Federalismo: Caba se lleva 20% de los recursos

El Presidente anunció la creación de un fondo especial para las provincias, aunque no dio detalles; ayer envió al Senado un proyecto de ley para modificar el esquema de financiamiento de la policía de la Capital Federal. La Rosada ya hizo un “gesto” refinanciando deudas de Anses (Córdoba no está en el lote). En el Congreso está la iniciativa para generar 21 capitales alternas, más allá de la burocracia hacen falta recursos.

Por Gabriela Origlia 

En una semana ingresó al Congreso el primer proyecto de presupuesto de la administración de Alberto Fernández. Hubo, como siempre, negociaciones entre Nación y provincias para determinar las partidas que habrá para cada jurisdicción. Un primer gesto de la Rosada fue la decisión de refinanciar las deudas con Anses después de que el organismo les comenzara a retenerles coparticipación. Se los devolvió a cambio de una ley.

La más beneficiada con la decisión de frenar las retenciones -destinadas a cobrar los mutuos tomados por las provincias, una deuda que asciende, en total, $102.000 millones- fue Buenos Aires, porque el 31 de este mes le vencían $7583 millones; atrás vienen -con vencimientos el lunes próximo- la ciudad de Buenos Aires ($2291 millones), Chaco ($1731 millones), Entre Ríos ($1.694 millones), Tucumán ($1650 millones) y Mendoza ($1447 millones). Salvo Córdoba, Santa Fe y San Luis, todas las provincias recibieron créditos del Fondo de Garantías de Sustentabilidad.

El proyecto de presupuesto nacional prevé para Córdoba un monto de $373.724,5 millones, % 266.307 millones son para Seguridad Social. Las obras suman $9.508 millones, de los que la mayor parte es para la autovía a San Francisco. Hay $3.000 millones para el ProCreAr. El crecimiento respecto a este año es de 26%, por debajo de la inflación.

El presidente Alberto Fernández aseguró que en estos días presentará la creación de un fondo especial destinado a las provincias para la “obra pública de desarrollo”, como una forma de compensar el giro de dinero que hizo el Gobierno a la provincia de Buenos Aires con la quita de coparticipación porteña.

Tras la quita del 1,18 por ciento de coparticipación federal, ahora el Presidente envió al Senado un proyecto de ley para modificar el esquema de financiamiento de la policía de la Capital Federal. De aprobarse esta iniciativa, Horacio Rodríguez Larreta ya no recibiría de forma automática los fondos para costear el servicio de seguridad sino el gobierno porteño deberá sentarse negociar el monto, todos los años, con la Casa Rosada.

Fernández, hace unos días, dijo que le “llenaba de culpa” el contraste entre la opulencia porteña y el atraso que sufre el interior del país e insistió en que es objetivo de su gestión avanzar en resolverlo. A poco de asumir mandó el proyecto al Congreso para generar 21 capitales alternas a donde podrían trasladarse oficinas públicas hoy centralizadas en Caba.

Según datos del Ministerio de Economía del 2019, el Estado nacional administra recursos fiscales por 22% del PBI y el 20% de esos recursos nacionales se gastan en la Ciudad de Buenos Aires, donde vive el siete por ciento de la población. Un trabajo de la consultora Idesa indica que una parte se explica porque la burocracia que sostiene el Estado nacional está mayoritariamente localizada allí, pero la concentración se potencia porque con recursos nacionales se subsidian los servicios públicos que consumen los habitantes de CABA (electricidad, agua, gas, transporte) y se dan servicios que en el interior están a cargo de los niveles locales (justicia, seguridad).

Para la consultora el origen del problema es que la Nación acaparó el grueso de las potestades para cobrar impuestos y, de lo que recauda, una parte menor se distribuye de manera automática a las provincias. Más precisamente cobra impuestos a toda la población argentina por el equivalente al 24% del PBI y distribuye de manera automática solo 8% del PBI. Al 16% del PBI que se apropia, se le agrega que tiene el monopolio de la emisión de dinero. Al no estar federalizado el Banco Central, el gobierno nacional puede financiar los excesos de gasto con emisión monetaria. Esto es lo que le permite manejar los 22% del PBI de recursos fiscales que direcciona de manera desproporcionada en favor de la Capital.

En Caba se concentran recursos fiscales y poder de decisión generando magnetismo en el sector privado. La mejor infraestructura, los servicios subsidiados y la cercanía al poder inducen a las principales y más competitivas empresas del país a ubicar sus sedes administrativas allí. Aun cuando sus explotaciones están en el interior, como ocurre con las energéticas de la Patagonia, las alimenticias de la pampa húmeda y Cuyo y las mineras del norte. En el sector financiero esta lógica se potencia.