El Congreso, en terapia

Los tironeos entre oficialismo y oposición por recuperar las sesiones presenciales deja al desnudo un mecanismo de gobierno rayano con lo antidemocrático.

Por Javier Boher
La pandemia ha sido la mejor excusa que han encontrado los gobiernos demofóbicos alrededor del mundo para clausurar las instituciones republicanas. Bajo la premisa del riesgo sanitario, todos han sabido esconder la pelota cuando el juego está parejo.
La idea de que había que aplanar la curva fue explotada al máximo para estirar el estado de excepción -que se impuso a base de excepciones a la norma de dudosa calidad- que fungió como contexto propicio para imponer los más variados delirios.
En estos cinco meses, no solamente no lograron aplanar la curva, sino que además comprometieron el funcionamiento del sistema democrático. Si hoy este se mantiene en pie a duras penas, es por la actitud institucionalista de la oposición y la voluntad reclamativa de la gente.
A lo largo de la cuarentena hemos visto numerosos episodios cuestionables, que si no eran una violación explícita a las normas de funcionamiento legislativo, sí pueden catalogarse como una afrenta al buen gusto, el respeto y las tradiciones de cada cámara.
Además del cine doméstico que se armó Sergio Massa para ver películas y reciales casi en 360° (típico gasto superfluo del que siempre vivió del estado) lo podemos recordar por no dar a lugar a las palabras de algunos diputados o por habilitar el tratamiento de temas exceptuados por el acuerdo de los distintos bloques. Lo mismo -pero con mucha más prepotencia- lo pudimos ver en el Senado, donde además pasó el absurdo de que se modifique el texto de un proyecto con dictamen bajo pretexto de que la oposición igual no lo iba a votar. Demencial.
Ahora el conflicto en diputados reside en la prescripción -o no- del protocolo de reuniones remotas. Mientras el oficialismo entiende que puede extenderlo a su gusto (como se han extendido los superpoderes al presidente y de éste al Jefe de Gabinete) con el acuerdo de la mayoría de los bloques, la oposición considera que el acuerdo está vencido y se debe sesionar de manera presencial, ya que solamente la comisión de labor parlamentaria en pleno puede así determinarlo.
El riesgo (que muchos prefieren minimizar) es que se fragmente el Congreso, con oficialismo y oposición rechazando la legitimidad de los actos de su contraparte. Esto es de una gravedad inusitada, porque no existe democracia sin un parlamento en el que se discutan las leyes. El legislativo no puede ser un espacio que sólo sirva para pagar favores o lealtades políticas, tiene que ser el corazón del sistema.
La insólita situación encuentra al bloque de Juntos por el Cambio dispuesto a asistir al recinto, mientras el presidente de la cámara, Sergio Massa, recurre a todas las triquiñuelas posibles para evitar que eso suceda. La democracia está en las manos de un prestidigitador, que encontrará la manera de hacer ver algo que no es.
Si la angustia por la situación económica o el aislamiento de los seres queridos ocupa el centro de reflexión de las personas, la política y el funcionamiento institucional no deberían estar ausentes de los cálculos a futuro, atento a que los dos primeros van de la mano de estos últimos.
Aunque la mayoría de la gente prefiera ignorar esas cuestiones, tarde o temprano salen a la superficie, cuando el hartazgo de la sociedad brota de modo intempestivo, lejos de los cálculos de los politicos.
Bien al comienzo de la cuarentena todos destacaban la determinación del presidente para conducir en la incertidumbre. Hoy la incertidumbre es la norma y la imagen del presidente como conductor se ha vuelto un tanto difusa, no solo por su accionar, sino también por el manoseo que se ha llevado adelante con el poder legislativo.
Si se concretara la fractura del Congreso, Fernández pasaría a ser sólamente una fachada de un poder que habría tomado a las instituciones por asalto desde dentro del gobierno. Así, los fundamentalistas habrían apartado al resto de los miembros de la coalición que ganó las elecciones para imponer -bajo un manto ficticio de institucionalidad republicana- una agenda sectaria en baneficio de los amigos y la impunidad.