Procuración: schiarettistas dicen que sin consenso no hay apoyo

El bloque de los cuatro diputados que responden al gobernador Schiaretti exige consenso de “todos o la mayoría de los bloques” para acompañar la reforma del Ministerio Público Fiscal, si llega a la cámara baja. Como en la paralizada reforma judicial, sus votos serían clave.

Bettina Marengo

La modificación de la ley del Ministerio Público Fiscal que impulsa la vicepresidenta Cristina Kirchner con el objetivo de cambiar la forma de elección y eliminar el carácter vitalicio del cargo de Procurador General de la Nación, produjeron tensiones en su relación con el presidente Alberto Fernández, en el interior de la coalición del Frente de Todos, y también con los aliados estables del oficialismo.

Pese a que el Senado recién el viernes le daría media sanción al proyecto, y que todavía no se sabe si el jefe de Estado lo va a incluir en el temario de la cámara baja en las sesiones extraordinarias, en el Panal ya habrían tomado una decisión: los diputados que responden al gobernador Juan Schiaretti no votarán la ley “a menos que haya consenso entre todos o la mayoría de los bloques”. Así lo señaló a este diario una alta fuente del schiarettismo parlamentario, que no aclaró si estarían dispuestos a dar quorum.

Es la misma posición que el gobierno de Córdoba adoptó frente a la reforma judicial que envió Alberto Fernández y que tiene media sanción del Senado, pero quedó trabada en Diputados porque al oficialismo no le dan los números. En la base de ambas decisiones está el temor del gobernador a mostrarse “kirchnerizado” ante el electorado cordobés, sus aliados empresariales y del agro, y la oposición política.

Si finalmente la modificación de la ley de MPF llega a Diputados, los votos de los peronistas cordobeses serían tan decisivos como en la paralizada reforma judicial. La lavagnista Graciela Camaño, diputada decana del Interbloque Federal y miembro del Consejo de la Magistratura, ya anunció su rechazo. El mendocino José Luis Ramon, cuyo bloque de seis suele votar con el oficialismo, también expresó dudas.

La iniciativa cristinista implica pasar de dos tercios a mayoría absoluta en la cámara alta para designar al jefe de los fiscales federales, y que el funcionario tenga mandato por cinco años renovables, cuando ahora es un cargo vitalicio. La eliminación de la mayoría agravada fue una recomendación de la comisión de expertos convocada por Alberto Fernández para los cambios en la Justicia.

Desde el bloque Córdoba Federal insistieron con que “más allá de los cambios (sobre los que no aclararon si están a favor o no), si no hay consenso, no hay votos”. Tampoco quisieron explayarse sobre la figura de Daniel Rafecas, el juez a quien Alberto Fernández candidatea a la Procuración General, y que no goza del beneplácito de Cristina. “No es cuestión de nombres, es el consenso”, remarcaron. Rafecas ya manifestó su desacuerdo con la posibilidad de que el nuevo cargo sea votado por mayoría.

Como se dijo arriba, Schiaretti se quiere mantener institucionalmente cerca del gobierno nacional, pero políticamente distante. El gobernador renunció al cordobesismo pero no al mote de “peronista republicano” y cree que lo perderá si se acerca al esquema de Cristina. De hecho, el Panal recibió lluvias de críticas de sus aliados del Grupo de la Producción y del G6 por haber dado apoyo parlamentario al llamado “impuesto a las grandes fortunas”, que la diputada Alejandra Vigo, la esposa del gobernador, no votó por ausentarse momentáneamente.

En declaraciones radiales, senador Carlos Caserio, uno de los referentes del Frente de Todos en Córdoba, se quejó de la “actitud especulativa” de Schiaretti para con la Nación, y dijo que “no se puede estar negociando ley por ley”, como el Panal viene haciendo. “Cada vez que necesitas algo, lo tenés que ir a pedir”, reprochó el dirigente, que quiere encabezar la lista peronista de senadores por Córdoba, al igual que Vigo.

En cualquier caso, y en el plano doméstico, al núcleo duro del schiarettismo no le interesa que se ponga en foco la figura del jefe de los fiscales.  En la Justicia provincial, el Ministerio Público Fiscal se viene manejando desde hace 20 meses, a partir de la caducidad del mandato de Alejandro Moyano, con dos fiscales adjuntos y sin que se designe sucesor.  A nivel nacional, a quien se busca reemplazar es al procurador interino Eugenio Casal, designado por el gobierno de Mauricio Macri para reemplazar a la vitalicia Alejandra Gils Carbó, que había sido impulsada por Cristina Kirchner.