Aborto legal: Vigo defiende despenalización y Córdoba aporta poco

De los 18 diputados por Córdoba, solo 6 o 7 votarían a favor de la ley. Entre los schiarettistas habría dos rechazos, un positivo y una duda.

abortoPor Bettina Marengo

Con el ingreso al Congreso de la legalización del aborto, comenzó el poroteo de los votos en la Cámara de Diputados, por donde comenzará el debate. El Frente de Todos tendría los votos para que el proyecto enviado por el presidente Alberto Fernández reciba media sanción y pase al Senado. Al igual que en 2018, cuando la cámara baja aprobó la iniciativa impulsada por la Campaña por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito, muy pocos de esos votos provendrán de los representantes de Córdoba.

De los 18 diputados nacionales que tiene la provincia, solo 6 o 7 serían positivos. En principio, los tres del Frente de Todos, Gabriela Estévez, Pablo Carro y Eduardo Fernández; dos de Juntos por el Cambio, Brenda Austin y Mario Negri (salvo que el jefe del bloque modifique su posición de hace dos años), y uno o dos del schiarettismo en Córdoba Federal.

Una de las principales dudas es cuál será la decisión de la diputada Alejandra Vigo, que construyó su perfil político a partir de la defensa de los derechos y del liderazgo de las mujeres, con oferta segmentada para sectores pobres y medios. La dirigente se abstuvo el debate de 2018. La explicación de su entorno fue que el aborto no tiene eco en los barrios que son el territorio del PJ Capital que ella comanda.

A través de sus colaboradores, Vigo hizo saber ayer que su posición es a favor de la “despenalización”, condición necesaria pero no suficiente para la legalización, y que el colectivo feminista considera una conquista de menor intensidad.

“Creo que las mujeres no podemos seguir siendo las dobles víctimas: por un lado, el aborto, y por el otro, la penalización de esa decisión. Por eso sostengo la despenalización, para terminar con la criminalización de las mujeres. El Estado debe estar presente en estas situaciones para dar respuestas a las mujeres, especialmente a las más vulnerables”, fue la posición de la dirigente. Las peronistas “pañuelo verde” que se referencian en Vigo leyeron lo anterior como un anuncio de apoyo a la ley.

En términos de penalización y despenalización, el artículo 15 del proyecto del Ejecutivo sustituye el artículo 86 del Código Penal (que penaliza el aborto) por el siguiente texto: “No es delito el aborto realizado con consentimiento de la persona gestante hasta la semana catorce (14) inclusive del proceso gestacional” y, fuera de ese plazo, no es punible si “fue producto de una violación” o “estuviera en riesgo la vida o la salud integral de la persona gestante”.

En tanto, el artículo 17 mantiene la penalización en casos de abortos realizados después de la semana 14. “Será reprimida con prisión de tres (3) meses a un (1) año, la persona gestante que, luego de la semana catorce (14) de gestación y siempre que no mediaren los supuestos previstos en el artículo 86, causare su propio aborto o consintiera que otro se lo causare” indica el proyecto. Es decir, la única penalización que quedaría en pie sería por aborto después de las 14 semanas, salvo que medie un problema de “salud integral” de la mujer.

En cualquier caso, Vigo no parece dispuesta, por ahora, a explicitar su estrategia en el recinto, tanto en la votación en general como en la particular, para evitar presiones de “celestes” y “verdes” dentro y fuera de su partido.

Lo que está claro es que el bloque schiarettista no pierde de vista su electorado a la hora de votar en el Congreso. El martes por la noche, los cuatro diputados del PJ provincial acompañaron al Frente de Todos en la Ley del Fuego que impulsó Máximo Kirchner, como habían anunciado, pero se abstuvieron en el artículo que prohíbe emprendimientos comerciales e inmobiliarios por 30 años en zonas quemadas.

A su vez, Vigo, quien el año que viene quiere ser candidata a senadora nacional de la eventual lista conjunta del PJ y el FdT, se ausentó a la hora de aprobar el llamado “impuesto a la riqueza”, duranta la madrugada del miércoles. Ambas iniciativas, de cuño K, eran muy resistidas por el sector rural y el empresariado cordobés, aliados del gobierno provincial.

En cuanto al jefe del bloque de Córdoba Federal, Carlos Gutiérrez, aunque no lo hizo público, sería uno de los votos positivos del peronismo cordobés. El riocuartense en algún momento planteó la necesidad de llamar a un plebiscito sobre el tema, pero habría manifestado que acompañaría el proyecto en una reunión realizada con referentes de la Campaña antes de la pandemia.

Paulo Cassinerio, en tanto, confirmó ayer a este diario que mantiene la misma posición de rechazo de la votación de 2018.

Por su parte, Claudia Márquez, que asumió la banca en reemplazo del intendente Martin Llaryora, hace tiempo manifestó su posición anti aborto legal, y no hay noticias de que haya modificado. El actual intendente de la ciudad de Córdoba votó en contra de la legalización cuando fue diputado, y hace poco reafirmó su posición “celeste”