Amenazas contra Passerini: El acusado ya había sido dos veces denunciado y procesado

Carlos Fioramonti, junto a otros empleados de Alumbrado Público, ya había sido investigado en 2010 y 2011. Dos decretos -6284 del 29 de noviembre de 2010 y 6212 del 21 de noviembre de 2011- dan cuenta de ilícitos por los que fueron sumariados y debieron ser denunciados penalmente, pero se ha perdido parte de la documentación y se desconoce la actuación ¿cómplice? de Asesoría Letrada.

Por Gabriel Osman

Los municipales no le temen a la Justicia ni siquiera cuando son condenados. Que lo diga el capo del gremio, Rubén Daniele, que fue procesado por los tribunales por actos de públicos y documentados desmanes contra la Municipalidad, durante la administración de Daniel Giacomino. Cargó, como diría Sabina, contra la cristalería exterior del Palacio 6 de Julio pero, “probatio” mediante, recibió por toda sanción el dictado de cursos de buen comportamiento en un colegio que, adicionalmente, nunca dictó.

Ahora está de turno el empleado de Alumbrado Público Carlos Eduardo Fioramonti, por haber amenazado de muerte al viceintendente, Daniel Passerini, a su esposa e hijo, tras la sanción de la ordenanza que redujo los sueldos y también en una hora la jornada laboral de los municipales.

La prueba acumulada por el fiscal José Alberto Bringas es abundante y sólida. Trabajaron en ella organismos especializados de la Policía de la Provincia, desde donde se requirió información a la red WhatsApp para establecer el lugar físico desde donde salió el mensaje amenazante.

Detectaron los investigadores que la dirección de IP informada por la empresa WhatsApp (181.165.117.53) provisto por la Empresa Telecom, se encontraba asignada a Marisa Esther Quevedo, esposa de Fioramonti. El textual salido de ese domicilio reza: “yo quedo en la calle y vas a quedar sin hijo o sin madre vas a llorar lo que yo lloro hdmp (iniciales de hijo de mil puta) te voy a matar un hijo. Cuídate sé dónde vivís. Lo vas a llorar”.

El fiscal Bringas elevó a juicio las actuaciones pero los abogados de Fioramonti recurrieron el pedido y ahora se espera que dictamine un juez de control. Pero mientras se sustancia esa etapa del proceso, se han conocidos otros “detalles” de la  performance del empleado de Alumbrado Público. Estos dan plena razón a la soltura con que los municipales habitualmente esperan los resultados de –lo que debieran ser- sus peripecias judiciales.

Es que Fioramonti – y otros municipales de la misma repartición- ha sido sumariado y denunciado penalmente en dos oportunidades. En los recovecos de la Municipalidad se ha “perdido”  parte de la documentación sumarial y se desconocen las actuaciones judiciales de Asesoría Letrada. Pero igual queda documentación que prueban los hechos.

Por ejemplo, los decretos 6284 del 29 de noviembre de 2010 y 6212 del 21 de noviembre de 2011, pocos días antes de que expirara el mandato del Giacomino.

El primero da cuenta que tres empleados de Alumbrado Público, el citado Fioramonti, más Walter Lencinas y Jorge Moreyra, fueron demorados, a instancias de personal de Epec, realizando conexiones eléctricas clandestinas en barrio República, siendo trasladados a la UCA. En el procedimiento le secuestraron el móvil municipal número interno 1316.

El intendente encuadró la conducta en la ordenanza 7244 (Estatuto del Empleado Municipal) y ordenó la suspensión preventiva de Fioramonti, corrió vista a Asesoría Letrada y dispuso que la oficina municipal de Recursos Humanos registre el caso en el legajo del empleado, pero en las actuales investigaciones se detectó que en su legajo no figura (???). Un misterio o, probablemente, parte de concesiones en las negociaciones extra salariales de alguna paritaria.

El otro decreto da cuenta de un episodio similar, y en él se dispone, a través de sumario, la suspensión preventiva por 20 días de Lencinas, Moreyra y Fioramonti, un trío muy activo y, por lo que puede verse, con una percepción, aparentemente correcta por sus resultados, de inimputabilidad. Previsiblemente, nada se sabe del destino de la causa penal que debe proceder en estos casos.

Corolario: los municipales y su “capo” Rubén Daniele tienen sobrados motivos para advertir, actuar y llamar “peleles” a los actuales funcionarios porque a ellos no los alcanza ni el poder de las autoridades y, a veces, tampoco el brazo de la Justicia.