Bettina Marengo
“No hay absolutamente ningún programa que reemplace el colchón social que da el IFE en Córdoba. No hay con qué suplantar esa base”, expresó un funcionario del oficialismo que admitió la preocupación, tanto en el gobierno de la Capital como en el Panal, por el eventual menor alcance que tendrá el cuarto pago del Ingreso Familiar de Emergencia en diciembre. “Si se achica, va a crujir, va a hacer ruido”, agregó. La fuente se refirió a que ni el Potenciar Trabajo, ni la tarjeta alimentaria que la Nación prometió aumentar, ni la tarjeta social de la Provincia tienen el poder de cobertura del IFE lanzado por la Casa Rosada al inicio de la pandemia.
Tal como lo anunció la semana pasada Alfil, el gobierno nacional evalúa acotar el universo de beneficiarios del IFE de 10 mil pesos a la franja etaria más joven (se habla de 18 a 24 o 29 años con cargas familiares), más las mujeres jefas de hogar, aunque todavía no hay definiciones oficiales. La idea sería proteger al sector más golpeado por la desocupación, que a nivel nacional es del 13,1%. Hasta ahora, lo cobraban desocupados, trabajadores informales y monotributistas de las categorías más bajas.
De este modo, se pasaría de 9 a 2,5 o 3 millones de beneficiarios en todo el país, y de 700 a 200 o 250 mil en la provincia de Córdoba, aproximadamente, si se hace un simple cálculo proporcional. El pago de diciembre sería el último, en coincidencia con un mes en el cual abundan los conflictos sociales por el mayor incremento de los gastos familiares por las fiestas navideñas.
La misma inquietud que demuestran los funcionarios políticos con territorios a cargo tienen en el sector comercial de Córdoba, donde temen una caída de las ventas por menor poder adquisitivo de los sectores medios bajos y pobres. En ese sentido, Fedecom, junto a CAME, está elaborando una serie de propuestas “superadoras” para enviar al gobierno nacional.
Si la población alcanzada por el IFE a nivel provincial pasa de 700 mil personas a 200 mil en toda la provincia, Córdoba perderá unos más de 4 mil millones de pesos que circularon en abril, julio y septiembre, cuando se abonaron las tres primeras cuotas. Ese dinero se destinaba estrictamente al consumo.
Ayer el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, reiteró en medios de comunicación porteños que se están evaluando “distintas alternativas”. “Está claro que hay dos sectores en situaciones más críticas: los jóvenes de 18 a 29 años y las personas que se quedaron sin ingresos”, perfiló el funcionario en declaraciones radiales.
Lo cierto que es que tanto los gobernadores como los referentes de las organizaciones sociales están muy preocupados, y haciendo llegar a la Casa Rosada su alerta por las eventuales consecuencias de un ajuste en este salario social. En Córdoba, las organizaciones sociales más importantes, aliadas a la vez de la Nación y la Provincia, adelantaron que “algún planteo” harán si se confirma el ajuste. Lo hicieron en agosto, cuando empezaron los rumores por la baja del tercer IFE, que luego se abonó.
Al tema lo monitorea directamente el ministro de Desarrollo Social, Carlos Massei, aunque el grueso de los beneficiarios sea residente de la ciudad de Córdoba. Massei tiene una estrecha relación con Arroyo, con quien conversa regularmente, pero el programa depende de Anses, donde está Fernanda Raverta, y los fondos los libera el ministro de Economía, Martin Guzmán. Las fuentes provinciales y municipales consultadas hablan de “límites” puestos por Guzmán y del malestar de Arroyo y Raverta frente a las nuevas condiciones.
La preocupación en Córdoba es el 20% de desocupación que midió el Indec en el segundo trimestre del año que, según fuentes oficiales, no se habría revertido. “No solamente la informalidad altísima preocupa, sino que hay muchos asalariados que han perdido sus trabajos. Tenemos una clase media baja trabajadora que está muy desprotegida”, indicó un funcionario.
En ese sentido, los 14.000 planes laborales Potenciar Trabajo que hay Córdoba no reemplazan el salario social prácticamente universal que es el IFE. El plan, que la semana pasada fue relanzado en esta ciudad por Arroyo, Massei, Alejandra Vigo y la ministra Laura Jure, más las organizaciones sociales, beneficia a trabajadores de la economía popular con un pago mensual de $9.450 mensuales a partir de noviembre.
