Otra vez la coparticipación, otra vez la arbitrariedad

La nueva ley de reparto de impuestos entre Nación y provincias está pendiente desde la reforma constitucional del ’94. Hubo quienes leyeron en la decisión del Presidente de cambiar por decreto lo que recibe Caba como el punto de partida de su discusión. Lectura forzada porque el primer requisito es el acuerdo de todos los mandatarios.

Por Gabriela Origlia 

La ausencia de la firma de Juan Schiaretti entre los 19 gobernadores peronistas que salieron a apoyar la decisión del presidente Alberto Fernández de recortar la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires para resolver el reclamo de la Policía Bonaerense es el resultado de una confluencia de cuestiones electorales y económicas. Mientras más dependencia hay de los giros nacionales, menos chances de cuestionamientos. Viene siendo así a lo largo de la historia argentina, en la que la institucionalidad no es el factor dominante.

No faltó en la Casa Rosada algún funcionario que se preguntara cómo puede tomar esta actitud el Gobernador cordobés. Si los aspectos políticos electorales –votantes del peronismo local que no aceptarían el apoyo a temas como este, al igual que a la idea de estatizar Vicentin o avalar la reforma judicial- no fueran suficientes para interpretarlo, también los números de giros nacionales demuestran que no hay un “rescate” del distrito cómo sí existe de Buenos Aires

Como ya se publicó en este mismo espacio la provincia que gobierna Axel Kicillof fue la única ganadora en las transferencias nacionales totales de Nación en los primeros siete meses en comparación al mismo período de 2019. Córdoba, en cambio, fue la que más perdió. El 15% en términos reales.

La ciudad de Buenos Aires, Neuquén, Buenos Aires, Mendoza, Chubut y Córdoba son los distrito que generan 40% o más de los recursos totales que gestionan, en el resto la dependencia de la Nación es más alta (Formosa lidera ese grupo, sólo el siete por ciento de sus recursos son propios). No sólo se da esta situación en tiempos de pandemia –cuando se agudizó- sino históricamente.

Ese esquema de dependencia incide en todas las decisiones. La distribución de la coparticipación existente no premia ni castiga. Por supuesto, es una forma de quitar incentivos al control del gasto público improductivo y al ordenamiento de las cuentas públicas. Si a eso se le agrega un incremento en las transferencias por fuera de la copaticipación que se gestionan de manera discrecional, el menú es completo.

La discusión por el reparto de los fondos fue uno de los primeros planteos que el Presidente le hizo a Horacio Rodríguez Larreta apenas asumió. En marzo, una auditoría encargada a la secretaria de Relaciones con la Provincia y exministra de Economía bonaerense, Silvina Batakis, concluyó que los costos asociados a la transferencia de las competencias de seguridad a la Ciudad equivalen al 0,92% de los recursos coparticipables, arriba de los 2,35 puntos porcentuales extra que Mauricio Macri le otorgó a Larreta. Esa es la fundamentación de la decisión de Fernández.

Pero no sólo la forma en que se tomó la decisión es incompatible con la institucionalidad, sino que esos recursos no fueron a la bolsa común de coparticipación de donde habían salido. Pasaron directamente a un distrito, Buenos Aires. Si mañana La Rioja tuviera problemas para pagar salarios docentes, ¿podría el Presidente quitarle un cuarto de punto de coparticipación a San Juan para resolverlo?

Veinte años de demora lleva la sanción de una nueva ley de coparticipación. Generarla era uno de los mandatos de la reforma constitucional del ’94. La que rige dato del ’88, cuando Buenos Aires perdió seis puntos de coparticipación y La Rioja, uno. La Rioja viene reclamando desde entonces y la respuesta siempre son fondos compensatorios que no alcanzan a cubrir los $18000 millones a los que equivale ese punto.

Entender que quitar (o dar como hizo Macri) por decreto puntos de coparticipación es la forma de acelera la discusión de una nueva ley pareciera, al menos, ingenuo. El primer punto que exige la nueva norma es el acuerdo entre todos los gobernadores y el Presidente. No pareciera un buen primer paso enojar a unos comensales antes de servir el almuerzo.