Caso Joaquín: El Panal jugó para morigerar el impacto

El Ministerio de Justicia hizo gestos simbólicos con la familia del adolescente y el de Seguridad presentará hoy el primer Protocolo de actuación policial en la Casa de Gobierno. Polémica por las Taser.

Por Bettina Marengo

El crimen policial del adolescente Joaquín Paredes, en Paso Viejo, golpeó al gobierno provincial cuando todavía no había logrado superar el impacto del asesinato de otro adolescente, Blas Correas. Un peronismo que pretende ser ejemplar en el país, con una policía matona que dispara a estudiantes del secundario, da de lleno contra el prestigio republicano de defiende el gobernador Juan Schiaretti.

El tratamiento público del tema, a nivel oficial, quedó en manos de dos carteras: el Ministerio de Seguridad, a cargo de Alfonso Mosquera, y el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, cuyo titular es Julián López, dirigente del entorno del vicegobernador Manuel Calvo. Ninguno de los dos son pesos pesados del schiarettismo ni tienen perfil fuerte en la gestión, y se moverán con baja autonomía en el tema. Como en el caso Blas, los asesores comunicaciones del gobernador monitorean quien y como se habla del tema.

A nivel legislativo, parte del bloque de Hacemos por Córdoba se reunió ayer por Zoom con referentes de la Mesa de Derechos Humanos de Córdoba y del Movimiento Campesino. Estaba previsto tratar el caso de la legisladora radical Patricia De Ferrari, quien pidió “falcon verdes” para el referente social Juan Grobois, pero tuvieron que incorporar el gatillo fácil de la policía provincial. Entre los presentes estuvieron las legisladoras Nadia Fernández, Tania Kyshakevych, Laura Labat, María Emilia Eslava, Mariana Caserio, entre otros.

El ministro López informó en sus redes sociales que “por indicación de Schiaretti”, se comunicó personalmente con el padre de Joaquín, “el joven que falleció en estos lamentables episodios” de Paso Viejo, dijo. “Como ministro de Justicia y DDHH de la Provincia le transmití nuestro acompañamiento y la disposición del ministerio a mi cargo para garantizar que se investigue hasta las últimas consecuencias”, agregó en su cuenta de Twitter. El funcionario no viajó a Paso Viejo. En cambio, sí estuvo el exsecretario de Derechos Humanos de la Nación, Martin Fresneda, hoy incorporado al espacio de la diputada Gabriela Estévez.

En tanto, Mosquera estuvo ayer abocado a terminar de perfilar un protocolo de actuación y uso de armas de la Policía de Córdoba, que es el instrumento con el que el gobierno quiere salir a mostrar reacción frente a los casos de abuso policial. El “Protocolo de Actuación Policial para el uso legal y racional de la fuerza en la provincia de Córdoba”, se presentará hoy a las 10 en la Sala de Situación del Panal, y no contaría con la presencia de Schiaretti.

No están previstos cambios en la departamental Norte de la que depende Paso Viejo, manifestaron en el Ministerio ante una consulta de este diario. Hace 45 días, luego de que la Policía matara a Blas Correas por la espalda, como a Joaquín, el gobierno cambió a los jefes de la seguridad de Capital.

Extrañamente, y según confirmaron desde Seguridad, será el primer protocolo escrito, no consuetudinario, con que se maneje una fuerza con 22 mil efectivos. Hasta ahora se manejaban con “manuales procedimentales de formación y actuación profesional, la Ley de Personal Policial, Código Penal de la Nación y el Código Procesal Penal de la Provincia”, detalló una fuente.

Un tema en cuestión en el protocolo es el uso de las armas Taser, que se presentan como de bajo poder de letalidad. Mosquera tomó contacto con López y otros funcionarios de la cartera de Justicia, entre ellos el secretario de Derechos Humanos, Calixto Angulo, que, como los espacios y organismos de derechos humanos, se oponen al uso de las Taser o similares. De hecho, habría un primer borrador de Protocolo que excluye estas pistolas eléctricas que producen un electrochoque al contacto con el cuerpo. La tensión por ese tema está latente, pero fuentes cercanas al titular de Seguridad indicaron a Alfil que en los procedimientos que se presentarán estará incluido el uso de pistolas “de letalidad atenuada”.

Este diario consultó en el Ministerio de Justicia sobre los alcances del “acompañamiento” a la familia del pibe Paredes que dispuso Schiaretti el domingo, y sobre cómo iban a trabajar para que no vuelva a suceder un caso de gatillo fácil en Córdoba. Desde Prensa de la cartera se indicó que, tras la llamada telefónica de López, se pondría a disposición de la familia de Joaquín y de los otros chicos baleados los equipos técnicos y el área de asistencia a víctimas de delitos, pero aclararon que el tema es de “Seguridad y de la Justicia provincial que lleva la causa”.

En tanto, en un comunicado conjunto, la Mesa de Derechos Humanos de la Provincia y el Movimiento Campesino, reclamaron al gobierno “dar la discusión urgente de un modelo de seguridad pública basada en valores democráticos, inclusivos y solidarios”. “Exigimos la reacción inmediata del gobierno de la provincia de Córdoba y solicitamos a las secretarías de Derechos Humanos de la provincia y de Nación que intervenga en las garantías de justicia y reparación a las víctimas y a todo un pueblo destrozado”, manifestaron.

Ayer se vieron escenas durísimas en el sepelio de Joaquín, que se realizo en el Cementerio de Paso Viejo. Para hoy a las 19 horas, el Movimiento Campesino y la Mesa de DD.HH organizaron una marcha para pedir justicia por Joaquín y los otros chicos baleados. “Estamos todos muy heridos en el pueblo”, afirmó un referente local que habló con Alfil, para explicar que no se sabe si el pueblo va a responder a la convocatoria.