Por Yanina Passero
La Municipalidad de Córdoba calzó su futuro financiero con la renegociación exitosa de la deuda. El intendente Martín Llaryora celebró las gestiones de su secretario de Economía, Guillermo Acosta, quien rápidamente envió un mensaje al gremio. El champagne sólo lo descorcharían los funcionarios para celebrar la buena nueva para los vecinos de la ciudad, no para la salud del Suoem.
El mensaje del economista fue claro: el titular del Palacio 6 de Julio priorizaría obras, no sueldos. La expresión drástica es comprensible si la enuncia el encargado de cuidar la caja. Ahora bien, el perfil político que pretende tallar el peronista va a en sintonía con las declaraciones del miembro de su gabinete. El diálogo del Suoem continuará, pero la necesidad de alcanzar un acuerdo salarial le urge a las partes.
La secretaria general del sindicato, Beatriz Biolatto, rechazó la oferta del 19,2%, también las insignificantes mejoras que el Ejecutivo fue deslizando de manera informal durante la semana pasada. En resumidas cuentas, ofertaron el blanqueo de parte de las sumas propuestas. No hubo acercamiento de posturas.
Si bien las partes saben que van a tener que promediar en una mesa de negociación, Llaryora activa el plan b para apurar el desenlace. El Concejo Deliberante está atento para activar una batería de proyectos que pegarán en el núcleo de los privilegios del gremio. La modificación del Estatuto Municipal es una de ellas.
Altas fuentes del recinto afirmaron a Alfil que se buscará el despacho de comisión del proyecto que prevé cesantías sin sumario previo por delitos graves de los empleados municipales. Se trata de la iniciativa del edil de Hacemos por Córdoba, Diego Casado, que apunta la modificación del artículo 53 de la ordenanza N° 7 244. Allí se pretende incluir el daño al patrimonio público como causal de despido.
Por otra parte, el oficialismo está dispuesto a acelerar el tratamiento del concejal radical Juan Negri, conocido como “ficha limpia”. El proyecto busca prohibir a personas con antecedentes penales presentarse como candidatos a cargos electivos y establece la inhibición para ocupar cargos municipales. El proyecto incorpora al código de ética municipal la prohibición para presentarse a ser candidato a un cargo electivo en Córdoba al que se encuentre condenado, aunque la sentencia no se encontrase firme y la pena fuera de cumplimiento en suspenso, por los delitos contra la administración pública y por los delitos contra el orden económico y financiero.
Los concejales ya están listos para sumar presión en una negociación que no encuentra puntos medios. El Ejecutivo no quiere ampliar sustancialmente la oferta (por ahora), pero el sindicato espera una suma similar a la entregada al Surrbac que promedió los 36 puntos hasta junio de 2021. El gremio pretende equilibrar la ecuación de pérdidas con el nuevo aumento.
Cabe recordar que Llaryora logró bajar el promedio salarial de $125 000 a $97 000 con la reducción de una hora de la carga laboral, la quita de bonificaciones, la reducción de horas extra y el congelamiento de la pulseada salarial.
