El gobierno, dispuesto a premiar a los que delinquen

El gobierno nacional se ha vuelto un conglomerado incomprensible de ideologías, aspiraciones y liderazgos.

Por Pablo Esteban Dávila

El gobierno nacional se ha vuelto un conglomerado incomprensible de ideologías, aspiraciones y liderazgos. Cualquier cosa puede suceder dentro de su seno. Ya ni siquiera sorprenden las groseras contradicciones que ocurren, cada vez con más frecuencia, en sus sistemas de toma de decisión.

Ayer, en apenas una jornada, la administración que conduce Alberto Fernández mostró que es capaz de abstenerse de hacer cumplir la ley a lo grande, amén de optar por los delincuentes en detrimento de quienes se encuentran a derecho. Se trata de dos episodios de tomas de terrenos en el sur del país. Uno, ya antiguo, en inmediaciones del lago Mascardi; el otro, reciente, en predios del Ejército Argentino en inmediaciones de Bariloche.

Este último tiene características surrealistas. En los últimos días, la incomprobable comunidad mapuche Millalonco Ranquehue tomó unas 700 hectáreas de la Escuela Militar de Montaña denominada, paradójicamente, “Teniente General Juan Domingo Perón”. Los uniformados, en uso de sus facultades, desalojaron de inmediato a los intrusos y apostaron centinelas sobre el terreno recuperado para desalentar a los intrusos. Horas después, el Ministro de Defensa, Agustín Rossi, ordenó el repliegue de estos efectivos sus posiciones originales. Algún nostálgico podría escribir que el Ejército perdió en los papeles lo que supo ganar en la acción.

En abstracto, las instrucciones del ministro son delirantes. Ordenó al Ejército que no ocupe terrenos federales, que pertenecen a la fuerza, dejando nuevamente expedito el camino a los okupas. Pero es todavía más increíble que haya sido el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) que lo haya convencido de disponer la retirada. El Instituto, aparentemente, reparte propiedades públicas con discrecionalidad mayestática, aunque estas ya tengan dueño y no exista una ley que ampare las transferencias dispuestas. Si el presidente no pone orden entre sus funcionarios pronto reinará el caos.

El viejo pleito de los terrenos en Villa Mascardi, por su parte, tuvo un nuevo capítulo al filtrarse una iniciativa de la inefable ministra de Seguridad de la Nación. Sabina Frederic se propone ceder siete hectáreas del Parque Nacional Nahuel Huapi a la comunidad Lafken Winkul Mapu, que usurpa 30 hectáreas en el sector desde 2017, a cambio de que sus militantes suspendan de manera definitiva cualquier tipo de ataque o actividad violenta contra los vecinos o sobre la ruta 40. En pocas palabras, la funcionaria premiaría a estos delincuentes por delinquir.

Tanta confusión conceptual es preocupante. Si la responsable de la seguridad está dispuesta a avalar conductas ilegales, entonces, ¿para que está? Frederic convalida dos graves afrentas al orden constitucional: el ataque a la propiedad ajena (pública o privada) y las amenazas como instrumento para lograr fines ilícitos.

Para evitar caer en teorizaciones absurdas, del estilo que tanto agradan a los progresistas acomplejados, bueno es poner las cosas en claro y volver al nudo del asunto. En ambas tomas se trata de grupos organizados, que dicen pertenecer a una comunidad con derechos ancestrales y que ocupan ilegalmente tierras argumentando títulos desde tiempos de los que no existen noticias. No hay papeles ni antecedentes serios que avalen, tan siquiera, una mínima consideración legal frente al atropello. Además, y como si no fuera suficiente tanta impunidad, se dedican a amedrentar y extorsionar a vecinos y pobladores en general que, todas las veces que pueden, protestan contra los usurpadores. Son razones suficientes para proceder al desalojo sin más, sin perjuicio de acometer con decididos procesos penales.

Sin embargo, esto no sucede nunca. Funcionarios, jueces y fiscales se pasan la pelota frente al estupor de los vecinos y del resto del país. Las fuerzas de seguridad, mientras tanto, se limitan a custodiar a los delincuentes. Y, ahora, Frederic les propone ceder tierras (que pertenecen a todos los argentinos) a cambio de paz, un verdadero escándalo. En cualquier país del mundo sería invitada a renunciar de inmediato.

Lo más grave del caso es que Frederic está realmente convencida de lo que hace. Ella trabaja para los delinquen con el ardor de quien persigue una causa justa. Dejando de lado el problema, no menor, de un gabinete que ha sido loteado por Cristina Fernández, el gobierno padece del secuestro ideológico por parte del confuso pensamiento de la izquierda progre. Basta que cualquiera se proclame víctima estructural de la sociedad capitalista -o del patriarcado, la heterosexualidad o del “hombre blanco”, no hay límites para las tonterías- para que quienes deben hacer cumplir la ley abdiquen de sus evidentes responsabilidades. Estos mártires imaginarios pueden ser desde pibes chorros (transformados en delincuentes por el sistema), hasta supuestos integrantes de pueblos originarios.

Semejante concepción invierte el propósito del Estado que, de regirse por la ley, se convierte en un mediador entre los delincuentes y el derecho. Los funcionarios se transforman, de esta forma, en relativistas sociales, revolucionarios de escritorio que descreen de la Constitución sobre la cual han jurado. El INAI y el Ministerio de Seguridad son intérpretes de lo que sucede, no los conductores de la realidad que deben administrar.

No es un tema menor ni anecdótico, como puede colegirse. Si el gobierno decide aplicar las normas conforme a un criterio sociológico, el resto de los argentinos, obligados a cumplirla sin más, tienen derecho a reclamar el mismo trato. Si se trata de dificultades y carencias, ejemplos sobran en todo el tejido social, no solo en quienes cultivan el pobrismo. Y, si se refiere a discriminaciones, basta preguntar a la gente de campo como se sienten respecto de los poderosos de turno. Afortunadamente, la reacción de quienes pagan impuestos, de los que tratan de honrar sus obligaciones e intentan comportarse como buenos ciudadanos no se traduce en demandas de balcanización de la legalidad para su propia conveniencia. Ellos exigen, simplemente, igualdad ante la ley, que es la base de la convivencia civilizada. Algo que, por el momento, no se encuentra en la agenda presidencial, con las consecuencias a la vista.