Por Gabriela Origlia
La negociación de la deuda por parte del Gobierno de Córdoba es más dura de lo que podía suponerse. Ayer un grupo de acreedores -Grupo Ad Hoc de Tenedores de Bonos de la Provincia, conformado por inversionistas institucionales que poseen más del 50% de los papeles internacionales de Córdoba- rechazó la segunda propuesta.
Córdoba reestructura U$S 1.685 millones de tres bonos bajo legislación extranjera y U$S 234,4 millones dólares de un título bajo legislación nacional. El último pago fue el 3 de agosto por U$S 16 millones de intereses del CO27D. En el caso del CO26 por U$S 234,4 millones (valor residual) emitido bajo ley argentina, pagó US$13,7 millones a fines de julio. El objetivo es reducir intereses y extender plazos. Este año tiene dos vencimientos más.
Los acreedores rechazaron la segunda propuesta por considerar que no refleja la verdadera capacidad de pago de la Provincia. “Si bien el Grupo es consciente de los retos que la Provincia está enfrentando debido a la pandemia, este considera que los términos propuestos en la solicitud de consentimiento no reflejan la verdadera capacidad de pago de la Provincia. Para el Grupo resulta decepcionante el hecho de que la Provincia haya anunciado unos términos de reestructuración que no fueron producto de negociaciones constructivas y de buena fe entre las partes”, señala el comunicado.
En setiembre, en la primera presentación la Provincia planteó dos años de plazo y quita de intereses, no de capital. Se trata de los títulos públicos emitidos bajo ley extranjera denominados PDCAR 2021, PDCAR 2024 y PDCAR 2027. En relación a la devolución de capital o principal, se propone un período de gracia para los próximos dos años donde no se contemplan amortizaciones en función de que se proyecta que la economía estará en un período de recuperación desde el pico recesivo que se está presentando en 2020.
El viernes pasado hizo una nueva oferta que mejora algo las tasas, propone pagos trimestrales y no semestrales y acorta los plazos de amortización del capital. Esa salvedad no corre para el próximo año y el 2022. Los acreedores incluidos en el grupo que hizo el comunicado entienden que ese esquema debe ser más generoso.
El texto indica que Córdoba tuvo “buena reputación por su disciplina financiera y el buen manejo de la deuda. El intachable historial de repagos de la deuda internacional de la Provincia debería facilitar la renovación del acceso al mercado en el momento en que logre un acuerdo de reestructuración consensuado con los tenedores de bonos”.
También señala que hubo conversaciones en la última semana “bajo un acuerdo de no divulgación” y que el Grupo presentó una propuesta de reestructuración. Sostienen que reafirman su “compromiso de trabajar en forma constructiva con la Provincia para identificar una solución mutuamente acordada para la situación actual, e insta a la Provincia a retomar las conversaciones de buena fe. Este es el único camino que llevará a la construcción de una propuesta que tenga la capacidad de ordenar el respaldo de los tenedores de bonos internacionales de la Provincia”.
Además de Córdoba, están reperfilando su deuda Buenos Aires, Chaco y La Rioja –las tres ya en default-, Chubut tiene U$S 678,6 millones en dos bonos emitidos en dólares bajo ley de Nueva York; Entre Ríos, U$S 500 millones; Jujuy, reestructura U$S 210 millones; dos bonos por U$S 693 millones son los que tiene en juego Neuquén; Río Negro busca reperfilar U$S 300 millones y Salta, U$S 388 millones. Tierra del Fuego tiene U$S 170 millones de deuda en un solo bono. Mendoza –después de una dura y larga negociación- acordó sus U$S 590 millones.
El ministro Martín Guzmán insiste en que es “muy importante” que todas las provincias que tienen situación de endeudamiento en dólares “continúen resolviendo sus problemas respetando los lineamientos de sostenibilidad que ha establecido el Gobierno nacional». En juego hay US$13.225 millones, cifra que abarca a 28 bonos.
