El mito de Orfeo

Muchos han visto la oportunidad para pedir que el Orfeo sea expropiado, basados en el mito de que el Estado puede administrar eficientemente cosas que exceden sus funciones.

Por Javier Boher
No caben dudas de que la gestión de lo público es difícil. Múltiples demandas, de diversos actores y con distinta relevancia, que deben ser enfrentadas de una manera creativa y positiva, tratando de que la decisión que se adopte no sea vista por los involucrados como una derrota. Pocas palabras para sintetizar una tarea harto compleja.
Hay, además, otros factores que hacen más complicada la misión. La desigualdad socioeconómica, la recesión, la cantidad de involucrados o el desarrollo territorial del distrito en cuestión. Todo se combina para dificultar la labor, disuadiendo a algunos de encararla, dejando a cargo a los más avezados (o inconscientes).
Hace un par de semanas se supo que el propietario del superdomo Orfeo había iniciado diversidad gestiones para reducir el costo del mantenimiento del estadio. Según sus palabras, mantenerlo cerrado le cuesta alrededor de $1.700.000 por mes, casi doce millones de pesos desde el inicio de la cuarentena. Como el Estado (en todos sus niveles) no hizo grandes esfuerzos por ayudar a los sectores de espectáculos y turismo, las gestiones terminaron siendo infructuosas.
No pasó mucho tiempo hasta que se conoció que la crisis los llevó un paso más allá: antes de ayer se presentó el pedido para demoler un símbolo del entretenimiento capitalino, que ha recibido espectáculos artísticos y deportivos a lo largo de sus 18 años de existencia.
La noticia no pasó inadvertida. Rápidamente todos los cordobeses tuvieron algo para decir al respecto, sea por la posible desaparición física del superdomo como por lo que se planea hacer en el lugar, un emprendimiento inmobiliario similar al que ya existe cruzando el puente peatonal.
Esto no sería más que una noticia inmobiliaria en cualquier lugar del mundo. Acá, sin embargo, desnudó toda una serie de intereses y lugares comunes que reflejan la inviabilidad de la cosmovisión política de los adoradores del Estado, que parecen no entender que lo urgente y lo prioritario no deben ser desplazados por motivaciones lacrimógenas o nostálgicas.
Según se supo ayer, la ciudad decidiría declararlo patrimonio cultural de la ciudad. Es decir, patearía el problema hacia adelante, evitando tomar decisiones de fondo en un momento tan delicado.
Lo llamativo es que haya gente tan confundida respecto a tantas cosas a la vez. Por ejemplo, creyendo que el Estado municipal está en condiciones de comprar y administrar el lugar. Pasó con no menos de media docena de lugares (como el teatro comedia, la piojera o los centros culturales) que sólo han servido para ubicar militantes y amigos pagados con el dinero de los impuestos de todos los cordobeses. ¿Se justifica que el sector público mantenga estructuras como esas?.
Otros plantearon que al millonario dueño no le significa nada mantenerlo durante tanto tiempo sin actividad. Ahora bien, ¿qué justificaría que tenga que pagar de su bolsillo algo que va a ser una de las últimas actividades en volver?¿Por qué clase de altruismo un empresario -cuyo objetivo es ganar plata- va a hacerse cargo de las pérdidas que significa que eso esté abierto?.
Tal como suele suceder en este país, aquella solución de pateaar todo para adelante no va a resolver nada y va a empeorar todo. El dueño no podrá disponer de su propiedad para minimizar sus pérdidas o para ganar dinero. Seguramente el Estado, probado por la opinión pública, destine algún tipo de ayuda económica para mantenerlo en pie, que pagarán todos los ciudadanos aunque tenga las puertas cerradas. Preocupado por el valor artístico, cultural o arquitectónico creará una comisión de trabajo que le costará dinero y personal involucrado en administrar o pensar usos para algo considerablemente menos importante que escuelas, dispensarios, cloacas o asfalto.
Así, el tiempo determinará cuál será la suerte del Orfeo, un lugar emblemático de las últimas dos décadas para los cordobeses. Sin embargo, nada justifica esos planteos ridículos de traspasarlo al sector público, que ya viene bastante golpeado por decisiones similares (aunque de menor envergadura) tomadas por gestiones anteriores.
Al menos una vez deberíamos tratar de aprender de los errores y dejar que las cosas discurran de la mejor manera posible para la mayoría de los cordobeses. Así les ahorraríamos el disgusto de pagar más impuestos para cumplir el capricho de un puñado de interesados que no contempla las verdaderas dificultades de gestionar la cosa pública, obnubilados por el mito de que el Estado puede administrar eficientemente cosas que exceden sus funciones.