Sin Schiaretti, el gobierno presentó protocolo anti gatillo fácil

Alfonso Mosquera y el secretario de Derechos Humanos, Calixto Angulo, encabezaron el acto. El Panal busca atenuar el impacto del asesinato policial de Joaquín Paredes. La UCR en la Legislatura pidió citar al ministro de Seguridad.

Bettina Marengo

Sin el gobernador Juan Schiaretti, el ministro de Seguridad, Alfonso Mosquera, presentó el Protocolo de actuación policial para el Uso Legal y Racional de la Fuerza, con el cual se pretende acotar el uso de las armas de fuego por parte de los efectivos. Según el gobierno, se viene trabajando desde hace seis meses en ese material, pero se presentó luego del caso de “gatillo fácil” que terminó con la vida del quinceañero Joaquín Paredes, hecho sucedido el domingo en el poblado de Paso Viejo.

El nuevo caso de violencia policial sacudió al Panal y al peronismo provincial, aunque el comentario es que el gobernador actuó con más reflejos que cuando la Policía le disparó también por la espalda al joven Blas Correas, hace dos meses, en el centro de la ciudad de Córdoba.

La ausencia del mandatario en el acto que se realizó en la sala de Situación fue comentada en el peronismo como un gesto que debilita a Mosquera, a quien algunos consideran en tiempo de descuento en el Gobierno. Otros afirman que el contexto en el que se dio a conocer el Protocolo no es el ideal (ya son casos de gatillo fácil durante la pandemia, según el registro de los organismos de Derechos Humanos), y no invitaba a que Schiaretti “pusiera la cara”, como dijo un funcionario con llegada a la mesa chica.  En cualquier caso, no vienen días tranquilos para el delasotista de Rio Cuarto. Ayer ingresó un proyecto de Resolución del bloque Unión Cívica Radical, solicitando al Poder Ejecutivo Provincial la asistencia de Mosquera, por el homicidio de Joaquín. En la Legislatura esperan más.

Junto al ministro estuvieron el secretario de Derechos Humanos, Calixto Angulo, el jefe de Recursos Humanos de la Policía, Comisario Mayor, Julio Farías, la subdirectora de Programas Especiales del Ministerio de Seguridad, Mariana Carbajo y el asesor en Seguridad y coordinador de la Comisión Interinstitucional que redactó el Protocolo, Claudio Stampalija. No estuvo Julián López, el ministro de Justicia, que no tuvo un día propicio: ayer al Servicio Penitenciario se le fugaron de la cárcel de Cruz del Eje tres presos contagiados de Covid 19.

En cambio, con la presencia del secretario Angulo, que intervino en la redacción del instructivo, el gobierno trató de poner énfasis en el enfoque de Derechos Humanos en la actuación policial y en la gestión schiarettista en general. El funcionario afirmó que el protocolo “es un avance institucional ya que es una herramienta que viene a sumarse a las ya existentes para mejorar la formación policial y el control de su accionar” pero insistió con que debe complementarse “con un fuerte trabajo en la currícula, en el entrenamiento, reentrenamiento y democratización de la fuerza para desterrar prácticas arraigadas que son terreno fértil para la violencia institucional”. Sin embargo, a la hora de las respuestas a los periodistas, quedaron Mosquera y Stampalija en la virtualidad.

Si con el Protocolo, el Panal busca dar señales de modernización policial y de empezar a aquietar el cimbronazo por los abusos policiales, puertas adentro el impacto se mantiene alto. Además de capacitar a todos los miembros de la fuerza en el cumplimiento del Protocolo, y de avanzar en cambios en la formación policial, el reclamo de la política es poner el foco en el Tribunal de Conducta Policial, a cargo de la villamariense Ana Becerra, al que ven “con poca independencia” dentro de la Jefatura. Esta queja va de la mano con otra observación, mucho más de fondo: el nivel de subordinación de la Policía al poder político, no solo en lo institucional (que se descuenta, a menos mientras no haya levantamientos) sino en lo político y en las políticas. Que es algo que no se reduce a ni se resuelve con un protocolo ni con cambios en los altos mandos.

Entre los puntos más importantes del Protocolo se destacan: proporcionalidad, legalidad, criterio de último recurso, progresividad, respeto a la vida como valor supremo, y rendición de cuentas en el uso de las armas reglamentarias. En tanto, lo que esta prohibido es el hostigamiento, efectuar disparos al aire, desde y hacia vehículos en movimiento (algo previsto desde 2017, con el Protocolo de control vehicular urbano), disparar a través de ventanas, disparar cuando se ponga en riesgo a terceros o cuando sea para evitar un daño material y desenfundar o manipular un arma de fuego a menos que su uso potencial en la situación sea adecuado.