Llaryora busca refuerzo legal por despido directo

El intendente dará forma de ordenanza a la exoneración del agente que manipuló un mortero casero durante una violenta protesta gremial. Quiere evitar que la Justicia ordene la reincorporación del agente, como pretende el Suoem. La polémica resolución vuelve al Concejo.

Por Yanina Passero

El intendente Martín Llaryora envió al Concejo Deliberante de la ciudad un proyecto de ordenanza donde declara “de grave peligro público los actos violentos en el marco de hechos sistemáticos de violencia” y ratifica “las medidas adoptadas en este contexto por el Departamento Ejecutivo Municipal”, según el breve resumen apuntado en los asuntos entrados que reciben todos los ediles ordinariamente. ¿Por qué el responsable del Palacio 6 de Julio gira una iniciativa que de fondo es exactamente igual a la que aprobó el bloque Hacemos Por Córdoba días atrás?

La respuesta es simple: el peronista quiere evitar que regrese a su puesto el empleado exonerado por manipular un mortero casero durante una manifestación del Suoem. El consejo de los expertos es “jerarquizar” el proyecto de resolución sancionado recientemente, ahora con la fuerza que da una ordenanza.

Esto supone que tendría puntos flacos el proceso –inédito, dicen desde los principales despachos- que habilitó Llaryora la noche en la que comunicó la decisión administrativa y prometió a los vecinos justicia para los violentos. “El que las hace, las paga”, dijo a los comunicadores que se apostaron en su oficina para escuchar la reacción oficial a las protestas que la conducción gremial no pudo contener y terminó con severos destrozos del patrimonio público, heridos y detenidos.

La oposición en el recinto había advertido sobre la inconveniencia de “saltar” el procedimiento legal que fija el Estatuto del Empleado Municipal. Cierto es que ese periplo rara vez termina con el agente que incumplió las normas en la calle.

Como sea, y pese a ser acusados por el oficialismo de ser funcionales al modus operandi de Rubén Daniele, los bloques no apoyaron la ratificación de la exoneración del integrante de Espacios Verdes, Nelson Cuello. Además de argumentar su decisión en el incumplimiento de la ordenanza y en la imposibilidad del agente de ejercer su derecho a defensa (sí, el mismo que manipuló un arma casera en medio de vía pública), afirmaron que la desvinculación no era asunto del Poder Legislativo.

El despido directo sin sumario administrativo volverá a ser tema de discusión en el edificio de Pasaje Comercio. En el municipio argumentan que “el Estatuto del Empleado Municipal (Ordenanza N° 7.244 y sus modificatorias) establece en su artículo 44 que el empleado municipal tiene el deber de observar en el servicio, y fuera de él, una conducta decorosa y digna de la consideración y confianza que su condición de agente público exige, teniendo responsabilidad administrativa y patrimonial”.

Agregan que el artículo 56 y su decreto reglamentario establecen que no requiere sumario previo la sanción de exoneración, cuando se trate de las faltas correspondientes al artículo 54 inciso “a”. Allí se establece que la exoneración previa, sin sentencia judicial firme, se puede llevar adelante cuando se cometan delitos “en perjuicio o referido a la administración pública o en ejercicio de sus funciones” o aquellos indirectos, que afecten el prestigio o función del Estado.

Por último, el municipio se ampara en la doctrina para ratificar que no se necesita iniciar un sumario para que el gobierno de turno pueda ejercer legítimamente su poder disciplinario, en especial cuando la falta es evidente y suficientemente acredita.

Con la paritaria resuelta, Llaryora logró desactivar temporalmente las manifestaciones violentas del Suoem por mejoras salariales. Sin embargo, son varias las cuentas pendientes que tienen las partes para augurar la paz para el cierre del año.

La desvinculación directa del empleado de las áreas operativas promete una batalla legal que propone dos finales: uno, que muestra victorioso al gremio y refuerza el concepto social sobre la estabilidad del empleado público, por más impresentable e inmerecido que sea el puesto que el agente de la discordia ocupa; otro, un Ejecutivo impidiendo que el Estado sea tierra del empleado público y no del vecino, como debió ser siempre.