Perón contra los mapuches: se abolió el credo del Estado

La ocupación de tierras públicas de Bariloche (bajo jurisdicción del ejército) revela que los miembros del Estado ya no respetan ni sus símbolos otrora sagrados.

Por Javier Boher
El Estado es una institución política que regula la vida en sociedad, asegurando el respeto de ciertas leyes y ejerciendo la soberanía sobre un territorio ocupado por una población. Hasta ahí, una definición simple, sin más profundidad que manual de geografía de secundario.
Sin embargo, esa letra fría de diccionario no le hace honor a todo lo que está detrás del Estado. Aunque es previo al republicanismo o la democracia, es condición necesaria para que ambos existan. Para que eso ocurra, el Estado garantiza el mismo acceso a los derechos, una ley de cumplimiento obligatorio para todos los ciudadanos y una identidad común que permite que esa estructura política sobreviva pese al paso del tiempo.
Casi ninguno de los supuestos previos se cumple en lo que se está viendo a lo largo y ancho del país, pero particularmente con fuerza en la Patagonia “mapuche”. Una fracción de la sociedad, reclamando el dominio sobre tierras públicas fundamentado en una Constitución que reconoce derechos previos a la existencia del Estado, pone en riesgo los elemento centrales de la ficción colectiva que llamamos Argentina.
La ocupación por parte de grupos autodenominados mapuches de terrenos bajo control del ejército argentino -y la posterior orden de las autoridades federales de no confrontar con los usurpadores- es una claudicación ante los principios que sostienen la misma existencia del Estado, por cuanto se rompe la cadena de autoridad que garantiza la primacía de un conjunto de leyes que garanticen la convivencia.
¿Y si los mapuches -identidad previa a la argentina- vinieran desde Chile a usurpar las tierras? La identidad colectiva sería la misma, pero habría un componente foráneo en la ocupación, que debería ser repetido por parte de las mismas Fuerzas Armadas a las que se les pide no hacerlo.
En el progresivo desmembramiento del país, la canibalización de lo público continúa sin fin. Cada facción, banda o mafia que puede hacerse de una parte del Estado y sus dominios lo hace sin dudarlo, en detrimento del bien colectivo encarnado en la figura del Estado.
La decisión de las carteras de Seguridad y Defensa es una provocación innecesaria a todos los que -en base al esfuerzo y el sacrificio- contribuyen al sostenimiento simbólico y económico de un país que ya no existe. Esa decisión puede explicarse no sólo por los fundamentos ideológicos que son funcionales a la acción de desgobierno nacional, sino también como una agenda clara de erosión de la figura presidencial.
La incertidumbre y confusión que transmite el gobierno nacional deja en evidencia que la interna ha entrado en una fase autodestructiva, que no sólo va a arrastrar a los involucrados, sino también al resto de los ciudadanos. El rol del presidente se ha diluido hasta transformarse en un desmentidor de rumores y acciones que parten desde esa usina del mal que han dado en llamar Instituto Patria.
El kirchnerismo duro ha decidido que llegó el momento de tensar la cuerda a niveles alarmantes, recurriendo a provocaciones innecesarias, que son demenciales incluso para sus propios estándares. La amenaza de juicio político a todos los miembros de la corte, el apoyo a la dictadura de Maduro en la OEA, la extensión indefinida de la cuarentena (junto al colapso sanitario que asoma por su pésima gestión de la pandemia) y ahora la obligación de abstenerse ante una invasión de las tierras administradas por el ejército son todos claros indicadores de un gobierno que ha decidido poner fin a su mandato, aunque busca la forma de dejar el poder victimizándose. Si la reforma de la justicia no prospera, desarmamos el Estado que la sostiene al sumir a la población en el caos.
Ayer se cumplieron 125 años del nacimiento del último gran líder político de la Argentina, que sigue marcando el ritmo político del país pese a que ya pasó casi medio siglo desde su fallecimiento. Muchas figuras políticas del gobierno y la oposición reivindicaron su figura en tiempos tan delicados. Por esas ironías de la vida, la escuela de alta montaña que funciona en Bariloche -y cuyas tierras fueron usurpadas- lleva el nombre de Juan Domingo Perón.
Lo que otrora fuera sagrado para la nación Argentina fue vulnerado bajo el apañamiento de los que dicen ser sus herederos. Vaya paradoja de un Estado que ya no puede hacer frente ni a los más básicos de los supuestos que fundamentan y justifican su existencia.