Aporte solidario: G6 y rurales, lejos de la posición de Urquía

El titular de AGD dijo que no está de acuerdo con un tributo que grave sobre bienes radicados en Argentina, pero sí sobre los que están en el exterior. Se lo hizo saber a los legisladores nacionales por Córdoba. Empresarios cordobeses, en la vereda del frente del Frente de Todos, sostienen que “todo sale del mismo bolsillo”. Analizan posiciones.

Bettina Marengo

El impuesto extraordinario a las grandes fortunas recibiría hoy dictamen de Comisión en Diputados y en teoría quedaría en condiciones de obtener media sanción el miércoles en la cámara baja, con los votos del oficialismo y de los bloques aliados a Frente de Todos, entre ellos el de Córdoba Federal que responde al gobernador Juan Schiaretti. Si esto sucede, el paso por el Senado no ofrecería dificultades.

Aunque el oficialismo logre el apoyo parlamentario, las objeciones empresariales no lograron allanarse, pero las posiciones tienen matices. No es la misma la de AEA que la de la UIA, ni la del G6 cordobés que la Roberto Urquía, uno de los principales agroexportadores de Córdoba y el país.

En una nota con el programa Pasaron Cosas, de la porteña Radio con Vos, Urquía dijo que le parece “justo” que el gravamen alcance a los bienes y ahorros radicados en el exterior, pero no a los titulares de bienes y acciones de empresas que generan “miles de puestos de trabajo” en Argentina, porque desalentarían las inversiones. Sin mencionarlo, hizo referencia a firmas como Arcor o la propia AGD. “Si se gravan depósitos y bienes de argentinos en el mundo, ese es un buen impuesto a la riqueza; si es sobre lo que genera mano de obra, no va a incentivar seguir invirtiendo, hará dudar”, afirmó el empresario, para quien el oficialismo “mezcló todo” con este tributo.

En cuanto al patrimonio registrado en el país, consideró que bienes como un avión privado o un barco que no se usa para la producción, podrían ser imponibles porque indican riqueza. “Son una joya”, definió.

Según supo el diario Alfil, el titular de ACG le hizo llegar a los diputados y senadores nacionales por Córdoba un mensaje con su posición. Concretamente, sobre lo que considera la necesidad de exceptuar del activo a tributar, las acciones de empresas radicadas en el país que generan actividad económica y puestos de trabajo. “Desconocemos que posición van a tomar los legisladores”, indicaron cerca del exsenador del Frente para la Victoria.

Se sabe que los diputados y senadores representantes de Juntos por el Cambio rechazarán de plano el tributo, y que los diputados schiarettistas, acompañarían al Frente de Todos.

La posición de Urquía no es compartida por los referentes del G6 ni del sector rural cordobés, que hoy se reunirán para evaluar el tema en el marco de la Mesa de Enlace.

Hasta ahora, el empresariado de esta provincia no ha fijado una posición conjunta; sólo la Bolsa de Comercio ha emitido un comunicado criticando el Aporte Solidario Obligatorio, al que cuestionó en su legalidad y por sus “efectos adversos en una economía muy afectada por la cuarentena”.

Anoticiado de la posición “intermedia” de Urquía, un referente del G6 dijo lo siguiente a Alfil: “No estoy de acuerdo con ninguna forma de impuesto. No creo que muchos colegas empresarios apoyen esto (que se grave bienes en el exterior). Todo el dinero sale del mismo bolsillo. Lo que se paga en impuestos no se invierte en actividad productiva. Es una ingenuidad pensar distinto”.

Se calcula que aproximadamente el 9% de las 12 mil personas con patrimonios superiores a los 200 millones de pesos, a las que alcanzará el aporte, son cordobeses, aunque no todos son empresarios productivos.

La iniciativa del oficialismo plantea gravar por única vez las fortunas de las personas físicas con patrimonios superiores a los 200 millones de pesos, con alícuotas ascendentes del 2 al 3,5%. En caso de los bienes en el exterior, se recargaría un 50%.

Respecto a las alícuotas que considera acertadas, Urquía evitó dar opinión en la nota citada arriba, con el argumento de que los proyectos de ley pueden cambiar antes de su sanción definitiva. En cuanto al uso de los 300 mil millones de pesos que se recaudarían con este impuesto, el empresario sostuvo que estaría de acuerdo con que fueran destinados a la lucha contra el Covid 19, a salarios de médicos o a gastos de seguridad, pero no a YPF, porque al ser una empresa mixta, se beneficiaría a empresas privadas.

En el texto original del proyecto se establece que el 25% de lo obtenido iría a parar a programas de explotación y desarrollo del gas natural, de IESA (Integración Energética Argentina SA) e YPF.

En tanto, el titular de la UIA, Sergio Acevedo, de línea Urquía (son parientes), se comunicó el fin de semana con el titular de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), Jorge Chemes, para presentarle un documento con la “posición intermedia”. Ese documento estaba ayer bajo análisis de los ruralistas cordobeses y de la Unión Industrial de Córdoba (UIC). La idea de Acevedo sería una posición conjunta, incluyendo al Consejo Agroindustrial Argentino.