El ajuste fiscal ya arrancó

Hay recortes en marcha y otros que se profundizarán en los próximos meses. Las tarifas comenzarán a descongelarse recién en 2021. La expectativa del Gobierno es firmar el acuerdo con el FMI en marzo o abril próximos. Hay convergencia de intereses con el organismo por lo que los analistas no esperan que haya problemas. Las partidas para el Covid-19 desaparecen en el presupuesto que regirá en el nuevo período.

Por Gabriela Origlia 

El ajuste fiscal está en marcha y la expectativa sigue estando en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que llegaría en marzo o abril. Según datos oficiales, el déficit fiscal en octubre llegó a $ 81.627 millones, el más bajo desde el inicio de la pandemia y la cuarentena.  A las provincias, por ejemplo, las transferencias no automáticas en lo que va de noviembre cayeron 28% respecto a octubre, mes en el que se habían retraído 54% en relación a setiembre.

El resultado financiero -contabilizando intereses de la deuda- alcanzó un rojo de $121.696 millones. En el acumulado de los primeros 10 meses del año, el déficit primario llegó a $1.383.600 millones (equivalente a 5,1% del PBI). En octubre, el gasto primario desaceleró el ritmo de aumento a 54,8% interanual  en términos nominales  del 71,6% registrado en setiembre. En esa línea, el “gasto Covid-19” sumó $41.330 millones (7,7% del primario total). Las cifras ya transparentan los recortes que se empezaron a hacer; las partidas para coronavirus desaparecerían en los primeros meses de 2021 según el diseño del ministro Martín Guzmán.

La dinámica de las partidas de gastos es muy heterogénea. Las prestaciones sociales –representan 60% del gasto operativo total- crecieron al 52,6% interanual en términos nominal. Por encima de la inflación acumulada en los últimos 12 meses básicamente por el incremento de lo destinado a programas sociales (crecieron 239,6% interanual). Las jubilaciones y pensiones contributivas subieron 39,1% interanual, incluyendo los bonos extras, sino habría caída real.

Los subsidios económicos a las empresas de servicios públicos subieron 162,7% interanual debido al “congelamiento” tarifario. Los energéticos se explican por la asistencia financiera a Cammesa por $30.115 millones. En 10 meses la suba de esas partidas acumuló un alza de 110,2% interanual; según la Oficina de Presupuesto del Congreso representará este año 2,2% del PBI. Aunque el Gobierno había anunciado que suspendería el freno tarifario para gas y electricidad desde diciembre, después planteó que será desde marzo o abril.

El secretario de Energía, Darío Martínez, dijo que el aumento será en el marco de la Revisión Tarifaria Integral con un esquema diferenciado a partir de los ingresos de cada usuario, “que va a llevar un plazo de al menos un año”. Las tarifas están congeladas desde 2019. “Tenemos que ir a una tarifa de transición. Aplicar la tarifa que estaba vigente con el Gobierno anterior tendría un impacto altísimo. Pagar la energía no tiene que significar que el usuario tenga que dejar de consumir, que tenga que dejar de comprarse vestimenta, o adquirir otros bienes y servicios para poder destinar más al pago de la energía”, afirmó.

El objetivo del Gobierno es evitar un “impacto altísimo” en los bolsillos de los usuarios y que nada les impida pagar la energía sin dejar de consumir otros bienes y servicios. De esa forma, busca avanzar con un uso más inteligente de los subsidios para que lleguen a los sectores más vulnerables. “Un porcentaje importante de la población tiene que tener una tarifa subsidiada. Esto no implica aumentar el porcentaje de los subsidios respecto al PIB sino mantenerlo constante pero usarlo de mejor manera”, explicó Martínez y señaló que se mantendrán en un nivel de 1,7% del PBI.

Los gastos de funcionamiento del Estado quedaron por debajo de la inflación acumulada en el año; hay que tener en cuenta que la paritaria de los estatales nacionales fue de 17%, un monto que permitió un fuerte ajuste de partidas. En lo que hace a obra pública (gastos de capital) en lo que va del año subieron 3,7% nominal y los pagos por intereses de la deuda –por efecto de la renegociación- cayeron el 16% nominal.

Los mayores torniquetes de cara a los próximos meses son la eliminación del IFE y la fuerte reducción del ATP (en noviembre alcanzó a 500.000 sueldos cuando en mayo eran 2,4 millones).Las partidas Covid-19 desaparecen en el presupuesto 2021. Otra “ayuda” importante es la nueva fórmula de ajuste de las jubilaciones, que empezaría a regir a partir del año que viene y que le pone un tope al gasto previsional. Con el envío de la iniciativa al Congreso se transparentó que la suba del cinco por ciento de diciembre es a cuenta del próximo.