Que gobierne la Corte

Los constantes pedidos para la intervención de la Corte Suprema en cuestiones políticas demuestra la falta de voluntad democrática para negociar acuerdos positivos para todos.

Por Javier Boher
El caos político que sobrevino a la crisis de 2001 significó un cimbronazo para la clase dirigente. Ante la ingenua consigna de “que se hayan todos” el sistema respondió con algunos cambios que pretendían simular que los dirigentes habían tomado nota de la gravedad de los
hechos.
Una de las leyes aprobadas luego de aquel desastre político fue la ley de Acefalía Presidencial, que determina cómo se resolvería el ya no tan hipotético caso de una renuncia en cadena de todos los responsables para ocupar el poder ejecutivo nacional. Se completó y se
institucionalizó lo que existía hasta ese momento.
A partir de ese momento, la línea de sucesión presidencial establece que el orden de responsabilidades para ocupar una presidencia vacante recaería en el vicepresidente (Cristina
Fernández), el presidente provisional del Senado (Claudia Ledesma Abdala), el presidente de la Cámara de Diputados (Sergio Massa) y finalmente en el presidente de la Corte Suprema
(Carlos Rosenkrantz).
Pese a que la ley ubica al máximo responsable del Poder Judicial (o al menos al presidente de su máximo organismo) en el último lugar de la lista, en Argentina pareciera que fuera la Corte Suprema de Justicia de la Nación la que debiera gobernar como responsable de la conducción política.
Nuestro sistema republicano consagra la división de poderes atribuyendo distintas responsabilidades a cada rama. Mientras el ejecutivo tiene la misión de conducir y gestionar (fijando a su vez un rumbo deseado) el Poder legislativo es donde deben negociar oficialismo y oposición, tratando de alcanzar soluciones que dejen contentos, si no a todos, al menos a la mayoría.
El Poder Judicial no puede ser más que un árbitro ocasional. Cualquiera que guste de ver deportes sabe que allí donde un árbitro emerge como protagonista es porque el partido es muy malo. Idealmente el árbitro debería pasar lo más desapercibido posible.
Sin embargo, en este país la gente se la pasa pidiéndole al árbitro (que tampoco es de los más destacados) que se haga cargo de definir el reglamento cada vez que alguno toca la pelota.
Lo que dejan ver las acciones de ejecutivo y legislativo es una falta de liderazgo político y voluntad negociadora alarmante. Todos se comportan como chiquillos malcriados que quieren tener razón, cuando la política debería tratarse -siempre desde las máximas que alguna vez decidimos plasmar en acuerdos que nos dispusimos a respetar- en la voluntad democrática de encontrar soluciones que ayuden a alcanzar soluciones de suma positiva, es decir, donde todos ganen aunque sea algo.
En el afán de ir por disputas de suma cero -en las que uno gana a expensas de que el resto pierde- los manotazos para que interceda el árbitro se han convertido en moneda común. Como no saben, no pueden o no quieren negociar, la Corte debe intervenir para hacer lo que la política no está haciendo, señal inequívoca de que la democracia no está funcionando.
Sin pretender hacer una lista exhaustiva, a lo largo de la cuarentena, pandemia, parentemia (o como se llame a esta altura) se le ha pedido a la Corte Suprema que intervenga respecto a los siguientes temas:
Remoción de los jueces a cargo de la causa de los cuadernos
Protocolos de sesiones remotas
Restricciones para la circulación entre provincias
Recorte de la coparticipación a CABA
Espionaje ilegal
Vicentin
Esa breve lista refleja solo algunas de las cuestiones que han dividido a oficialismo y oposición, pero que podrían haberse resuelto de haber voluntad de negociar. Seguramente más adelante se agregarán otros temas, como el impuesto a las grandes fortunas.
La Corte Suprema, además, tiene un ojo puesto en la reforma de la justicia, que cambiaría el balance de poder hacia adentro de la corporación judicial. Seguramente tendrá algo para decir cuando llegue el momento.
El rotundo fracaso de la política demuestra que la Corte está cada vez más involucrada en temas cotidianos. Si todo es rosca, ocultismo, ventajismo o negociado, difícilmente disminuya el peso o la participación de la justicia (que se mantiene alejada del voto popular) en los temas cotidianos que deberían ser tratados por los representantes que sí son elegidos para hacerlo.
Resulta simpático imaginarse a los cinco jueces de la Corte compartiendo el sillón de Rivadavia para hacerse cargo de las responsabilidades de otros. Verlos allí sería antinatural, casi como ver al árbitro y a los jueces de línea haciendo paredes en reemplazo de los jugadores, porque estos prefieren quedarse parados para discutir. Una locura.