Bonistas de provincias emiten documento que refleja cierto hartazgo  

Hay once provincias en negociaciones, entre ellas Córdoba. Schiaretti extendió hasta el 14 de diciembre el plazo de negociación; el 9 vencen intereses por US$25 millones. Si no paga, entra en default técnico. Hasta el 10 de enero pueden seguir las tratativas. Neuquén cerró ayer un acuerdo por US$700 millones emitidos bajo ley de Nueva York.

bonistasPor Gabriela Origlia

CORDOBA. Con once provincias argentinas renegociando su deuda en dólares, la Coalición de Bonistas de Provincias Argentinas (CBPA) difundió un comunicado en el que enfatiza su “preocupación”  que la oportunidad de “alcanzar políticas responsables que aseguren el acceso al mercado de capitales en el mediano y largo plazo” para “apoyar” las necesidades de inversión de las provincias “está siendo frustrada por una visión política de corto plazo y un indiscriminado repudio a los contratos vigentes entre las provincias y sus acreedores”. El tono del texto evidencia cierto hartazgo de los acreedores.

La difusión del texto coincide con que Neuquén anunció ayer que logró reestructurar su deuda de casi US$700 millones emitida bajo ley de Nueva York. El gobernador Omar Gutiérrez subrayó que la provincia no llegó al default y agradeció las gestiones y el acompañamiento nacional. Para lograr el 75% de adhesión necesario, modificó las condiciones de emisión de los papeles. Para el mandatario es “una operación nueva e histórica”. “Es la primera provincia que reestructura su deuda sin haber entrado en default”, remarcó.

En Córdoba el gobernador Juan Schiaretti extendió hasta el 14 de diciembre el plazo para seguir la negociación por casi US$ 1.700 millones con los bonistas. No se pudo cerrar el acuerdo por el rechazo del grupo Bondholder, propietario del 50% de los papeles. El 9 de diciembre vencen US$25 millones de un bono de 2021. Si no se cancela la Provincia ingresa en default técnico; hasta el 10 de enero habrá tiempo de seguir las tratativas.

El documento del grupo de bonistas señala que en los últimos cinco años, inversores institucionales prestaron a las provincias argentinas más de $10 mil millones de dólares para proyectos de infraestructura, programas sociales, desarrollo de energías renovables, remediación ambiental y otros importantes proyectos de inversión y servicios públicos. “Este financiamiento promovió el crecimiento inclusivo y mejoró la capacidad productiva de las provincias”, señala.

Agrega que muchas de las provincias mantuvieron “históricamente bajos niveles de endeudamiento” y tuvieron acceso al mercado de capitales debido a su “responsable manejo de la deuda, incluso en períodos en los cuales el gobierno nacional ha estado en default”. Sin embargo, algunas provincias “han aprovechado la ocasión para incumplir sus obligaciones de deuda de manera unilateral y oportunista. En muchas ocasiones esta conducta ha sido instigada por el gobierno nacional, quien ha buscado imponer pérdidas importantes a los acreedores, más basado en principios equivocados que en hechos y circunstancias específicos a cada provincia”.

La CBPA indica que en este contexto es “necesario” publicar principios básicos que gobiernen cualquier reestructuración de deuda provincial:

*Incumplimientos y reestructuraciones imponen costos de largo plazo y consecuencias negativas para las provincias y sus economías, y solo deberían ocurrir en casos extremos

*Reestructuraciones oportunistas de deudas sostenibles son inaceptables y deberían ser rechazadas por todas las partes. Tal proceder no es en beneficio de las provincias con deuda, ya que el perder acceso a los mercados de capitales tiene costos de largo plazo

*Las reestructuraciones de deuda, de ser necesarias, se tienen que dar en un contexto de transparencia y de negociación de buena fe y deben estar libres de injustificadas interferencias de terceros, incluyendo al gobierno nacional

*Si una reestructuración es inevitable, los servicios de deuda futuros se tienen que determinar en base a una evaluación adecuada de la capacidad de repago de la provincia y la inclusión de esta en el presupuesto. En este último las provincias deben estar dispuestas a designar una porción razonable de ingresos para satisfacer la deuda.

*Cualquier pérdida impuesta a los acreedores no debe ser politizada, lo cual incluye referencias arbitrarias a “valores presentes netos de recupero aceptables”

*La sostenibilidad de la deuda reperfilada se debe determinar asumiendo la vuelta al mercado de capitales en el mediano plazo

La CBPA fue creada por inversores institucionales que poseen más de $3.000 millones de deuda provincial para interactuar, en nombre de estas instituciones, con actores clave en este proceso, como ser los comités de acreedores, el Fondo Monetario Internacional y otras instituciones financieras internacionales, agencias de desarrollo y crédito bilateral, gobiernos involucrados, medios de prensa y otras organizaciones.