Otro crimen policial sacude al Panal, a un mes del reclamo de CELS

La Justicia investiga el asesinato de un estudiante secundario de Paso Viejo, que habría recibido una bala policial por la espalda. Detuvieron a 5 policías y separaron a 7 de sus funciones. Como en el caso Blas, hubo silencio oficial.

Por Bettina Marengo

A dos meses del asesinato policial de Blas Correas, otro estudiante secundario fue víctima de la violencia policial. Se trata de Joaquín Paredes, de 15 años. El hecho se produjo en la localidad de Paso Viejo, a 50 kilómetros de Cruz del Eje, sobre la ruta 38. El crimen sacudió al gobierno de Juan Schiaretti, que viene de hacer una purga policial moderada por el crimen de Blas, más para aplacar el malestar social, que para atacar el problema de fondo. Los cambios no alcanzaron al jefe Gustavo Vélez ni al ministro de Seguridad, Alfonso Mosquera. Ayer, en el Panal seguían de cerca los avances de la investigación judicial que recayó en la fiscal de Dean Funes, Fabiana Pocchettino. El hecho golpea sobre una crisis sanitaria económica y política sin precedentes para el oficialismo, y pone en foco nuevamente uno de los talones de Aquiles del gobierno provincial, la política policial. Al cierre de esta nota, no había habido ninguna declaración condenatoria del crimen desde el Ejecutivo provincial, como no lo hubo antes con Blas.

El abuso policial de Córdoba mereció la atención del CELS (Centro de Estudios Legales y Sociales) y la Facultad de Ciencias Sociales de la UNC, que un mes atrás enviaron una carta a Schiaretti solicitándole una mesa de actores estatales y no estatales para articular acciones frente a “los graves hechos de violencia institucional protagonizados por la Policía de Córdoba en los últimos meses”. Además, reclamaron datos sobre las medidas adoptadas, políticas e institucionales, “orientadas a controlar y profesionalizar esta fuerza policial, y al mismo tiempo, mejorar sus condiciones laborales”. Este diario publicó el planteo completo de las organizaciones.

La respuesta del gobierno al CELS se produjo hace diez días y Alfil tuvo acceso a ella. Mosquera fue el encargado de contestar el reclamo. A la luz del asesinato de Joaquín Paredes, ahora sus expresiones suenan a poco.

El funcionario mencionó el “proceso siempre complejo e inacabado, no exento de obstáculos, para el gobierno civil de las fuerzas de seguridad y en las reformas de las fuerzas de seguridad”, en referencia a la democratización de las fuerzas de seguridad y sus políticas, pero destacó “la vocación democrática y el irrestricto respeto por los derechos humanos que el Gobierno provincial, bajo la conducción y el mandato del Gobernador, le ha impreso a todas las políticas públicas”.

 Joaquín Paredes fue asesinado el domingo a la madrugada de un balazo en la espalda que le entró al corazón. Todavía no se sabe el calibre de la bala, pero todo indica que sería 9 mm, como las armas reglamentarias policiales.

Ayer, la fiscal Pocchettino imputó por homicidio calificado y detuvo a cinco agentes, secuestró 7 armas y no descartó que ordene otras detenciones sobre la cadena de mandos. “Tengo un chico de 15 años muerto por un balazo en la espalda y eso es terrible”, sostuvo en diálogo con Alfil. Un rato antes, curada en salud y para dar señales, Ana Becerra, del Tribunal de Conducta Policial había apartado a 7 efectivos, los 5 detenidos y dos jefes.

Según lo reconstruido por este diario, con testimonios de vecinos de Paso Viejo e información de la Fiscalía, el sábado a la noche/domingo a la madrugada, un grupo de jóvenes armó “una juntada” al frente del dispensario de Paso Viejo, mientras que otro grupo se reunió en la plaza. La víctima, como muchos otros de la zona, había trabajado hasta el viernes en la recolección de cebollas en La Parcela. Habían cobrado la semana y estaban festejando, tomando algo. El chico asesinado era, además, estudiante del tercer año del IPEA (Instituto Provincial Agrotécnico) 306.

A eso de las 4 am, la policía pasó en un móvil pidiendo a todos que se retiren. Por algún motivo que no está claro aún, los agentes volvieron al lugar y dispararon contra el grupo, que empezó a dispersarse. Una bala de plomo alcanzó a Joaquín de atrás. Murió en el acto. Entonces, los chicos habrían intentado entrar por la fuerza en el dispensario, ya que la enfermera no se había animado a abrir. Para ingresar, rompieron vidrios y la puerta. Luego, enardecidos por la situación, y con vecinos que se sumaron por los gritos, llegaron hasta la subcomisaría, ubicada frente a la plaza, donde se produjeron roturas de vidrios, de un móvil policial y de una ambulancia, además de daños en el juzgado de paz. Los efectivos respondieron con balas de AT (antitumultos) y sus armas reglamentarias 9 mm.

En esta segunda balacera se habrían producido los otros dos heridos de distinta consideración.  Otras versiones indican que los pibes ya estaban heridos, pero no se habían dado cuenta. Según vecinos y referentes que hablaron con este diario, en la plaza y en toda la zona quedaron grandes manchas de sangre. La fiscal confirmó la presencia de una gran cantidad de vainas servidas y aseguró que hay varios testigos de lo sucedido. Algunos de esos testigos habrían mencionado un “malestar” entre los jóvenes de la zona y la policía local. En ninguna de las versiones recabadas se manifestó que los chicos llevaran armas de algún tipo.

El comisario Leonardo Paez, de la Departamental Norte, aseguró a Alfil que los efectivos respondieron a una agresión previa, pero los imputados no tuvieron heridas, más allá de alguna excoriación. En su versión, la primera balacera fue en respuesta a los hechos de vandalismo contra el dispensario y al ataque de los jóvenes a los policías que intentaron sacarlos de allí, y luego, para repeler el ataque a la subcomisaría

Fuentes locales aseguraron que, desde antes de la cuarentena, el jefe comunal Darío Heredia, de un partido vecinal que sintoniza con el schiarettismo, impide que los vecinos permanezcan en la calle de noche. Cuando esto sucede, envía a la Policía.

Un grupo Vecinos Autoconvocados, entre los que están los padres de los chicos baleados, emitieron un comunicado relatando los hechos y reclamando justicia. “No estaban haciendo lio, solo no se fueron cuando les dijeron (los policías)”, remarcaron, en un intento de desarmar la versión policial del enfrentamiento.

El crimen y la balacera causó fuerte conmoción en el pueblo y el repudio de referentes tan distintos como la diputada Gabriela Estevez, del Frente de Todos, al dirigente de la Coalición Cívica local Gregorio Hernández Maqueda.  Ayer hubo una reunión de vecinos en la plaza, junto a referentes del Movimiento Campesino, que ofrecieron abogados y asesoramiento. Hoy a las 10 de la mañana podría repetirse el encuentro.