Por Felipe Osman
El conflicto municipal experimentó un nuevo pico de tensión el viernes. El sindicato, disconforme con una oferta paritaria del municipio que preveía un aumento escalonado del 19,2 por ciento para cubrir la inflación, organizó una multitudinaria movilización que terminó con serios incidentes, destrozos, seis policías heridos y ocho manifestantes detenidos.
Lo sorprendente, en realidad, fue que hasta mediados de la semana pasada las negociaciones entre el gremio y las autoridades municipales marchaban bien, y a ambos lados de la mesa de negociación había optimismo respecto de llegar a un acuerdo. ¿Qué pasó entonces?
Hay distintas versiones. La más resonante apunta que la propuesta del municipio conformaba, en un principio, a la comisión salarial del Suoem, pero lo que hasta entonces le parecía una buena oferta dejó de serlo cuando se enteraron de que el Surrbac firmaría el mismo viernes una paritaria de más de 30 puntos, mientras el Ejecutivo resiste una reajuste superior al 20 por ciento para los municipales argumentando que las cuentas públicas están exhaustas, que la renegociación de la deuda municipal todavía no está resuelta, y que la ciudad se encuentra en aquel limbo llamado “default técnico”.
(Nota: si esta versión fuera correcta, no cabría demostración más palmaria del terreno que ha perdido el gremio en cuanto al acceso a información sensible del municipio. Quienes conocen a Rubén Daniele aseguran que “el Gringo” nunca se sentó a una mesa de negociación sin conocer de antemano los números finos de las cuentas municipales).
Otra explicación, no excluyente respecto de la anterior, es que el sindicato simplemente interpretó que podía aprovechar un momento de relativa fortaleza -por el reciente regreso de Daniele al centro de la escena- para sumar presión y meter en la negociación otros reclamos, como el regreso de la séptima hora de jornada o nuevos pases a planta.
Ahora bien, más allá de los motivos, la protesta del sindicato fue multitudinaria y particularmente violenta, y a partir de ello distintos observadores del escenario municipal hacen diferentes diagnósticos respecto de cómo evolucionará ahora el conflicto. En rigor, la dinámica interna en el Palacio 6 de Julio no habría cambiado: existe un “ala blanda” que quiere flexibilizar las posiciones del Ejecutivo para llegar a un acuerdo con el sindicato cuanto antes, incluso a costas de perder gran parte del terreno ganado desde el inicio del conflicto; y existe un “ala dura” partidaria de llevar el conflicto hasta las últimas consecuencias para normalizar la enorme afectación de recursos al pago de salarios.
Quienes entienden que el primero de los sectores terminará imponiéndose apuestan a que el acuerdo paritario llegará muy pronto, y a que terminará cerrándose en un número cercano a los 28 puntos porcentuales.
Quienes creen que es momento de endurecer la posición del Palacio Municipal, entienden que la manifestación del pasado viernes debe ser interpretada como una ruptura del diálogo propiciada únicamente por el sindicato, que durante la sustanciación de una mesa paritaria llevó adelante una movilización completamente desbordada, destruyendo locales y vehículos de particulares perfectamente ajenos al conflicto.
Mientras tanto, en el Legislativo municipal presidido por el vice intendente Daniel Passerini la bancada oficialista se apresta a dar nuevo impulso a dos proyectos de ordenanza que llevan la firma del concejal viguista Diego Casado.
La primera iniciativa del presidente de la seccional 10ma está dirigida a introducir tres nuevos artículos al Código de Convivencia Ciudadana de la Ciudad de Córdoba (Ord. 12.468) imponiendo multas a quien “agreda, amenace, lesione o cometa cualquier otro ilícito en contra de ciudadanos de la vida civil o autoridades municipales, provinciales o nacionales”, “desarrolle toda manifestación, acción u omisión que suponga discriminación”, o “dañe o destruya parcial o totalmente de manera deliberada, premeditada y dolosa los bienes muebles, muebles registrables e inmuebles que forman parte del dominio público y privado”.
El segundo proyecto prevé cambios en el Estatuto del Empleado Municipal (Ord. 7.244), el principal de ellos, ampliando los supuestos del artículo 53, que establece las causales de cesantía para los agentes municipales. Según la nueva redacción de la norma, que operaría de aprobarse la iniciativa, además de los supuestos preexistentes quedarían sujetos a sumario y cesantía: 1) el empleado municipal que “dañare o destruyera parcial o totalmente de manera deliberada, premeditada y dolosa los bienes muebles, muebles registrables e inmuebles que forman parte del patrimonio municipal o que de éste dependan o estén bajo su custodia (que además deberá resarcir el perjuicio ocasionado al erario público con sus bienes particulares)”. 2) el que “agreda, amenace, lesione y cometa cualquier otro ilícito en contra de ciudadanos de la vida civil y autoridades municipales, provinciales, nacionales o actos emanados de ellos”. 3) “El agente público instigador que utilizare una tercera persona interpuesta, sea trabajador municipal o no, para cometer las acciones (antes) referidas”.
