Por Felipe Osman
Las autoridades municipales anunciaron ayer un acuerdo que habría terminado de cocinarse en las primeras horas del lunes: con la aceptación del 83,79 por ciento de los tenedores de bonos de deuda internacional bajo jurisdicción norteamericana, la ciudad logró reestructurar un pasivo de 150 millones de dólares tomado por la anterior gestión
(Nota al margen: el delay del anuncio es comprensible. Resulta tanto mejor informar sobre los éxitos cuando las bombas de estruendo del Suoem no amenizan la velada).
A diferencia del mecanismo utilizado para la reestructuración de la deuda nacional, no se trató, en rigor, de un canje, sino de una reformulación de las cláusulas contractuales. Bajo estos nuevos términos, el municipio ya no tendrá que pagar el capital en tres cuotas anuales de 50 millones de dólares a vencer en 2021, 2022 y 2023, sino que lo hará en ocho cuotas semestrales, la primera de las cuales deberá pagarse en 2024.
Además, el secretario de Economía de la ciudad, Guillermo Acosta, a cargo de las negociaciones, logró una reducción de la tasa de interés cercana al 24 por ciento, pasando del 7,875 por ciento anual a un promedio del 5,96 por ciento.
Este promedio surge de ponderar una tasa planteada en esquema ascendente. En 2021 se pagará un 2,125 por ciento, en 2022 un 5,5 por ciento, en 2023 un 6,25 por ciento y en 2024 un 7 por ciento.
Si bien la tasa pactada puede resultar cara si se la compara con el precio internacional del crédito, o incluso con la negociada por el Gobierno Nacional (3,07 por ciento) en la reciente reestructuración de deuda con bonistas internacionales, Acosta explicó que por el hecho de tratarse de un organismo sub-sub-nacional las tasas siempre resultan más onerosas.
Además, y aunque el funcionario no lo dijo, cabe considerar que un riesgo país por encima de 1.300 puntos no resulta la mejor carta de presentación para negociar ante los acreedores.
Por otro lado, desde el municipio también se puso de resalto que las nuevas condiciones permitirán a la ciudad “aliviar la carga financiera de los intereses y mejorar la sostenibilidad de su deuda pública en el largo plazo”, a la vez que se sostuvo que el arribo de este acuerdo representa “un reconocimiento del mercado a las medidas que la gestión de Martín Llaryora adoptó en materia económica y del ordenamiento general de las cuentas del municipio», en clara alusión a la reestructuración de costos salariales que ha abierto un conflicto con el Suoem que aun parece estar lejos de zanjarse.
Si la noticia es buena para la ciudad -y sin dudas lo es- no lo es menos para el propio llaryorismo. Aunque desde el año próximo deberán pagarse intereses, así como en 2022 y 2023, la parte más pesada quedará para quien suceda a Llaryora el frente del Palacio 6 de Julio, y la actual gestión puede, en buena medida, desentenderse de un problema serio para las maltrechas cuentas municipales.
Desde luego, nadie esconde que los planes a futuro del intendente no pasan por el Palacio 6 de Julio sino por el Centro Cívico y, en rigor, tampoco habría que dar por descontado que el peronismo corra con las de ganar para repetir en la ciudad en 2023. Córdoba ha sido históricamente reacia al peronismo, entrar en detalles y ejemplos resulta a todas luces innecesario, basta con mirar cuanto tardó en PJ en conquistar el municipio y cuantos factores debieron conjugarse en las elecciones de mayo de 2019 para que lograra finalmente dar el batacazo.
Ahora bien, situándonos en lo inmediato, la reestructuración de la deuda representa un paso vital para la gestión, que logra oxigenar las cuentas del municipio, cerrar un frente de capital importancia, y enderezar el rumbo para enviar, en las próximas semanas, el Presupuesto 2021 al Concejo Deliberante, además de afirmarse para mejor afrontar otro desafío pendiente: cerrar la paritaria con el Suoem.
Hechos todos estos deberes, podrá ponerse a pensar en un 2021 en el que la verdadera agenda de la ciudad -disimulada en 2020 por la pandemia- se revelará, con su sinfín complejidades.
