Las ocupaciones ilegales de tierras rondan el 10% de las propiedades

Entre 2004 y este año cayó el número de propietarios y aumentó el de inquilinos; las ocupaciones ilegales se mantienen en el mismo nivel. La dificultad de acceso a la vivienda propia es un problema estructural que en un contexto de acelerado empobrecimiento.

La toma de tierras es una herida más abierta en la Argentina. Sigue la de Guernica en Buenos Aires sin resolver; con un reclamo abierto de la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, por las de los terrenos fiscales de Villa Mascardi y el conflicto en Entre Ríos donde se mantuvo la vigilia de los productores luego de que el exministro de Agricultura, Luis Miguel Etchevehere, denunciara la usurpación de un campo familiar en Entre Ríos y vinculara al dirigente social Juan Grabois. La mayoría de las ocupaciones ilegales tienen motivaciones espurias, pero el caldo de cultivo es el difícil acceso a la vivienda propia.

En lo que va del año, la tendencia a las tomas se profundizó; por un lado están las patagónicas donde aparecen líderes aborígenes esgrimiendo dudosos derechos ancestrales y por otro las del Conurbano bonaerense donde la mayoría de los que ocupan son familias pobres, acciones explícitamente promovidas por organizaciones sociales que toman provecho de la prohibición transitoria de desalojo.

Para tratar de entender estos fenómenos sirve analizar la situación de la tenencia de la vivienda en la población urbana argentina. De un trabajo de Idesa sobre datos de Indec, surge que en el 2004 el 75% de las familias eran propietarias de su vivienda, mientras que en el 2020 se habían reducido al 70%; en el 2004 el 15% de los hogares alquilaba, proporción que sube al 20% en el 2020 y en las dos fechas los ocupantes legales e ilegales se mantienen en el orden del 10% de las familias.

“Estos datos muestran que las dificultades para el acceso a la vivienda propia vienen de larga data. En lo que va del presente siglo, lo que más creció son las familias que alquilan vivienda seguidas por las que ocupan. La dificultad de acceso a la vivienda propia es un problema estructural que en un contexto de acelerado empobrecimiento genera las condiciones propicias para que se organicen las ocupaciones ilegales”, señala el reporte.

En los países bien organizados la vía natural de acceso a la vivienda propia son los préstamos hipotecarios de muy largo plazo (30 / 35 años). Para la mayor parte de la población la vivienda es accesible porque los valores de las cuotas son razonables. Para las familias de muy bajos ingresos también hay acceso a la vivienda con préstamos subsidiados por el Estado para adaptar la cuota a la menor capacidad de pago. En la Argentina, en cambio, el mercado hipotecario de largo plazo no existe debido a la inflación crónica. “Este es un factor de alta regresividad ya que el acceso a la vivienda en base al esfuerzo propio termina siendo un privilegio de las familias de más altos ingresos”, dice el texto.

El segundo factor que impide el acceso a la vivienda propia son las políticas sociales de viviendas. Por un lado, el Estado nacional –que no tiene competencias en materia de vivienda, ya que es jurisdicción provincial y municipal– históricamente ejecutó programas “con mucha demagogia y baja eficacia”. Ejemplo extremo se da en la actual gestión que se creó un ministerio nacional específico con la meta de construir 21.000 viviendas. Es decir, cubriría el 0,5% del déficit habitacional, si llegara a ser exitoso.

Las provincias, que son las responsables por solucionar el déficit habitacional, reciben, desde hace décadas, parte del impuesto a los combustibles de manera automática a través del Fondo Nacional de Vivienda (FONAVI). Idesa sostiene que “una exagerada porción de estos fondos va a burocracia y corrupción. Además, como el diseño y la administración son rudimentarios, las pocas familias beneficiadas (generalmente elegidas de manera clientelar) no devuelven el préstamo con lo cual se construyen muchas menos viviendas de las que se podría. Los problemas se potencian con trabas burocráticas que dificultan el desarrollo de infraestructura urbana y la registración de la titularidad de las propiedades”.

La consultora subraya que el acceso a la vivienda propia tiene alta incidencia en la calidad de vida. Por eso, una política macroeconómica para desarrollar el crédito hipotecario de largo plazo y políticas de viviendas mejor diseñadas y ejecutadas son una poderosa herramienta de inclusión social. Seguir sin hacerlo, es alimentar la proliferación de delitos de ocupación ilegal.