Crimen policial de Blas: el CELS pidió cambios a Schiaretti

La entidad que preside Verbitsky y la Facultad de Ciencias Sociales de la UNC le reclamaron al gobernador la apertura de una instancia mixta de diálogo para generar cambios en la Policía. Aseguran que la violencia policial se incrementó en la pandemia.

Bettina Marengo

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Facultad de Ciencias Sociales de la UNC reclamaron al gobernador Juan Schiaretti la apertura de una mesa de diálogo con actores estatales y no estatales para abordar el problema de la violencia policial en la provincia, cuyo último y dramático caso fue el asesinato del adolescente Blas Correas. El pedido llegó a través de una carta dirigida al mandatario y presentada anteayer en el Panal, que también lleva la firma de una docena de organizaciones locales de derechos humanos.

Aunque el escrito admite “avances importantes en los últimos años” en relación a las detenciones arbitrarias, remarca que continúa el hostigamiento policial en barrios periféricos. Y dice que se agrandaron en contexto de pandemia. Los firmantes apuntaron a “los graves hechos de violencia institucional protagonizados por la Policía de Córdoba en los últimos meses”, con los efectivos policiales como “custodios” de la movilidad ciudadana.

Lejos de enfocarse en el asesinato de Blas, que tuvo alta visibilidad social y logró sacudir a sectores generalmente poco interesados en los casos de “gatillo fácil”, el CELS y la FCS hicieron hincapié en un “un contexto de aumento y profundización” de este tipo de hechos, prohijados por el escenario cuarentena. Según lo afirmado, desde que comenzaron las restricciones por el Covid, hubo en Córdoba otros seis casos de violencia policial, además de Blas, que terminaron de manera fatal.

Además, los firmantes remarcaron que, en la nueva normalidad, la violencia y el abuso policial se producen “tanto en barrios de sectores populares como en las ‘nuevas interacciones’ policiales, en barrios y con sectores sociales no habituados a estas intervenciones policiales, como lo son los sectores medios y altos”. Remarcar esto último es novedoso como foco, y en cierta forma diferencia este planteo del histórico de la Marcha de la Gorra, colectivo que nació en Córdoba hace 15 años para repudiar la violencia contra los grupos “portadores de rostro” en sectores pobres, que luego se extendió a distintos puntos del país.

Por lo demás, consideran una buena medida, pero insuficiente, el recambio parcial de la cúpula de la Policía provincial tras el caso Blas, que no incluyó la remoción de su jefe, Gustavo Vélez, y retomaron la promesa del ministro de Seguridad, Alfonso Mosquera, que habló de cambios “integrales” en la fuerza. “Solicitamos información sobre las acciones políticas e institucionales emprendidas a la fecha” para “controlar y profesionalizar” la institución, reclamaron. En esa línea, una de las propuestas elevadas al Panal es fortalecer el control civil y político a las fuerzas, “asumiendo mayores tareas desde el ejecutivo provincial y en articulación con el Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial de Córdoba”.

Hasta ahora, Schiaretti no ha hablado públicamente del asesinato de Blas ni, por consejo de sus asesores, se reunió con la familia del chico. Tampoco “entregó” a su ministro de Seguridad, pero el crimen y la marcha multitudinaria para pedir justicia, marcó el inicio de un proceso de malhumor social con el gobierno provincial que también tiene que ver con la pandemia, los incendios y la situación económica, en el marco de un agotamiento ciudadano frente a una gestión de dos décadas.

La idea de la carta a Schiaretti partió del CELS que conduce el periodista Horacio Verbitsky, concretamente desde el área de Justicia y Seguridad, donde está Manuel Trufó. El Centro envió textos similares al gobernador de Tucumán, Juan Manzur, y a otros mandatarios, y se planteó Córdoba como objetivo a partir de los últimos hechos. En el caso de Córdoba, en articulación con la Facultad cuya decana es María Inés Peralta, se resolvió convocar a distintas organizaciones de derechos humanos como La Poderosa, la Mesa de Derechos Humanos Córdoba, Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, la Asociación Pensamiento Penal de Córdoba, entre varias otras. Según las fuentes que hablaron con este diario, si prospera el armado de la mesa de diálogo y propuestas que le piden a Schiaretti, convocarán a sindicatos (aunque Luz y Fuerza es uno de los firmantes) y a organizaciones territoriales y barriales.