La mitad de los salarios formales estánpor debajo de la línea de pobreza

Esto significa que mucha gente, aun teniendo un empleo privado registrado, no logra salir de la pobreza. Es la consecuencia de haber aplicado y seguir aplicando políticas públicas que destruyen la productividad. En octubre la línea de pobreza para una familia de cuatro miembros fue de $ 49.912 y la línea de indigencia para la misma familia-tipo fue de $ 20.710 mensuales.

En octubre el valor de la Canasta Básica Total (CBT) para una familia tipo, según Indec, alcanzó los $50 mil; ese es el monto que fija la “línea de pobreza”. La mitad de los salarios del sector formal de la economía argentina están por debajo de esa línea, dice un infor-me del Instituto para el Desarrollo Social de la Argentina (Idesa), en base a datos difundidos durante la última semana por el Indec. En relación a la generación de ingresos, en el mercado de trabajo se presentan situaciones muy heterogéneas.

En general, los riesgos sociales aumentan cuando los miembros activos del hogar no tienen empleo (son laboralmente inactivos o desocupados) o tienen un empleo de baja calidad (infor-mal). La mediana de los salarios formales es el indicador mide el nivel de salario en el cual el 50% de los trabajadores está por debajo y el otro 50% está por encima. En otras palabras, si se ordenan los salarios de menor a mayor, la mediana es la remuneración que está justo en el medio de la distribución de salarios.

Un trabajo de la consultora Idesa en base a datos del Minis-terio de Trabajo y el Indec indica que en el el 2000 la mediana del salario privado registrado era de $ 43 mil, mientras que la línea de pobreza para una familia tipo era de $37 mil a precios actuales; en agosto del 2020 la mediana del salario privado registrado es de $48 mil, mientras que la línea de pobreza para una familia tipo es $45 mil. Esto significa que mientras que en el 2000 la mediana del salario era un 15% superior a la línea de pobreza, en el año 2020 pasó a ser apenas 6% superior. Estos datos muestran que en lo que va del presente siglo hubo un fuerte de-terioro de la capacidad adquisitiva del salario en el sector formal.

El fenómeno tiene asociado una pro-funda degradación social ya que implica que, aun para los trabaja-dores que consiguen un empleo en una empresa formal, es elevada la probabilidad de que sus remune-raciones no sean suficientes para superar la línea de pobreza. Tradicionalmente los ho gares eran pobres porque sus miembros en edad activa no conseguían empleo (inactividad o desempleo) o solo conseguían un trabajo de baja calidad (in-formal). Sin ingresos laborales o con ingresos reducidos, es muy factible de que la familia no llegue a tener ingresos superiores a la línea de pobreza. Pero con el deterioro del poder adquisitivo de los salarios formales, lo que está sucediendo es que, aun con un empleo asalariado formal, los ingresos no alcanzan para salir de la pobreza. Las connotaciones de este fenómeno son graves. Deja de ser válida la afirmación de que la salida de los planes sociales son los empleos formales. La razón de fondo por la cual las remuneraciones se deterioran frente al costo de vida es la pérdida de productividad. La caída general en el nivel de vida de la población y, en particular, la mayor incidencia de la pobreza, es la consecuencia de que cada vez se producen menos bienes y servicios por persona.

El correlato es que a cada persona le cuesta más conseguir esos bienes y servicios. La manifestación más extrema de la baja productividad es la alta y creciente cantidad de hogares que no cuentan con ingresos para acceder a la canasta básica que define la línea de pobreza. Cuando la baja productividad es tan masiva, el asistencialismo puede dar paliativos, pero nunca soluciones.

Para Idesa elevar la productividad es un objetivo estratégico porque permitirá que se disponga de más bienes y servicios por persona: “Esta es la única manera genuina de aumentar salarios reales y reducir la po-breza. Para lograr este objetivo es fundamental generar un con-texto que incentive la inversión privada y un compromiso firme del sector público para priorizar la inversión en infraestructura y fundamentalmente en capital humano y educación de la gente. Esto requiere, como paso fundamental, una reforma integral y profunda del Estado”.