Picos de contagios en barrios cerrados de Río Cuarto

Esto quedó en evidencia en el debate de ayer del Concejo Deliberante. En la sesión hubo fuertes duelos verbales por la adhesión de la ciudad al régimen provincial de severas sanciones económicas por multas a los que violan normas de prevención contra el covid-19.

Por Gabriel Marclé

Concejales Armando Chiappe y Martín Carranza.

El Concejo Deliberante riocuartense adhirió al régimen sancionatorio sanitario excepcional impulsado desde el Gobierno de Córdoba. La ley 10.702 fue aprobada a fines de julio por la Unicameral provincial, pero hasta el día de hoy el legislativo municipal no había oficializado su incorporación a las ordenanzas locales. De esta manera, Río Cuarto oficializa el acompañamiento a la medida que prevé fomentar los cuidados sanitarios a través de la aplicación de fuertes multas a quienes incumplan las medidas preventivas.

Claro que el proyecto no iba a pasar por el recinto sin hacer ruido. La sesión del jueves estuvo cargada de tensión y reproches, con cruces que marcaron el tono de la crítica situación epidemiológica que atraviesa la región. La adhesión fue aprobada con el voto solitario de la bancada oficialista, atravesada por los cruces que propuso la postura crítica de los bloques opositores. Los concejales se sacaron chispas, avivando las rivalidades más propias del escenario electoral que de la crisis sanitaria.

El principal punto de tensión llegó por el lado del bloque de Cambiemos, desde donde apuntaron al carácter “recaudatorio” de esta ley que establece -por ejemplo- multas de entre $ 10.000 y $ 100.000 a quienes incumplan la prohibición de reuniones familiares. Los concejales de la bancada opositora expresaron que “no es momento de perseguir ciudadanos y de buscar recaudar”.

“Más que perseguir, hay que seguir educando. Todos somos conscientes y tratamos de cumplir con las medidas lo más que podemos, pero no debemos ser señalados como culpables por estar contagiados”, señaló el edil Martin Carranza durante su encendida alocución. El referente del bloque radical le dedicó varios minutos a criticar con dureza la forma en que el Ejecutivo municipal le viene haciendo frente a la crisis.

“Pareciera que la única responsable es la gente, no hay una autocrítica del Estado para confesar que los desbordó la situación. Tuvieron cinco meses para preparar al sistema privado, ¿no pudieron planificar que los contagiados podían saturar las clínicas?”, añadió el concejal, apuntando directamente al rol del intendente Llamosas.

Las palabras de Carranza generaron una rápida respuesta por parte del bloque oficialista. Fue el concejal Armando Chiappe quien se encargó de replicarle cada intervención a su colega opositor. “Llama la atención que por un lado se pide la intervención del Estado y por el otro se la invalida. Nosotros no le echamos la culpa a la gente, lo que hacemos es empoderarlos comunicando que hay que cumplir con las reglas para no contagiarse”, indicó el edil peronista en referencia a la negativa reacción de la oposición.

La fricción entre las posturas de ambos concejales se explica desde la definición punitiva del régimen. Lo que para unos es castigo y persecución, para otros es cuidado y educación. Puede pensarse que el elemento recaudatorio de esta ley termine siendo un aliciente para las agotadas arcas provinciales, levantando sospechas sobre el objetivo real de esta herramienta. Pero podría serlo fuera de un contexto sanitario como el actual, donde no existiera el crecimiento de casos ni se observara la caída del compromiso social y el marcado incumplimiento de las normas preventivas. En ese sentido, las multas se alejan del valor económico para centrarse en el costado sanitario.

A destiempo

La estocada más certera del bloque opositor vino del lado de las contradicciones entre la adhesión a la actualidad provincial. “El mismo gobernador pide autorización para que vuelvan las reuniones familiares y nosotros adherimos a una ley que multa a quienes las realicen”, indicó el concejal Carranza.

El mensaje optimista del Gobierno cordobés puede provocar que la adhesión al régimen sancionatorio pierda contundencia. El anuncio referido a las reuniones familiares llegó a destiempo, como si se tratara de otra etapa de la pandemia. Mientras Schiaretti decide dar un paso adelante en la flexibilización, Río Cuarto se enfoca en el factor punitivo de estos encuentros. Quizá esto se deba al complicado panorama que afronta la ciudad, cerca de los mil contagios y con un sistema sanitario que amenaza con colapsar.

Justamente, la capacidad de atención médica también se metió de lleno en el debate parlamentario, principalmente por las críticas que el bloque de Cambiemos realizó hacia la planificación de la gestión municipal y la resistencia a declarar un estado de crisis urgente. A pesar del record de 133 casos en un día, aun no se habla de transmisión comunitaria.

“El oficialismo tiene que reconocer que tenemos un brote descomunal como no se ha visto en la provincia. Parece que lo único que se hizo en todo este tiempo es comprar unos colchones para poner en la Rural, porque para lo demás no se hizo absolutamente nada”, lanzó Carranza, como una bomba incendiaria que resultó en una bancada oficialista ofendida.

“Me parece una falta de respeto que se diga que en cinco meses no se hizo nada. Es una falta de respeto a todos los que pusieron el cuerpo a esta lucha y que hace cinco meses no duermen para mantener a la ciudad preparada para hacerle frente a una pandemia mundial”, le contestó Chiappe al concejal radical, en lo que fue uno de los duelos más tensos de la última sesión parlamentaria.

La postura antagonista del bloque opositor presenta ciertos rasgos contradictorios con las acciones del pasado, principalmente hacia el final de la primera etapa de la pandemia, cuando algunos de sus referentes fomentaron la salida de la cuarentena en términos poco sanitarios. Incluso se recuerda la fotografía en la que se observaba al candidato de su espacio, Gabriel Abrile, flameando la bandera nacional con un pedido de “libertad” que se acercaba a la estirpe “anti-cuarentena”. Por esta razón, cuesta mucho conmoverse con los argumentos que hablan de persecución mientras se soslaya la peligrosa falta de compromiso de algunos sectores.

La barrera de mil contagios próximamente será superada, pero poco se dice de las zonas en las que el descompromiso llevó a la multiplicación de casos. “Al mayor brote lo tenemos en los barrios cerrados, donde se realizan reuniones masivas sin ninguna precaución. Son aquellos que piden por libertad, los anti cuarentena, y a ellos se busca apuntar con esta adhesión”, afirmó la concejala oficialista Estela Concordano durante su exposición.

Se habla aquí de los barrios cerrados o “countries” en donde se produjo gran parte del total de positivos registrados en las últimas semanas. Al menos así lo reflejan los datos de trazabilidad que llevan desde la Municipalidad. Por más que el virus circule en los lugares de trabajo, los contagios múltiples surgen de los encuentros sociales que escapan a los controles y tienen entre sus asistentes a personajes de renombre en el escenario local. ¿Qué debe hacerse con estos sectores que ponen su privacidad y libertad por sobre el cuidado de la comunidad?

Quizá sea momento de entender que las disputas políticas puede resultar atemporales e innecesarias cuando lo que se pone en riesgo es la salud de la población. Mientras las autoridades se resisten a considerar una vuelta de fase, cualquier restricción o pena llega como herramienta útil para elevar un poco más el grado de conciencia en una sociedad que ha respondido con relajación y desinterés a una problemática cada vez más terrenal y dañina.