En el pico de la pandemia, el TSJ aumentó el costo de la justicia

La financiación de la tasa de justicia del Poder Judicial provincial pasó del 2 al 3% mensual, a partir de una reciente resolución del alto cuerpo. El índice quedó arriba de la inflación de agosto, que fue una de las más altas del año. En Tribunales aseguran que quieren evitar la especulación.

Bettina Marengo

Desde el 1 de octubre, acceder a la Justicia de Córdoba es más caro. El pasado 21 de septiembre, el Tribunal Superior de Justicia firmó el Acuerdo Reglamentario N° 185, que aumentó un 50% los intereses de los planes de pago de la tasa de justicia, que pasaron del 2 al 3% mensual directo. Es decir, del 24 al 36% anual, más interés por mora. El índice quedó arriba de la inflación de julio y agosto (1,9 y 2,7%, respectivamente, según Indec) y muy por encima de la previsión inflacionaria del Presupuesto nacional 2021, que establece el 28% anual, que será la base para la elaboración del Presupuesto provincial.

El incremento se resolvió en medio de la crisis sanitaria inédita, mientras Córdoba atraviesa el pico de la pandemia del Covid 19, con el 20% de los cordobeses desempleados y una pobreza que roza el 41%. Lo extraordinario de la situación hizo que, durante la fase más restrictiva del aislamiento social por el coronavirus, el TSJ suspendiera los intereses por mora.

Sin embargo, entre la firma del acuerdo y su publicación en el Boletín Oficial, el 29 de septiembre, corrieron cinco días hábiles, en los cuales no se adelantó al público en general del inminente cambio, pese a que la medida era económicamente perjudicial.

La tasa de justicia es lo que cobra el Poder Judicial a quien solicita el servicio de justicia. En la Provincia es del 2% del total del monto de la demanda y hay planes de financiación de hasta 24 cuotas, previo pago de un adelanto. Existe el beneficio de litigar sin gastos para determinadas condiciones, pero no es universal.

La medida del máximo tribunal incrementa directamente los costos que asume un ciudadano o una persona jurídica que pide un plan de pago en el marco de un reclamo judicial por un determinado reconocimiento civil, porque siente lesionados sus derechos: desde un juicio de divorcio con división de bienes, a un reclamo de un particular por daños y perjuicios, o un planteo empresarial.

En los considerandos de la Resolución que firmaron los jueves María Cáceres de Bollati (titular), Domingo Sesín, Sebastián López Peña y Luis Angulo (vocales), y el administrador Ricardo Roserberg, se indicó que “la situación de emergencia económica, financiera y cambiaria que afecta a la Nación y de la cual no es ajena la Provincia de Córdoba hace necesario adoptar medidas complementarias que permitan asegurar de algún modo la percepción de la Tasa de Justicia”.

Si bien el alto cuerpo tiene potestad para tomar la decisión (aunque algunos juristas cuestionan la constitucionalidad de las facultades de regulación impositiva del TSJ), surge la pregunta sobre el sentido de la oportunidad y de la sintonía social de los máximos responsables de la justicia cordobesa.

El incremento del costo de la financiación contrasta con la decisión de los distintos niveles y poderes del Estado de alivianar a los ciudadanos y a las personas jurídicas en medio de la crisis. Por ejemplo, el Congreso de la Nación aprobó el mes pasado una moratoria para deudas con la Afip con el 2% del interés mensual hasta enero 2021 y en hasta 120 meses.

Desde la Oficina de Tasa de Justicia de Tribunales indicaron al diario Alfil que los intereses estaban “atrasados”, que el índice regía desde 2010 y que estaban por debajo de los que cobran otros organismos estatales recaudatorios.

Sin embargo, el año pasado, con tasas de mercado mucho más altas que las actuales, Rentas de la Provincia lanzó planes de pago de impuestos con una tasa del 1,5% mensual y con mayor cantidad de cuotas.  En algunos casos, esos planes hoy siguen vigentes.

En el Palacio de Justicia remarcaron que la intención no es compensar la inflación sino promover la “disponibilidad de dinero” en las causas en trámite porque, con la tasa anterior, a una persona o empresa le convenía especular financieramente antes que pagar sus obligaciones. Y destacaron que el 3% mensual es inferior al que cobra un banco por un crédito, en una comparación que equipara el sistema judicial con el sistema financiero.

En cualquier caso, hoy el TSJ cobra tasas de interés superiores a las que paga el Banco Nación por un plazo fijo en peso a 30 días, que está en el orden del 27% anual.