Justicia perseguirás

El escrache contra el juez de la Corte, Ricardo Lorenzetti, nos lleva a reflexionar sobre la justicia y la rendición de cuentas.

Por Javier Boher
El sistema de gobierno republicano tiene algunos preceptos muy claros que ayudan a definirlo como precisión. La división de poderes es uno de los rasgos más conocidos, junto a la periodicidad en los mandatos y la legitimidad electoral. Pero no son los únicos. La posibilidad de exigir que se rindan cuentas también es fundamental.
Con años y años tratando de evadir responsabilidades o esquivando los frenos y contrapesos según los cuales cada poder es controlado por otro, los políticos fueron encontrando la forma de debilitar las bases sobre las que se asienta todo el sistema. Así, la obligación de los funcionarios de rendir cuentas ante la ciudadanía se fue haciendo una costumbre cada vez más lejana en el tiempo (si es que alguna vez realmente existió).
El poder ejecutivo es el más expuesto a estas cuestiones, ya que son la cara visible de cada gobierno, rindiendo cuentas en las urnas cada cuatro años. El poder legislativo, aunque un tanto más escondido, también debe pasar por la misma validación electoral. El poder judicial, por su parte, nunca rinde cuentas ante nadie, a excepción de sus pares, igual de interesados que ellos por mantener sus privilegios. Aunque deba ser la garantía de la República, es el menos republicano de los tres poderes.
Así, cansados por la inmoralidad que exhiben en sus actos de gobierno (lo que son en definitiva sus fallos), los ciudadanos han decidido exigirles de maneras poco habituales que recuerden de dónde emana su poder, que no es otro lugar (o sujeto) que el pueblo. Así, el fin de semana los vecinos de Ricardo Lorenzetti decidieron salir a recordarle cómo se ubica políticamente la ciudad de Rafaela, lugar de origen del ex presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En caravana con sus autos, tocando bocina y entonando algunos cantos, los rafaelinos le refrescaron al juez del máximo tribunal que el poder judicial es un poder político, con consecuencias políticas y sobre el que se opera políticamente. Habituados a las reuniones privadas, a las visitas de políticos y operadores o a los pactos en las sombras, el calor de las calles encendió las alarmas en los que creen que los jueces pueden mantenerse al margen de lo que pasa entre los ciudadanos comunes, que sufren las verdaderas consecuencias de la corrupción, la exclusión y el amiguismo.
Ese poder oligárquico de vio la cara con el soberano que reconoce la Constitución, aunque ésta también diga que ninguna reunión puede arrogarse la representación del pueblo ni peticiinat violentamente a las autoridades, parte de la mesura de la letra liberal de la carta magna, que preserva los mecanismos que aseguren los derechos de las minorías.
Al respecto, varios funcionarios del gobierno nacional decidieron expresarse en repudio de la intimidación a Lorenzetti, uno de los cinco jueces que deberá sentar posición respecto al desprolijo desplazamiento de los jueces que atienden en causas vinculadas a la vicepresidenta y sus presuntos actos de corrupción.
Lo que muchos de ellos eligen obviar, es que esos mecanismos son los mismos que se legitimaron desde el poder a lo largo de tres periodos presidenciales. Todos los que tienen algunos años pueden recordar cuando los asambleístas de Entre Ríos bloqueaban el paso a Uruguay. Otros tantos recordarán los carteles con nombres de periodistas en las calles de Buenos Aires, los piquetes, la ocupación de comisarías, a un fiscal partidario que en una elecciones se negó a saludar al presidente o las movilizaciones pidiendo la renuncia de tal o cual funcionario por algún episodio discutible.
Todas esas prácticas tienen su origen en la marginalidad de los ’90, en los excluidos del proceso político de la Convertibilidad. Aquellos que escrachaban a militares o funcionarios, hoy son funcionarios de gobierno. Aquellos que organizaban piquetes o tomas de fábricas hoy están del lado de los que tienen el poder. En ese sentido, la frivolidad de la década menemista trajo una reacción ultrapolitizada, que se encargó de demoler lo sagrado, independientemente de los objetivos que haya perseguido esa iconoclasia o los logros efectivamente alcanzados.
Destruyeron las reglas (y aún lo hacen), pero cuando las necesitan las pidieron de vuelta. Hicieron. Del escrache y la persecución desde los estrados un culto, pero lo rechazaron cuando cobró vida propia y se les empezó a volver en contra. Condenaron a beber la cicuta, pero rehusaron hacerlo cuando se la ofrecieron a ellos.
En un sistema democrático y republicano las disputas y entredichos jamás deben dirimirse en las calles, apelando a la fuerza organizada, al músculo que impone voluntades ni a la superioridad numérica detrás del resultado de las urnas.
Aunque parezca válido reclamarle de ese modo al Poder Judicial, la máxima establece que “justicia perseguirás”, no a la justicia.