Optimismo fiscal, presente en el presupuesto municipal

Lo poco que hasta ahora se dejó conocer del presupuesto no permite demasiadas conjeturas, aunque sí una: la declamada intención de reducir al 49 por ciento la dedicación presupuestaria al pago de salarios habla de un “optimismo fiscal” que no parece condecirse con el tenor de las relaciones entre el Ejecutivo y los sindicatos.

Por Felipe Osman

Personaje Gullero Acosta, Secretario de Economía y Finanzas de la Municipalidad.

A fines de 2009, y a instancias del entonces opositor Ramón Mestre, se sancionó en Córdoba la recordada ordenanza 11.689, que buscaba poner límite a la dedicación presupuestaria que la ciudad afectaba al pago de salarios. La norma, que fijaba para ese año un tope del 60 por ciento, proyectaba acotar ese margen en los ejercicios subsiguientes, permitiendo una dedicación máxima del 55 por ciento para 2010 y del 50 por ciento desde el 2011 en adelante.

Su vigencia duró hasta el 30 de diciembre 2011, año en que el propio mestrismo sancionó su primer presupuesto, en cuyo artículo 33 decidió derogarla por entender que era “de imposible cumplimiento”.

El dato viene al caso porque el presupuesto 2020 -cuyo texto se desconoce aun faltando muy poco para que reciba un tratamiento express del Concejo Deliberante- promete, según los trascendidos, reducir la dedicación presupuestaria al pago de salarios al 49 por ciento.

De materializarse, esta proyección bien podría ser presentada por el oficialismo como el máximo logro de toda su gestión. Si ese fuera el único legado de cuatro años de la administración Llaryora, el intendente nada más tendría que hacer para asfaltar su candidatura a la Gobernación en 2023. Habría logrado redefinir la estructura de costos de la ciudad y dejaría a su sucesor, fuere del color político que fuere, un municipio viable y equilibrado. Sin embargo, impacta la liviandad con la que semejante noticia fue tomada, e impacta también la aparente falta de reacción del Suoem, principal aludido en el asunto.

La forma más aparente para explicarlo es que, en rigor, nadie da demasiado crédito al tema. Que se trata de una especie de revival de la recordada ordenanza 11.689, cuyas declamaciones nunca se acercaron a la realidad.

Atento, deben reconocerse las diferencias. El peronismo no ató, como sí lo hizo su antecesor, las paritarias a la inflación, y no eludió el conflicto a la hora de negociar los reajustes. Pero interpretar el rol del oficialismo como el de un necesario antagonista del sindicato que viene a recuperar el poder de sus manos en busca del fin del cogobierno resulta equívoco.

Los indicios apuntan más a un modelo en el que el Ejecutivo pugna por recuperar parte del poder usurpado sin romper con el sindicato y, más aún, haciendo lo posible por cuidar a su conducción, de la que necesita para intermediar sus relaciones con las bases sin la necesidad de crear una estructura paralela en la que ejerza incidencia más o menos directa. Esto, que no es más que el sueño frustrado de los delegados peronistas, demandaría demasiado tiempo a un proyecto político que no se imagina en el mismo lugar después del 2023.

El peronismo no resiente la presencia de Rubén Daniele en el Suoem, ni insiste con el infructuoso intento de Mestre por jubilarlo. Por el contrario, cada vez que el histórico líder de la lista Verde fue llamado a participar de una negociación con el Ejecutivo logró llevar luego algunas buenas noticias a sus representados. En los hechos, Llaryora empoderó a Daniele, y en recientes declaraciones a Cadena 3 dejó claro que el sindicalista no está jubilado.

Esta relación de tensión sin ruptura es incluso mucho más distendida con los otros sindicatos. El Surrbac, que recibió este año una paritaria del 36 por ciento, luce en las redes sociales como un estrecho aliado de la gestión, y la presencia de Carla Esteban en la UTA, apadrinada por Roberto Fernández y Jorge Kiener, implica para el Ejecutivo un escenario que percibe como más favorable que la llegada de un alfil de Hugo Moyano a la delegación cordobesa del sindicato.

Por lo demás, quedan muchas preguntas en el tintero. El programa de Servidores Urbanos -que el peronismo no creó, aunque sí profundizó- implica un costo que, al margen del ropaje jurídico que se utilice para disimularlo, no deja de pagarse a cambio de fuerza de trabajo. ¿Estará ponderado en ese 49 por ciento? ¿Y el de los Promotores de Convivencia?
Todas las nuevas funciones asumidas por el COyS y la Tamse demandarán, seguramente, mano de obra. ¿En qué medida será esta solventada por fondos del Palacio 6 de Julio que indirectamente constituyan costos salariales

Todos estos interrogantes serán saldados, con suerte, cerca de las fiestas, en esas sesiones del Concejo a quien nadie lleva demasiado el apunte. Lo que sí queda claro desde ya es que en el proyecto no ha faltado optimismo.