Arroyo se entusiasma con las “changas” y la ley del conocimiento duerme

El Ministro dijo que se nota una reactivación de la economía por ese indicador. En el Senado está en letargo el "Régimen de Promoción de Economía de Conocimiento" clave para un sector que genera empleo y exportaciones, dos elementos cruciales para la Argentina. En Córdoba están en juego 1.650 puestos que podrían perderse; además, no se generarían otros 38.000 hasta 2030.

Por Gabriela Origlia 

La actividad en la Argentina presenta datos complicados, para agosto las consultoras privadas estimaron caída de consumo, también se proyecta un incremento de la inflación y el empleo sigue sin reaccionar. Las idas y vueltas en la cuarentena por los rebrotes tampoco colaboran. Desde hace varios meses los economistas hablan del “rebote del gato muerto”: los indicadores saltan un poco, pero vuelven a caer.

En ese contexto el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, este fin de semana aseguró que ya comenzó a producirse un “rebote” de la economía y al respecto señaló que “en las últimas tres semanas hubo más changas y un poquito menos de gente en los comedores”. Mientras el funcionario se esperanza con ese indicador, el proyecto de ley que incluye modificaciones sustanciales en el “Régimen de Promoción de Economía de Conocimiento” (Ley 27.506), el cual tiene media sanción de Diputados desde el 26 de junio. Alcanza a un sector que tiene necesidad de mano de obra y chances de exportación, dos ítems claves para el país.

La Cámara de la Industria Argentina de Software (Cessi) y el Córdoba Technology Cluster vienen reclamando para que se complete el trámite. La ley fue publicada en el Boletín Oficial el 10 de junio de 2019 con aplicación a partir del 1 de enero de 2020 y hasta el 31 de diciembre de 2029. Sin embargo, el 20 de enero por resolución del Ministerio de Desarrollo Productivo se suspendió, en la práctica, su aplicación hasta tanto se emitieran nuevas normas.

Según la Cessi, de no sancionarse se perderán a nivel nacional 11.200 puestos de trabajo. En tanto, en Córdoba según dato del cluster están en juego 1.650. Además, no se generarían 340.000 nuevos empleos que estaban estimados en el texto para el período 2020-2030 (en Córdoba esa cifra sería 38.000).

En cuanto a facturación, el país perderá US$ 95 millones en exportaciones y $33.400 millones en facturación (para Córdoba los números son US$ 11 millones y $ 3.900 millones , respectivamente). Las entidades reclaman que se sancione y se aplique la ley lo antes posible para “poder cumplir con las metas” que como sector se fijaron para 2030.  “Asegurar la generación de puestos de trabajo genuinos y de calidad, el crecimiento de la industria tecnológica local cuyas aplicaciones repercuten positivamente en todos los sectores productivos y en la economía global de Argentina”, agrega.

Los cambios apuntan a limitar los beneficios para las empresas grandes y facilitar el acceso de Pymes e introduce estímulos regionales y de género. En la sesión en la que la aprobó Diputados el cordobés Pablo Carro afirmó: “Queremos que en 10 años se dupliquen los puestos de trabajo” y estimó que en una década podría haber un millón de puestos y la exportaciones podrían subir del 8% al 15% del total de operaciones argentinas.

Hasta ahí se llegó. En el Senado se perdió impulso. Los “Servicios Basados en el Conocimiento” exportaban US$ 2.167 millones en 2006 y subió hasta 2012, después se frenó hasta 2015 y volvió a subir hasta 2018 cuando llegó a US$6.570 millones, para caer otra vez en 2019 a US$6.088 millones.

Mientras en el Senado se espera, las empresas perdieron el beneficio de una tasa preferencial de impuesto a las Ganancias al no poder tomar a cuenta de ese tributo el pago de retenciones a la exportación de servicios a países con los que Argentina no tiene tratado de doble tributación (ambos podrían recuperarse si el nuevo texto se aprueba).

También cayó el 70% de descuento que gozaban en concepto de aportes patronales, que ya no podrán recuperar por los meses de vacío legislativo. Las principales perjudicadas son unas 500 compañías que estaban adheridas a la ley de Software; sobre todo firmas pequeñas.

Si la ley se aprueba sería más rápido el cálculo de desgravación previsional para grupos específicos (mujeres, doctorados, zonas marginales, LGTB) y, además, se daría el acceso de firmas que no alcanzaban el umbral de facturación que establecía la ley anterior y que ahora podrán ingresar si un “Comité Consultivo” se expide a favor sobre sus “aptitudes como productoras de servicios de conocimiento”.