Increíble: se cumplió la ley en Argentina

La abrumadora mayoría del país suspiró ayer aliviada: las resonantes tomas de tierra de Guernica, en el conurbano bonaerense, y del campo de la familia Etchevere, en Entre Ríos, fueron desalojadas por las fuerzas del orden, cumpliendo sendas resoluciones de la justicia.

Por Pablo Esteban Dávila

guernicaLa abrumadora mayoría del país suspiró ayer aliviada: las resonantes tomas de tierra de Guernica, en el conurbano bonaerense, y del campo de la familia Etchevere, en Entre Ríos, fueron desalojadas por las fuerzas del orden, cumpliendo sendas resoluciones de la justicia. Previamente había sucedido otro tanto con la Estancia El Foyel y con el predio destinado a la construcción de una terminal de ómnibus de Bariloche, ambos episodios en la provincia de Río Negro. Es increíble: por primera vez en muchos meses, la legalidad pareció recuperar algo del terreno que había perdido a manos de los usurpadores.

El hecho de que se celebre que se haya puesto fin a estas anomalías denuda hasta qué punto lo inaudito se ha apoderado del pensamiento social del país. Una toma de tierras, públicas o privadas, no deja de ser un delito penado por la ley. Ante un evento de esta naturaleza, lo lógico es suponer que los poderes públicos, esto es, la justicia con el concurso del Poder Ejecutivo, pondrán las cosas en su lugar sin demasiados miramientos. Pero esto no funciona así en la Argentina, al menos desde diciembre del año pasado.

El gobierno nacional y su extensión bonaerense están desgarrados por tensiones ideológicas difíciles de clasificar. Una parte no menor de sus integrantes desprecia al orden constitucional por considerarlo burgués y conservador, una rémora de la democracia capitalista y, por lo tanto, ajeno a los intereses populares. Esta es una categoría que, huelga decirlo, solo ellos conocen y que forma parte de la intelectualidad de los centros de estudiantes. Esto determina que la mirada de aquellos sobre la realidad social sea algo difícil de comprender por quienes consideran que la ley está hecha para ser cumplida.

La toma de tierras opera como un disparador de estas concepciones supra institucionales que contaminan el funcionariado. Para importantes sectores del Frente de Todos son expresiones legítimas de problemas habitacionales generados por un orden social y económico injusto que ellos están decididos a reemplazar por otro tras sus escritorios. Los usurpadores, desde esta particular perspectiva, son foquistas revolucionarios y deben ser tratados como emergentes de las luchas populares.

Obviamente que este no es un pensamiento que puede homologarse a la totalidad del oficialismo nacional y bonaerense, pero ejerce una influencia determinante que paraliza la acción en el preciso momento que sería recomendable tomar medidas enérgicas. Tómese en consideración que, en la toma de Guernica, transcurrieron 100 días hasta que se decidió recuperar el predio y devolvérselo a sus propietarios, una demora que permitió que, en el momento de la irrupción de la policía bonaerense, hasta 2000 personas estuvieran ocupándolo. El ministro Sergio Berni necesitó urdir un engaño masivo (dijo públicamente que debía aplazar el operativo por “razones climáticas” cuando esto no era cierto) y reunir a más de 4.000 efectivos para llevar a cabo el procedimiento sin mayores consecuencias.

Si la decisión se hubiera tomado en el momento de la usurpación, las autoridades habrían podido llevar a cabo el desalojo con mucho menos recursos y menor desgaste. Sin embargo, demoraron lo indecible para hacer algo que, en definitiva, estaban obligadas a hacer, les gustase mucho o poco la tarea a ejecutarse. La Cámpora puede que sea una agrupación militante y declaradamente revolucionaria pero, cuando a sus integrantes les toca gobernar (como lo es el caso de la provincia de Buenos Aires) deben ceñirse a la ley. Las dudas filosóficas que los asaltan es una manifestación concreta de la ambigüedad que los mortifica y los induce a un coma ideológico.

Respecto de lo sucedido en campo de los Etchevehere es poco lo que se puede decir, excepto que Juan Grabois y Dolores Etchevehere jugaron a ser revolucionarios de la vanguardia en un establecimiento ajeno con el propósito -tan banal como antieconómico- de sembrar rabanitos y cebollas. Porque, más allá del apellido, el campo que usurparon pertenece a una Sociedad Anónima de la cual Dolores ni siquiera es accionista. Las semanas que transcurrieron sin que le fuera restituido a sus dueños es una muestra más de la inoperancia de quienes deben tomar decisiones, un mal que aqueja no solamente a los políticos sino también a jueces y fiscales de todas las jurisdicciones.

Resta, por supuesto, terminar con las usurpaciones en la Patagonia a manos de supuestos mapuches que dicen, abiertamente, desconocer la Constitución y no ser parte de la Argentina. En Bariloche y en Villa Mascardi existe un hartazgo social indisimulable por la situación y la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, le ha dicho al presidente que debe tomar cartas en el asunto antes de que todo se desmadre. No obstante, hay funcionarios nacionales que parecen estar de lado de los okupas y no del Código Civil. El Instituto Nacional de Asuntos Indígenas es una especie de santuario para quienes protagonizan aquellas tomas y un defensor silente de tal metodología. La ministra de seguridad Sabrina Frederic se debate entre el comando de las fuerzas nacionales y la biblioteca del garantismo jurídico, una situación de tensión que la convierte en una especie de Tupac Amaru entre sus convicciones y los deberes a su cargo.

En este sentido, el presidente Fernández debería ponderar lo que determinó a Kicillof y a Berni a proceder de la forma en que lo hicieron y extraer conclusiones válidas para lo que debe hacerse en los territorios nacionales en Rio Negro. Es evidente que no tomar decisión alguna frente a las tomas tiene un costo importante. Los sectores opositores al oficialismo se han hecho fuertes en consignas con las que muy pocos no podrían estar de acuerdo. Defensa de la Constitución, de la ley, de la libertad y de la propiedad privada son motores simbólicos poderosos y que sintetizan diferentes programas de acción en contra de la Casa Rosada. Si la oposición política logra consolidar la versión de que el Frente de Todos es contrario a aquellos principios, la cuesta para Fernández se le volverá cada vez más empinada, independientemente de la crisis económica que lo atenaza.

Kicillof, quizá el más renuente a ejecutar lo que su ministro terminó haciendo, ha tomado nota de que sus dudas y coartadas no han hecho otra cosa que minar su credibilidad, cediendo a las demandas de poner algo de orden en medio del desquicio de Guernica. Es un ejercicio de realismo político aunque, tal vez para dejar a salvo sus convicciones progresistas, también se haya dado el permiso de sostener que los barrios cerrados y los countries son, asimismo, tierras que han sido tomadas y que no pagan impuestos. La burrada, no obstante que mayúscula (usualmente es el propio Estado el que demora hasta el paroxismo las habilitaciones), es un recordatorio de la estirpe ideológica que campea en quienes gobiernan la mayor provincia argentina.

Como fuere, ayer se alinearon los astros, por primera vez en mucho tiempo, del respeto a la ley. Fue su día de gloria. También parecieron inflar el pecho los sectores más moderados del oficialismo, quienes susurran a los oídos presidenciales que el horno no está para bollos y que es mejor dar señales de que el país no se encuentra en manos de irresponsables y delirantes izquierdistas. Las expresiones de Cecilia Todesca, a la sazón segunda de Santiago Cafiero en la jefatura de gabinete, avanzan en este sentido. “Por supuesto que hay que respetar la propiedad privada”, señaló públicamente antes de conocer lo que sucedería en el conurbano y en Entre Ríos pocas horas después. Más allá de que parece algo obvio, especialmente en boca de un funcionario, nadie da por sentado que este sea el pensamiento oficial. Fernández deberá trabajar duro para demostrar lo contrario.