Docentes y familiares de presos preocupados por la cárcel

Maestros y profesores de los dos centros educativos que funcionan en el interior de la Unidad Penitenciaria de Río Cuarto hicieron pública su inquietud por el estado sanitario de los 800 internos. Ya hay más de 60 contagiados con coronavirus y debieron trasladar internos al Nuevo Hospital por los síntomas que presentaban. Familiares aseguran que no se están cumpliendo los protocolos sanitarios dentro de la cárcel.

Por Guillermo Geremía
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“¿Tiene conocimiento de la vulneración de derechos que se está haciendo?”. El interrogante fue lanzado con respeto pero con vehemencia. El receptor de la demanda fue el delegado del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos en el Centro Cívico de la Provincia en Río Cuarto. Gustavo Ávila fue quien se acercó a recibir el petitorio de un grupo de familiares de internos de la Unidad Penitenciaria 6. Las instalaciones del Servicio Penitenciario en la capital alterna es el lugar de mayor cantidad de contagios de covid-19 dentro del territorio provincial. Al coronavirus se le sumó el virus de la desinformación y el hermetismo que caracteriza al SPC cuando se trata de explicar lo que sucede muros adentro.

Mientras los epidemiólogos enviados por la Nación, para conocer de cerca la situación del brote en el sur de Córdoba, estaban en las oficinas gubernamentales; en el exterior de Centro Cívico del Bicentenario un grupo reducido -pero muy activo- de familiares de los internos hacían oír su reclamo a viva voz. “Los que no están infectados siguen conviviendo con aquellos que sí lo están. Queremos saber sobre nuestros seres queridos. Son delincuentes pero también son seres humanos, tienen derechos y queremos una respuesta. Estamos pidiendo que sean atendidos. Tampoco son animales para ponerles una inyección detrás de las rejas. Hay gente que está necesitando oxígeno y no se lo están dando”, aseguró María una de las manifestantes.

La cárcel de Río Cuarto debió admitir un brote en el Pabellón 8 tras la protesta de familiares de reclusos que interrumpió el tránsito frente a la Unidad Penitenciaria ubicada en el acceso sur de la ciudad. Tras ese reclamo de la semana pasada, reflejado en las páginas de Alfil Río Cuarto, las autoridades penitenciarias debieron admitir que había decenas de covid positivos entre los internos. Según fuentes extraoficiales de la penitenciaría, de los 80 alojados en el Pabellón 8, fueron confirmados hasta anoche 60 casos de coronavirus. De los cuales, 2 hombres fueron trasladados al Hospital San Antonio de Padua por los síntomas declarados. Igualmente otros 2 fueron trasladados al nosocomio público e internados con diagnósticos de neumonía pero sin ser portadores de covid-19. Tenían razón los familiares cuando denunciaron en la mañana del miércoles que había habido 4 traslados al Nuevo Hospital y que no había registro de ello en el centro asistencial público.

Gustavo Ávila, el abogado que representa en Río Cuarto al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, prometió a los familiares ocuparse de las demandas que dejaron por escrito. “No se están respetando los protocolos, no se le está dando el material necesario de higiene, ni siquiera alcohol en gel”, aseguró Cristian, otro de los familiares en diálogo con los periodistas. Los manifestantes denunciaron que el anuncio de instalación de una carpa sanitaria dentro de la cárcel no fue materializado. Desde el Servicio Penitenciario afirman que a ese lugar fueron llevadas las 16 personas que dieron negativo tras los hisopados realizados en el Pabellón 8. Los positivos están todos en el pabellón y los sanos fueron alojados en la instalación especial, aseguran las autoridades de la cárcel.

La credibilidad del SPC en Río Cuarto quedó seriamente afectada tras la renuncia del anterior jefe de la unidad 6. Desde de marzo la cárcel está vedada para el ingreso de los familiares para evitar que el virus ingresara. Sin embargo fue el contagio de 9 de los agentes penitenciarios el que hizo entrar el covid-19 tras las rejas. Las autoridades políticas nunca desmintieron las acusaciones de los familiares de los internos que  acusaron al renunciante director de haber participado de un encuentro social con otras tres integrantes del servicio en donde se produjeron los contagios de la mayoría del personal. Ahora la cárcel está a cargo de manera interina de Andrés Asiar, Jefe de Seguridad.

Carta abierta

“Quienes integramos la comunidad educativa en contextos de encierro, en las escuelas que funcionan dentro del Servicio Penitenciario N° 6, estamos conmovidos y preocupados por la situación sanitaria que atraviesan los y las estudiantes privados de libertad en el contexto de la pandemia COVID-19”, asegura el colectivo de docentes de la cárcel en una misiva que tomó estado público en el día de ayer. Las actividades educativas presenciales están suspendidas al igual que todo el ciclo lectivo con el agravante de que no hay posibilidades de establecer ningún tipo de estrategia a distancia. Tal es así que los educadores debieron apelar al proyecto “Tu escuela en la radio” para enviarles mensajes a los internos a través de emisoras de la ciudad.

“Creemos necesario que se informe a la comunidad sobre la situación real y se instrumenten los mecanismos necesarios para garantizar el efectivo cumplimiento del derecho a la salud y a la dignidad humana; derecho del que ningún sujeto debe ser despojado, ni aun habiendo perdido, transitoriamente, el derecho a la libertad”, aseguran los maestros y profesores que dan clases en el C.E.N.M.A. N° 73 “Dr. Arturo Jauretche” Anexo S.P. y en Santiago Arias de Cabrera Anexo 1, los dos establecimientos educacionales que funcionan de la cárcel de Río Cuarto.

Los educadores denuncian en la crítica misiva sobre la vulneración de los derechos constitucionales consagrados para quienes están privados de libertad, “ellos solamente no disponen de libertad, pero no deberían pagar con su salud, que equivale a su vida, y que por condiciones de hacinamiento que no permitan las acciones necesarias para el tratamiento de la enfermedad y este virus puede y siga propagándose al resto de los alojados”, advierten.

Ni a la protesta de los familiares de internos, ni tampoco a la carta abierta de los docentes, el Ministerio de Justicia de la Provincia de Córdoba, de quien depende el servicio penitenciario, ha salido a dar respuesta pública. Se comunicó a los medios que requirieron información sobre lo que sucede en el interior de la cárcel, que en su momento se expedirán a través de un parte de prensa escrito, que al cierre de esta edición todavía no se había producido.

“Así como el acceso a la educación es un derecho humano irrenunciable, las condiciones de salubridad también lo son. Por lo tanto, consideramos de suma importancia el rol del Estado en la garantía de su ejercicio efectivo, generando las acciones necesarias para su cumplimiento y el acompañamiento hacia una vida digna de todos los que habitan el Servicio Penitenciario Nº 6”, reclaman el colectivo de docentes. Sin nuevo jefe confirmado, con los familiares sin poder visitar a los internos desde marzo, con varios miembros del servicio penitenciario contagiados y la duda sobre si la pandemia llegó a otros pabellones, la unidad penitenciara de Río Cuarto se ha transformado como escribió el poeta Daniel Salzano, en “la cárcel de la pena”. Así son las cosas.