelve a poner en el centro de la escena el esquema de reparto de fondos. En 1996 debería haber estado la nueva ley de coparticipación; es el mandato constitucional de 1994. Nunca se avanzó y la distribución de recursos es, desde hace casi 25 años, una herramienta de construcción de poder.

La que sigue vigente es la ley de 1988, que establece el porcentaje que le corresponde a cada provincia. Por supuesto, después hubo normas y pactos que entraron en vigencia, lo que no constituye más que una sucesión de parches. El problema es que no hay un criterio objetivo para el reparto, sino que prima la arbitrariedad. El Fondo del Conurbano Bonaerense fue un parche más que trató de resolver de manera imperfecta y transitoria un problema estructural y que generó un problema mayor para el distrito más grande de la Argentina.

Cuando fueron las disputas entre Carlos Menem y Eduardo Duhalde en los años 90 se le puso un tope nominal a ese fondo y todo se terminó de complicar y descascarar cuando no fue incorporado su ajuste por precios a la salida de la convertibilidad. El fondo terminó apropiado por el resto de provincias y generó un efecto inverso al buscado. El año pasado, a semanas de dejar el poder, la entonces gobernadora María Eugenia Vidal alcanzó un acuerdo con la Rosada para actualizar el Fondo del Conurbano. En 2018 le habían girado $21.000 millones por la desactualización; fueron $44.000 millones en 2019 y desde este año la actualización por inflación es automática. Con todo, el aporte de Buenos Aires a la recaudación nacional es mayor a lo que recupera por vía de coparticipación.

En el caso de Caba, los fondos que le corresponden no fueron contemplados por la ley de 1988 (tampoco los de Tierra del Fuego), sino por acuerdos posteriores entre las partes. Durante varios años el giro fue un monto fijo hasta que, en la presidencia de Duhalde, se estableció en 1,4%. Con Macri se aumentó a 3,75% en 2016, cuando se transfirió la Policía a la órbita metropolitana. Al año siguiente, con las negociaciones del pacto fiscal, se redujo a 3,5%.

En setiembre, Alberto Fernández le quitó un punto (quedó en 2,5%) y se lo dio a Buenos Aires para lo que llamó «Fondo de Fortalecimiento Fiscal». En 2021 serán unos $45.000 millones menos que recibirá la ciudad. Semanas después la Rosada tensó más la pelea y envió al Congreso el proyecto que fija un nuevo cálculo para el gasto asociado a transferencias de la Policía Federal al distrito. El texto original decía $24.500 millones por año y Diputados aprobó que una comisión negociará durante 60 días el tema. Todo terminó en la Justicia.

Ni la suba que generó Macri de recursos ni la baja de ahora responden a la aritmética. Los gobernadores peronistas se enrolaron en la pelea –el cordobés Juan Schiaretti no firmó las solicitadas, pero sus cuatro diputados votaron el proyecto en Diputados- aunque los fondos de Caba salen de Nación y no de la torta que se reparte entre ellos.

Otro coletazo de los manejos de la coparticipación fue el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a fines de 2015 que declaró inconstitucional la detracción del 15% de la masa de impuestos coparticipables que el Gobierno nacional quitaba a las provincias para financiar a Anses, según lo previsto en un acuerdo federal de 1992. Benefició a Santa Fe, Córdoba y San Luis. Cristina Kirchner, quien ya estaba dejando la presidencia, decretó que la medida debía hacerse extensiva a todos los distritos.

En mayo de 2016 la Nación y las provincias (menos las tres alcanzadas por la resolución judicial) acordaron la devolución escalonada del 15 por ciento de la Coparticipación Federal con el objetivo de, en 2020, terminar con el esquema sostenido desde 1992. La Nación, además, generó el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) para otorgar a las provincias un préstamo equivalente a la devolución. En medio de la crisis, los gobernadores este año acordaron una nueva refinanciación.

Hace 24 años que la coparticipación empezó a manejarse como una colcha de retazos, un patchwork. No es ingenuo. Implica acumular poder.