Llaryora prepara grandes cambios en fiscalización y control

El Palacio 6 de Julio estaría próximo a cambiar radicalmente los mecanismos de fiscalización y control. La idea, además de eficientizar los procesos, sería terminar con los “negocios” de algunos inspectores. Se espera que exista resistencia del Suoem, que perdería poder con los cambios.

Por Felipe Osman

La gestión que Martín Llaryora lleva adelante en la capital cordobesa, más allá de sus aciertos y errores, ya ha probado algo: vino a gobernar. A llevar adelante cambios profundos, cuando los entienda necesarios, a pesar de la resistencia que a esos cambios planteen el Suoem y los diferentes grupos de interés. El anunciado fin de cogobierno.
No cuesta más que revisar el pasado inmediato para dar cuenta de esto.
Y en ese mismo tono, el Ejecutivo prepara ahora un nuevo avance, en este caso sobre los distintos mecanismos de control del municipio.
Según pudo saber Alfil, el diseño de este plan -que habría estado a cargo de una consultora- prevé amplios cambios en los mecanismos de habilitación y control de negocios, pero resulta altamente probable que las transformaciones vayan más allá de la Subsecretaría de Fiscalización y Control y las direcciones de Habilitaciones y Espectáculos Públicos y terminen trasponiendo incluso los límites de la Secretaría de Gobierno.
Si bien aún la información es preliminar, los principales objetivos de estos cambios serían eficientizar los interminables procesos que los privados deben atravesar a la hora de requerir la habilitación de un local, agilizar los mecanismos de contralor y, sobre todo, crear procedimientos más seguros que no den lugar a “negocios” por parte de quienes detentan las facultades de control. Léase, los inspectores.
El cómo es aún una incógnita, pero implicaría no sólo cambios en la orgánica del Municipio -ya que bajo los protocolos actuales demasiadas oficinas toman parte en estos asuntos- sino también, y fundamentalmente, cambios en las funciones que desempeñan distintos agentes. A partir de allí, se espera, justificará el sindicato una resistencia a la que, en rigor, pueden encontrarse mejores explicaciones.
Un ejemplo: actualmente un emprendedor que quiere habilitar un local de cualquier tipo debe atravesar un tortuoso proceso de habilitación y pasar por demasiadas ventanillas antes de conseguirla. El nuevo mecanismo estudia la posibilidad de que el interesado realice el trámite de manera completamente virtual llenando una declaración jurada. A partir de allí, la habilitación se concedería automáticamente al mismo tiempo que se libraría una orden para que agentes del municipio realicen un control del establecimiento a los fines de constatar el cumplimiento de los requisitos establecidos. Todo el discurrir por un sinfín de ventanillas -con los “riesgos” que eso entraña- quedaría en el pasado.
Además, los inspectores serían asignados a distintos CPC, y rotarían cada tanto, para evitar que se “aquerencien” en algún sector de la ciudad. Y los procesos de inspección quedarían completamente escindidos del manejo de los expedientes, lo cual imposibilitaría (o dificultaría en gran medida) que un inspector pudiera demandar dádivas al administrador de un local para evitar clausuras, agilizar su levantamiento o eludir la imposición de una multa.
Ahora bien, todas estas modificaciones serán seguramente resistidas tanto por los inspectores/empleados de las áreas aludidas como por el sindicato. En el primer caso, el por qué merece una explicación tan obvia que resulta innecesaria. En el segundo, porque la pérdida de competencias de los inspectores redundaría indefectiblemente en una importante pérdida de poder para el Suoem.
Un baqueano en estos asuntos explicó, por ejemplo, que la enorme mayoría de locales de distinto tipo está incorrectamente habilitado. Que casi todos, llegado el caso, incumplen con algún aspecto aún menor de la normativa. Los inspectores lo saben. Ellos hicieron esas habilitaciones o tienen al menos la información necesaria para saberlo porque acceden a los expedientes. Y ante un conflicto con el Palacio 6 de Julio bien pueden presionar saliendo a hacer clausuras masivas de esos comercios. Es un elemento de presión importante que podría quedar parcial o completamente desactivado.
En las próximas semanas habría novedades importantes de esta iniciativa, si el Ejecutivo se decidiera a implementarla.
Implicaría un cambio profundo. Radical. No exento de múltiples dificultades. Y, de seguro, condenado a vencer la resistencia de distintos sectores.
Algo que esta gestión, por lo que hasta ahora ha mostrado, podría llevar a buen puerto.