La medida de costos mal calibrados que El Panal sostendrá igual

La estrategia de Córdoba frente al último DNU era descargar las responsabilidades políticas en la Nación. El gobernador Juan Schiaretti no pudo esquivarle a los costos y enfrenta cuestionamientos de distintos sectores. La idea es sostener -como se pueda- lo que ya está decretado hasta que se cumpla el plazo.

Por Yanina Soria

La semana que pasó fue, quizá, de las más agitadas para el gobierno de Juan Schiaretti en término de reclamos sociales frente las nuevas restricciones.

Desde que el mandatario provincial anunció en conferencia de prensa cuál sería el alcance del último DNU de Alberto Fernández que rige para seis departamentos de la provincia y por 14 días, se desencadenó una ola de reclamos que abrió frentes inesperados para el oficialismo. Entre ellos, el capítulo con la Iglesia de Córdoba que, a diferencia del resto de los afectados, rápidamente fue corregido.

Después de siete meses de confinamiento (estricto primero, y luego flexibilizado) y en el momento epidemiológico más sensible para Córdoba, el gobernador consideró apropiado adherir a la medida nacional que pone en Aislamiento, Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) nuevamente a 102 localidades, suspendiendo el funcionamiento de algunos rubros.

Desde lo sanitario, la idea fue disminuir la circulación, achicar el margen de expansión del virus y aplanar la curva de contagios para descomprimir un sistema sanitario que ya está funcionando al tope de su capacidad.

En cambio, desde lo político, la cosa se presuponía más difícil. En el Panal saben acabadamente del rechazo y malestar que provoca en los cordobeses, en este momento, cualquier anuncio vinculado a nuevas limitaciones. Sin embargo, la estrategia era descargar políticamente las responsabilidades de tal imposición en la Nación que, en definitiva, fue la que anunció el nuevo esquema para del interior. Eso sí, consensuado previamente con los mandatarios.

Sin embargo, la realidad superó esa expectativa y el hastío social ya no distingue autoría ni origen de las disposiciones; directamente, las rechaza.

En el Centro Cívico hay quienes admiten por lo bajo que la medida fue mal calibrada y que fue un error al pensar que Schiaretti podría esquivarles a las consecuencias argumentando que la Provincia debía acatar una medida con fuerza de ley. Sobre todo, después de que algunos de sus pares resolvieran no adherir o hacerlo a medias.

En Córdoba, no sólo se levantaron los sectores aludidos por el DNU, sino también los intendentes que, hasta aquí, habían oficiado de grandes contenedores de cada una de las decisiones que tomó la Provincia durante la pandemia.

La rebelión de muchos de ellos, propios y ajenos, encendió una luz de alerta en el Panal donde saben que, sin su colaboración, la medida no alcanzará su objetivo.

Los hechos demuestran que el costo más alto lo está pagando el gobernador Schiaretti quien, pese a las crecientes presiones de los distintos sectores, hasta aquí, sólo “corrigió” lo que fue considerado un “mal entendido” con la Iglesia.

El resto de los rubros afectados como bares y restoranes, gimnasios, natatorios, entre otros, recibieron un anuncio de ayudas económicas (que consideraron insuficientes) pero seguirán como están: sin poder abrir sus puertas.

Al gobierno todavía le queda enfrentar esta semana completa bajo las mismas condiciones ya que la disposición nacional rige hasta el 25 de octubre.

En principio, en el Centro Cívico no sólo no tienen previsto modificar ese esquema sino que la idea es sostener como se pueda lo que ya está decretado hasta que se cumpla el plazo.

“Hay que aguantar un poco más. Ya estamos jugados, ahora hay que trabajar para obtener los resultados deseados”, dijo una alta fuente del Panal que además descartó la posibilidad de que la cuarentena estricta pueda extenderse más allá de estos 14 días.

Ahora, Schiaretti espera que pagar los platos rotos por un DNU del presidente no haya sido en vano y que, efectivamente, las restricciones surjan el efecto epidemiológico buscado. Porque sólo así, con datos fehacientes en la mano, el gobernador podrá demostrar que, después de todo, el camino que eligió era el correcto.