El PJ no analiza suspender a Díaz García en la Legislatura

El oficialismo calcula que no es conveniente aplicar una sanción a la legisladora que fue detenida

Por Alejandro Moreno
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Díaz García legislaturaLos legisladores peronistas descartan, al menos por ahora, sancionar a Soledad Díaz García (FIT), quien fuera detenida ayer por entorpecer un procedimiento policial realizado para recuperar una propiedad privada que había sido ocupada por usurpadores.

“No está en nuestro ánimo”, adelantó a Alfil una alta fuente del bloque Hacemos por Córdoba, que semanas atrás suspendió por seis meses a una legisladora de Juntos por el Cambio, la radical Patricia De Ferrari, por un tuit que muchos consideraron inconveniente.

“Díaz García lo hizo por su ideología y si la sancionamos va a querer victimizarse”, fue el cálculo del legislador peronista que prefirió reservar su identidad para no elevar las repercusiones del caso.

Desde la reforma del 2001, los legisladores provinciales no tienen inmunidad de arresto, y solo conservan la inmunidad de opinión, según quedó establecido en la Constitución. La actitud de Díaz García parece una de las faltas más graves cometida por un legislador en los últimos años.

Díaz García fue detenida ayer a la mañana durante un procedimiento policial ordenado por el fiscal Tomás Casas, y realizado para recuperar un terreno ocupado en Estación Ferreyra. Fuentes policiales indicaron que la aprehensión fue por “entorpecimiento funcional”, aunque la legisladora no habría sido imputada.

La legisladora y otros dirigentes del Partido Obrero, como Jorge Navarro y Susana Altamirano, fueron detenidos por tratar de impedir que los policías cumplan con la orden judicial para devolver el terreno a su dueño. Hubo dos arrestados más que tenían órdenes de captura previas.

Ningún civil resultó herido, pero sí dos policías, que debieron ser trasladados al Policlínico Policial, de acuerdo con lo informado oficialmente.

Poco después del mediodía, la mayoría de los detenidos ya había recuperado su libertad.

El operativo de desalojo tuvo lugar en Camino a Capilla de Los Remedios al 7000, en un terreno propiedad de un empresario que tiene una fábrica en la zona. Cuatro familias ocupaban el lugar al momento de iniciarse el procedimiento.

Fuentes gubernamentales indicaron que los policías recibieron la orden de trabajar con prudencia para evitar lesionados entre los civiles. Incluso, participó del operativo personal de Desarrollo Social, que había censado a los ocupantes hace un par de meses.

En el operativo se tiraron abajo construcciones y postes con cableado de electricidad que habían colocado los ocupantes.

La secretaria de la Fiscalía, Gabriela Vigna, manifestó a los medios locales que dos de las personas detenidas tenían “pedidos de captura” y confirmó que la justicia trabaja con los organismos provinciales para “tratar de dar soluciones” a los desalojados.

El dirigente del Partido Obrero, Eduardo Salas, señaló que “Schiaretti solo tiene topadoras y represión para los que no tienen viviendas”. En tanto, Cinthia Frencia, denunció que “la policía de Schiaretti reprimió a las mujeres y familias de la toma de barrio Ferreyra, y se llevó detenidos compañeros, entre ellos la legisladora Soledad Díaz y el abogado de las familias y dirigente del Partido Obrero, Jorge Navarro”.

Problema todo el año

Las tomas de terrenos han sido una constante durante todo el año en todo el país, y se convirtieron en uno de los principales problemas de la agenda pública, lógicamente luego de la pandemia. En la provincia de Córdoba, según algunas estimaciones, habría una docena de ocupaciones.

Las ocupaciones ilegales han sido apoyadas por agrupaciones izquierdistas e incluso cuentan con el respaldo del progresismo que es gobierno a nivel nacional, algunos de cuyos funcionarios han participado activamente en determinados episodios.