Córdoba evita la grieta nacional por las clases presenciales

La Nación y CABA salieron con posiciones diferentes luego de una reunión para avanzar en las clases en lugares abiertos que reclama Rodriguez Larreta. Negri exigió que la Casa Rosada dé autonomía a las provincias para definir. Trotta buscó apoyo en Córdoba.

Por Bettina Marengo

El gobierno nacional y el de CABA avanzaron pero no acordaron la vuelta a clases presenciales de 6.500 estudiantes sin conectividad. Ayer se reunieron el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, con su homóloga porteña, Soledad Acuña, pero aunque el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta habló de acuerdo, el funcionario nacional relativizó el alcance de las definiciones.

Hasta ahora, la Nación autorizó clases presenciales en algunas pocas localidades con bajos niveles de contagios, como en La Pampa, con inmediata vuelta atrás cuando éstos se disparan, como en San Juan. Cualquier otra habilitación significaría un cambio de posición de Trotta.

Como la cuarentena, la educación presencial o virtual quedó en medio de la grieta entre el gobierno de Alberto Fernández y Juntos por el Cambio, casi como una extensión de la disputa de sentido sobre el valor “mérito”.

En la Casa Rosada apuntan a que el índice de infecciones no siga en ascenso y que la demanda de atención por Covid no sature los servicios de salud, ya colapsados en varias provincias. La oposición, montada en reclamos de diversos sectores sociales y económicos desgastados por las restricciones de la pandemia, insiste con que se podría volver a las clases presenciales con protocolo, y habla de “tragedia educativa”.

Más temprano que tarde, el debate se va a instalar en la política cordobesa.

Ayer, el diputado Mario Negri, referente de Juntos por el Cambio a nivel nacional y también en Córdoba, reclamó en redes el regreso a “la escuela”: “La escuela, con un protocolo estricto, está capacitada para sostener a los alumnos y alumnas que lo necesitan de manera urgente”, manifestó . El dirigente radical sostuvo que las autoridades nacionales tienen que respetar las  autonomías provinciales en materia educativa para que cada jurisdicción tome “medidas flexibles y dinámicas”. No fue el único.

El gobierno de Juan Schiaretti no ha dado señales de seguir los pasos de Larreta en el pedido de autorización para alguna forma presencial de clases. Ambos mandatarios manejan en sus distritos niveles de flexibilización similar en actividades productivas, comerciales y sociales y, de hecho, son los más aperturistas del país.

En recientes contactos, Trotta ha buscado apoyo en Schiaretti y en su ministro de Educación, Walter Grahovac, para sostener la escolaridad virtual como se está dando, a tres meses de que finalice el año y, como se dijo arriba, con riesgo de saturación hospitalaria. Para Nación y Provincia, el peor escenario es la imagen de pacientes que mueran sin atención medica.

A nivel nacional entienden que Grahovac, con una década de experiencia en el cargo, es uno de los ministros que integra el Consejo Federal de Educación con mayor ascendente entre sus pares.

Hace una semana, el titular de Educación remarcó que la vuelta a la escuela de los 1.200.000 estudiantes que hay en la Provincia de Córdoba, más las 80 mil personas que se movilizarían, entre docentes, transportistas, y padres, sería un peligro para la salud, e indicó que el gobierno “se prepara para lo peor”, es decir, que este año no haya regreso a las aulas.

En cualquier caso, en los pasillos de El Panal admiten que si las encuestas habituales empiezan a dar cuenta de un reclamo social fuerte por la vuelta a la presencialidad, que ponga en riesgo la imagen del gobernador o de su gobierno, podría haber retoques. Lo mismo, si los reclamos callejeros contra el gobierno de Alberto Fernández empiezan a pegarle por ese tema. Así sucedió con cuestiones como la expropiación de Vicentin o la ley de reforma judicial: los sondeos fueron determinantes en las decisiones del gobernador.

Habrá que ver qué sucede y cuánto incide un petitorio virtual nacional que pusieron en marcha un grupo de “padres autoconvocados” que reclama la apertura de las escuelas.
Por ahora, la Provincia seguirá en la línea de fortalecer la digitalización de los estudiantes con la adquisición de 50 mil notebooks con conectividad para entregar a familias vulnerables.

Por otra parte, los gremios docentes mayoritarios, con Ctera a la cabeza y la Uepc en la provincia, consideran que no hay condiciones para que docentes y estudiantes vuelvan a las clases con asistencia al aula (o al patio, como pretenden las autoridades de CABA). Sin embargo, hay voces disidentes a las filas gremiales. La legisladora Sara García, de la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), y titular de la comisión de Educación de la Legislatura, consideró imperioso que los estudiantes regresen al modo habitual de escolaridad y reclamó que Trotta le abra la puertas a las provincias para avanzar en ese sentido.