Por Gabriela Origlia
La carta abierta de Cristina Kirchner ratificó su estilo de liderazgo. Aunque su mensaje en el texto sea pedir la búsqueda de un acuerdo con foco en el dólar, la difusión sorprendió incluso a quienes dice apoyar a la vez que le hace observaciones que los liman. Con su carta la Vicepresidenta se sumó al debate nacional, qué hay que hacer con el peso para no tener que seguir mendigando dólares. Claro que lo suyo, por su centralidad, se convirtió en un fuerte mensaje político.
Cristina Kirchner admite que la bimonetariedad es, “sin dudas el problema más grave que tiene el país» y entiende que la única manera de superar ese desafío es a través de «un acuerdo que abarque al conjunto de los sectores políticos, económicos, mediáticos y sociales de la Argentina. Nos guste o no nos guste, esa es la realidad y con ella se puede hacer cualquier cosa menos ignorarla».
En el texto, incluso, reconoce lo que en sus gobiernos había denostado: comprar dólares no es un problema ideológico, ni de clase, sino una forma de defenderse de los problemas macroeconómicos que cíclicamente atraviesan al país. La duda sobre los planteos de la carta es si la Vicepresidenta está dispuesta a promover ese acuerdo que pregona; como titular del Senado tiene herramientas para hacerlo.
El ministro Martín Guzmán –que no integra la lista de funcionarios que no funcionan- busca una tregua con el mercado cambiario para avanzar en la negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En estos días consiguió una suerte de victoria pírrica que coincide con el fin de mes, cuando muchos que compraron divisas venden y también con una mega colocación de bonos en pesos atado al dólar. Con lo que captó en el mercado, incluso, pudo cancelar $100.000 millones de los adelantos transitorios del Banco Central al Tesoro.
Desde marzo el Central emitió $ 1.727.400 millones para cubrir el déficit fiscal; de ese monto $525.000 millones fueron adelantos transitorios para financiar al Tesoro y otros $1.202.000 millones en transferencias de utilidades. El pago del Tesoro es una buena señal ya que reduce 19% de los adelantos transitorios.
El presupuesto 2021, con media sanción de Diputados, establece que el 40% del déficit fiscal se cubra con colocación de deuda y un 60% con emisión del Central, como ya se dijo en este mismo espacio el equipo económico trabaja en la posibilidad de cambiar los porcentajes.
¿Hay riesgo en la emisión de bonos atados al dólar? Los analistas apuntan que podrían aumentar las presiones pro-devaluación de los fondos de inversión, empresas y particulares que poseen esos títulos. Podría terminar de dibujarse un escenario similar al de los contratos de dólar futuro al fin del segundo mandato de Cristina Kirchner.
En este escenario el presidente Alberto Fernández intenta recomponer la relación con los empresarios, se reunió con Alfredo Coto y con Paolo Rocca, el titular de Techint. De todos modos, desde la Rosada advierten que esa voluntad tiene un límite: si quieren pelea, la tendrán. “No llegamos al Gobierno para obedecerles, sino para obedecer a los que nos votaron», dijo Fernández hace unos días.
El titular de la UIA, Miguel Acevedo, insistió en un coloquio en que «los empresarios van a invertir si hay consensos en la política». No alcanza con la enunciación de la voluntad. «Tenemos que insistir en que se hagan este tipo de consensos. Ahí, aparte de tener una mirada federal, aparte de tener una mirada de toda la cadena de valor (agro más industria, tecnología más industria, finanzas más industria) que nos mantiene unidos en la cadena productiva, así tenemos que estar unidos como país en la política. Del consenso que se logre en la política que nos de políticas a largo plazo, va a ser que nosotros hagamos las inversiones que necesita este país».
En dos semanas llega de nuevo la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI), Guzmán espera ya tener el presupuesto aprobado por el Senado y que incluya señales de más cuidados en lo fiscal. También es clave cómo será la fórmula de actualización jubilatoria que discute el Congreso. También se debe enunciar claramente qué pasará con las tarifas de servicios públicos.
